Los juicios contra la Argentina en tribunales internacionales suman un nuevo capítulo a su abundante historia y el primero en la era de Javier Milei como presidente. Un grupo de fondos buitre presentó esta semana una demanda por un tema que no es nuevo: el Cupón PBI. Se trata de una cláusula que tenían los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 de un pago extra si el PBI crecía por encima del 3%. Ya hay varios juicios por este tema en Estado Unidos y en Gran Bretaña, donde fondos buitre quieren ese sobrepago mientras la Argentina alega que no creció por encima del porcentaje establecido. Ahora se sumó uno más, donde los demandantes reclaman 1.000 millones de dólares pero calculan que si se suman otros bonistas la cifra trepa a entre 5.000 y 6.000 millones de dólares.
Estos fondos buitre compraron bonos que tenían una cláusula gatillo que se disparaba si el crecimiento del PBI superaba el 3%. Para ese cálculo la cuestión clave es qué año se toma de base. En los varios reclamos internacionales que hay por el tema los fondos buitre quieren que se tome 1993 como base para los cálculos de crecimiento del PBI tal como se hacia hasta entrado el siglo XXI. Pero en 2013 la Argentina cumplió las recomendaciones de varios organismos internacionales que indicaban que debía actualizar ese año base cada 10 años (hay incluso especialistas que dicen que debe ser cada 5 años) para tener estadísticas oficiales más fidedignas. Con CFK en la presidencia y Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, el año base pasó a 2004. Eso hizo que creciera el PBI de base y, por ende, se achicaran los números de crecimiento de los años posteriores.
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Esa actualización en las estadísticas oficiales, que pasaron de 20 años de atraso a 10 años, tuvo una repercusión: que los bonos atados al Cupón PBI no tuvieran que pagar ese extra ya que al medir el crecimiento del PBI con el nuevo año base no superaba el 3%. Con un dato no menor: una vez que asumió Mauricio Macri en 2015 ninguno de sus ministros de Economía cambió esa forma de contar. Ni siquiera el reasumido Luis Caputo. Y el caso denunciado el miércoles pasado involucra años como 2017 y 2018, donde la gestión macrista utilizó el mismo parámetro que dejaron CFK y Kicillof, al los que tanto critican.
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Los fondos buitre que presentaron esta nueva demanda son Aurelius Capital Master (que es la tercera vez que demanda a la Argentina por el Cupón PBI), Aurelius Opportunities Fund, 683 Capital Partners, Adona, Egoz I, Egoz II, Mastergen, Erythrina, AP 2016 1, AP 2014 3A, AP 2014 2, WASO Holding Corporation,Two Seas Global (Master) Fund y Virtual Emerald International junto con The Bank of New York Mellon. Reclaman que tenía que activarse el Cupón PBI en 2015, 2017, 2018, 2021 y 2022 y dicen que les corresponden más de 1.000 millones de dólares. Calculan que si otros bonistas se suman a su reclamo el número asciende a entre 5.000 y 6.000 millones de dólares.
Hasta el 9 de diciembre la defensa argentina fue comandada desde la Procuración del Tesoro por Carlos Zannini y el subprocurador Sebastián Soler. Ahora el tema ya le atañe a Rodolfo Barra, que deberá definir si continúa con el rol de procurador del Tesoro, que es defender a la Argentina, o elige otro camino. Lo coherente con el cargo sería continuar el legado que recibe; lo práctico también, ya que si Milei dice que "no hay plata" tampoco debería haber para un pago extra a los fondos buitre que, al parecer, quieren aprovechar que el gobierno está recién llegado y desconoce aún los pormenores de estos expedientes que son más que complejos.
Esta nueva demanda estará ligada a lo que la jueza Loretta Preska defina en el juicio anterior también iniciado por el fondo buitre Aurelius en 2019. En 2021 Preska rechazó el pedido de desestimación de la Argentina, dio lugar a la demanda de Aurelius y desde entonces comenzó el juicio. Es un tema abierto, pero la propia Preska ya dijo que los contratos de los bonos con Cupón PBI se rigen por las estadísticas oficiales lo que, en principio, le daría la razón a la Argentina.
En abril pasado la Argentina tuvo un fallo desfavorable vinculado al Cupón PBI. Fue en el Tribunal Superior de Londres, que sentenció al país a pagar 1.330 millones de euros por el incumplimiento de pagos atados al crecimiento económico en los canjes de 2005 y 2010. Los beneficiarios fueron los fondos buitre Palladian Partners, HBK Master Fund, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group. Litigaron en Gran Bretaña porque son bonos bajo legislación inglesa. La Argentina presentó su intención de apelar, pero falta que la segunda instancia inglesa acepte ese pedido. Quedará también para la gestión Barra.
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