La semana que viene el Senado entrará en receso invernal, pero para los próximos días están previstas reuniones de comisión y una discusión abierta en temas de polémica segura: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la discusión de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Respecto a la movilidad, que ya tiene media sanción de Diputados, el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron postergarla para llegar a un acuerdo y evitar el veto presidencial. Sobre el pliego de los jueces, se mantiene el misterio respecto a la posición de la bancada de Unión por la Patria, con poder decisivo respecto a cualquier candidato.
En una rápida jugada, la oposición dialoguista bloqueó la posibilidad de que la movilidad jubilatoria se trate sobre tablas en la última sesión, como pretendía el bloque de Unión por la Patria. Llamativamente, la propuesta se votó en Diputados a propuesta de las bancadas de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, pero en la Cámara alta decidieron darle al Gobierno la posibilidad de negociar. Enojado luego de la media sanción en Diputados, el presidente Javier Milei avisó que pensaba vetar la ley y llamó "degenerados fiscales" a los 160 legisladores que la aprobaron.
A diferencia de la propuesta oficial, la que ya cuenta con media sanción reconoce el porcentaje de inflación perdida por las jubilaciones en enero, incorpora una aumento adicional anual extra según el índice Ripte de variación salarial e incorpora la cancelación dentro de un plazo de seis meses de las deudas del Ejecutivo con las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas y de los juicios de jubilados con sentencia firme. Se trata de cifras millonarias que el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene entre sus prioridades saldar. Más bien lo contrario: la única prioridad es el déficit cero.
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a su vice José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, vienen explorando alternativas que resulten digeribles a Milei y a Caputo. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el impacto con la nueva fórmula de movilidad sería del 0,4% del PBI, pero en el Ejecutivo aseguran que con la actualización anual con el Ripte esa suma se acrecentará mucho en los próximos años. Parte de la oposición dialoguista coincide con esta visión, por eso se mostró dipuesta a abrir una negociación y estirar la firma del dictamen a fines de agosto, con el perjuicio que eso significaría para los jubilados. El oficialismo insiste que el proyecto debería incluir su fuente de financiamiento.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio, con asistencia perfecta para la firma del Acuerdo de Mayo, tendrán seguramente algún rol que jugar, dado que algunos de ellos están afectados por las deudas con las cajas previsionales. En la Casa Rosada buscan correrlos con el argumento de que algunos de ellos recibieron durante el último año partidas por encima de lo que correspondía. En este gobierno los gobernadores siempre llevan las de perder.
Una negociación más reservada es la relacionada con los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla como candidatos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. Lijo, un juez de una trayectoria con muchos claroscuros y hermano de un conocido operador judicial, recibió 328 impugnaciones, en tanto que García Mansilla -decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y contrario al aborto- sumó 110 impugnaciones. Sin embargo, desde el bloque de Unión por la Patria, que cuenta con 33 integrantes, nadie adelantó opinión y corren versiones acerca de que podrían votarlos, en especial al juez. La lógica de semejante posición sería que Lijo es un juez con el que "se puede dialogar".
"Que Clarín y La Nación estén criticando a Lijo es como que le otorguen una medalla", sostuvo días atrás el senador Oscar Parrilli, quien suele replicar el pensamiento de Cristina Kirchner, con mucho ascendiente sobre el interbloque de UP. Con todo, Parrilli -lo mismo que José Mayans y Mariano Recalde, que hablaron esta semana- sostuvo que el tema todavía no se había discutido dentro del bloque. Llamativamente, Luis Juez -que preside el bloque PRO, aliado al oficialismo- adelantó que le dijo a Milei que no votaría por Lijo.
Son necesarios 48 votos para la aprobación de los pliegos. Según trascendió, esta semana serían publicados los edictos convocando a las audiencias públicas en la que los candidatos deberán defender sus postulaciones en la comisión de Acuerdo, probablemente en los primeros días de agosto. En el Ejecutivo vienen insistiendo que deben votarse "los dos candidatos o ninguno", como si se tratara de un paquete cerrado.
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