Luego de las dos semanas de receso, el Senado retomará este miércoles en comisión el debate por la fórmula de movilidad jubilatoria. A pocas horas del reinicio de la discusión, el presidente Javier Milei envió una contrapropuesta a la oposición dialoguista, poniendo límites a su generosidad con los jubilados. De acuerdo a lo conversado por sus enviados con los senadores, acepta la fórmula enganche que reconoció la inflación "olvidada" de enero, pero no acepta ni elevar el piso al 1,09% de la canasta básica, ni la actualización anual por salarios, ni reconocer la deuda con las cajas previsionales de las provincias. Tres ítems incluidos en lo aprobado en Diputados.
La propuesta tiene una historia especial porque originalmente la impulsó la oposición dialoguista, que consiguió la media sanción en una sesión especial a principios de junio, generando la ira del presidente Javier Milei. "Degenerados fiscales", les dedicó, además de adelantarles que "les voy a vetar todo, me importa tres carajos". Cuando el trámite pasó a la Cámara alta, fue la misma oposición dialoguista, en acuerdo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la que pisó el freno. Evitó el tratamiento en el recinto que empujaban desde Unión por la Patria, pateando la discusión para después de las vacaciones.
El parate concluyó y este miércoles un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomará la propuesta que inquieta a Milei y a su ministro Luis Caputo, nerviosos por todo lo que perturbe su meta de déficit cero. En realidad, no hay plata para jubilados, educación, transporte, salud, obras públicas y ayuda social, pero la billetera está abierta para los renacidos servicios de inteligencia que consiguieron de un día para el otro 100 mil millones de pesos para gastos reservados. Prioridades son prioridades. En cambio, respecto a la actualización de las jubilaciones, Milei adelantó su disposición a vetar todo lo que atenta contra su meta fiscal. En los primeros seis meses de 2024, de cada 100 pesos ajustados, más de un cuarto -28,9 pesos- correspondió a jubilaciones, el sector que más sufrió la poda.
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Los habituales delegados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, son su segundo, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, los mismos que negociaron la ley Bases. Este martes ambos funcionarios volvieron al Congreso para reunirse con Villarruel y algunos senadores dialoguistas. Tenían una buena noticia: el Ejecutivo aceptaba incorporar el 8,1% que les habían quitado a los jubilados en enero, dado que la inflación de ese mes fue del 20,6% y el Gobierno les aumentó luego por decreto un 12,5%. También, obviamente, que se continúe ajustando mensualmente según el Indice de Precios al Consumidor (IPC), que Caputo quiere llevar a cero para fin de año.
Pero hasta ahí llegó el amor. Otras disposiciones incluidas por la oposición dialoguista en el proyecto aprobado en Diputados que enfurecieron a Milei, no entran en la consideración oficial. Por ejemplo, la garantía de un haber mínimo que se equipare al 1,1 del valor de la Canasta Básica Total. Para junio, esa canasta fue de 282.579 pesos mientras que la jubilación mínima apenas llega al 225.454 pesos, aunque se cobra con un bono adicional de 70 mil pesos. El Gobierno tampoco está dispuesto a aceptar que haya un ajuste anual extra de las jubilaciones calculado del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC.
La expectativa es que si el Gobierno consigue bajar la inflación, los salarios se recuperen más rápido para compensar lo pérdido en los últimos tiempos. El proyecto busca sumar a los jubilados a ese hipotética recuperación, pero el Gobierno no está de acuerdo. Lo mismo con otro de los puntos incluidos por la oposición dialoguista, referido a resarcir a las 13 provincias que no transfirieron a la Nación sus cajas jubilatorias. Una preocupación de varios gobernadores, como el caso del cordobés Martín Llaryora. Este miércoles, temprano, los senadores radicales se reunirán para discutir cómo se posicionan frente a la propuesta del oficialismo.
El debate arrancará a las 14 con la presencia del titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La idea del Gobierno es que se firme el dictamen recién la semana que viene y que llegue al recinto el miércoles 14 o el jueves 15 de agosto. Si se aprueba con las modificaciones que proponen, deberá volver a Diputados, donde la iniciativa fue aprobada por los dos tercios de los legisladores, que podrían insistir con la propuesta original. Sería un desafío a la amenaza de veto planteado por Milei.
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