A tan sólo seis meses de haber asumido, el Gobierno de Javier Milei se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió el protocolo antipiquetes de “mantenimiento del orden público” e insistió con su política de mano dura a partir de la de estigmatización y criminalización de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, así como de la protesta y del cercenamiento de la libertad de expresión. Todo ello, bajo el paraguas que, a su entender, les da el haber resultado electos. Desde los organismos internacionales resaltaron que la protesta “es una herramienta democrática vital”, hicieron un llamado al diálogo entre sociedad civil y el Ejecutivo y propusieron una visita para monitorear la situación.
“Por supuesto que el Estado argentino está dispuesto a recibirlos. Vengan y participen de algunas de esas manifestaciones violentas donde se está tratando de impedir que funcione algunos de los poderes del Estado para ver si está garantizada o no la libertad de expresión, la integridad física de los periodistas, cumpliendo con su real función de comunicación, no con otra intención”, fue la respuesta del secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Julio Baños, a uno de los relatores especiales de la CIDH durante la audiencia que se llevó a cabo en la tarde de este jueves.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Esa misma fue la línea que el Estado argentino presentó en defensa del protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad en la resolución 943, vigente desde el 14 de diciembre pasado –pese a que va en contra de los estándares interamericanos-; así como contra las denuncias de estigmatización, persecución y criminalización de la protesta que llevaron adelante distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Mientras sucedía la audiencia, el relato del Gobierno nacional fue puesto bajo cuestionamiento por la Justicia, que dictaminó la libertad de otras dos personas de las cuatro que quedaban detenidas tras las manifestaciones del 12 de junio pasado, en contra de la Ley Bases. Aquel día fueron detenidas, en total, 33 personas a las que -con la venia del fiscal federal Carlos Stornelli- se las acusó de "sedición" y "terrorismo".
La audiencia ante los organismos internacionales fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), RedCom y la agrupación HIJOS. En representación de cada una de ellas, estuvieron, respectivamente: Paula Litvachky, Yamile Socolovsky, Angel Borello, Matías Aufieri, Carla Gaudensi y Carlos Pissoni (HIJOS).
En representación del Estado, en tanto, además del ex juez Baños –conocido por sus simpatías con las fuerzas de seguridad- por el Ministerio de Justicia, habló el director nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig. Junto con ellos participaron asesores legales de cada cartera, de la representación argentina ante la OEA y representantes de la Cancillería argentina.
MÁS INFO
La posición del Gobierno
El primero en hablar en defensa de la represión fue Fohrig, del Ministerio de Seguridad de la Argentina. En su presentación de unos diez minutos –imposibles de reproducir en este texto en su totalidad-, el funcionario nacional desconoció la historia de las protestas a lo largo de la historia argentina, presentó una versión distorsionada de los hechos y hasta llegó a equiparar las manifestaciones en defensa de derechos con alzamientos militares.
En esa línea, sobre el protocolo “antipiquetes” sostuvo que, a partir de él se trata de “remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino, que se ha agravado en las últimas dos décadas”. Esa “deficiencia”, sostuvo, “tiene que ver con alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de la violencia”. Fue en ese momento, que puso en pie de igualdad distintos hechos que ocurrieron desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Equiparó los alzamientos militares de los Carapintadas de 1989, con las protestas durante la crisis política e institucional de 2001, las manifestaciones contra la reforma previsional de 2017 y las últimas contra la Ley Bases, el 12 de junio de 2024.
“En los dos primeros casos dos presidentes constitucionales debieron terminar antes sus mandatos y, en los últimos dos casos, lo que se buscó mediante la violencia fue alterar el funcionamiento del Congreso de la nación argentina que se encontraba abajo sesión. El modus operandi en ambos casos fue exactamente igual: violencia inusitada en las calles, tratando de generar caos con incendios, con violencia, con toneladas de piedras, que hirieron en el último caso, a más de 20 miembros de las fuerzas de seguridad. Y con el objetivo siempre igual, de un conjunto de diputados, representantes de fuerzas minoritarias, que se buscan ‘solidarizar’ por la violencia generada por organizaciones afines a ellos mismos, y así interrumpir la sesión y la deliberación del Congreso de la Nación. Lo cual, obviamente, obstaculiza seriamente el funcionamiento democrático del país. Este modus operandi no funcionó en el 2024 habida cuenta de la acción resoluta de las fuerzas de seguridad del país, dicho sea de paso, gracias a ello, el Congresos pudo sancionar, obviamente, por mayoría de ambas cámaras la Ley Bases. Con lo cual el objetivo de interrumpir el funcionamiento institucional no se logró”, dijo.
Fohrig, en tanto, ciñó la gobernabilidad a los representantes electos y, a continuación, citó el artículo 22 de la Constitución Nacional para sostener que quienes se manifiestan buscan “atribuirse los derechos del pueblo” y, por lo tanto, cometen el delito de “sedición”. “El corte como mecanismo de extorsión a autoridades democráticas es una práctica que, obviamente, contrariamente a lo que dice la ONG peticiónamele, no es una práctica recurrente en la Argentina. Entre 1916 y 1996, se totalizan 45 años de gobiernos democráticos y la cantidad de cortes de calle fue 0 (cero)”, dijo en otro apartado de su alocución.
MÁS INFO
Luego de hacer un racconto sobre cantidad de cortes de calles a lo largo de los años, sin citar fuente alguna, dijo que el Gobierno de Milei llegó para “ordenar socialmente al país”. También hizo alusión a las denuncias que presentaron contra distintas organizaciones sociales y políticas y, una vez más, sin presentar prueba alguna, aseguró que “extorsionan” a las personas para participar de las marchas.
La resolución 943 se inscribe “en este contexto, es la decisión de política pública del Gobierno democráticamente electo del presidente Milei de ordenar el país”, insisitó.
A su turno, Baños, también recurrió a la historia. Mencionó a Mariano Moreno, a Juan Bautista Alberdi, que hicieron “especial hincapié en la libertad de expresión”. "Debo poner de manifiesto que los poderes del Estado han actuado a la altura de las circunstancias, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la ley. No puede obviarse que aquí lo que se intentó es impedir o tratar de impedir que uno de los poderes del Estado cumpla con su función”, dijo en consonancia con su compañero.
MÁS INFO
La posición de los organismos internacionales
Los distintos relatores y representantes de los organismos internacionales parecieron hasta sorprendidos por las posiciones diametralmente opuestas presentadas. Jan Jarab, del Alto Comisionados de los DDHH de las Naciones Unidas, fue uno de los más duros al hacer hincapié en las distintas resoluciones tomadas en las que se hace referencia a la supuesta “coalición” del derecho a la protesta con el derecho a la circulación –que el Gobierno de Milei dice defender-.
“El derecho a la protesta debe ser reconocido como una herramienta democrática vital importante para la conquista de otros derechos, una característica que la libertad de circulación no tiene”, apuntó. Y aclaró que la libertad de expresión es también –como si no fuera obvio- “el derecho de estar de acuerdo o no con medidas que adoptan los Estados y poder expresarlas sin temor a represalias”.
Todos los representantes internacionales hicieron alusión a la falta de compatibilidad del “protocolo antipiquetes” con los estándares interamericanos de derechos humanos, a la necesidad de dar explicaciones por parte del Gobierno sobre el uso de armas “no letales” y hasta preguntaron qué lugar la gestión mileísta le da a esas pautas internacionales, pero los argentinos no respondieron.
Jarab también puso el ojo sobre la “independencia” de jueces y fiscales, en relación al rol que jugó Carlos Stornelli en la imputación de 33 personas bajo la figura de “sedición”, “sin presentar pruebas” y sustentado en declaraciones en redes sociales del Gobierno nacional.
En tanto, fue el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, quien marcó los puntos diametralmente opuestos entre las presentaciones de los organismos y del Ejecutivo nacional, preguntó sobre la posibilidad de diálogo y sobre la posibilidad de una visita para monitorear la situación.
“La situación de diálogo supone la ausencia de violencia. Es muy difícil tener diálogo en presencia de minorías violentáis, que extorsionan a personas pobres para llevar adelante su programa político que no resultó beneficiado en las elecciones de octubre pasado”, dijo el representante de Bullrich en la audiencia.
La presentación de los organismos y de las organizaciones sociales
En su presentación, las organizaciones hicieron un derrotero del accionar represivo del Gobierno ante las distintas protestas llevadas a cabo en distintos puntos del territorio argentino bajo la vigencia del conocido “protocolo antipiquetes”, enarbolado por Patricia Bullrich, desde el cuarto día de iniciado el mandato de la gestión ultraderechista.
Desde entonces, dijeron, hay “graves regresiones que están teniendo lugar en argentina con relación al derecho a la protesta y los riesgos que corren las personas que utilizan el espacio público para exponer sus demandas” y que protestar en el espacio público “parece ser delito”.
Por ello, presentaron un petitorio en el que solicitaron derogar la resolución 943, que crea el protocolo con el que el Gobierno interviene en situaciones de protesta y restituir el anterior, vigente desde 2011; derogar las normas que “penalizan o sancionan” a quienes participen en manifestaciones públicas; requerir al Estado argentino de abstenerse de utilizar herramientas legales como la Ley antiterrorista, sanción de los responsables por violaciones a los derechos humanos, que se arbitren los medios para la protección de la labor periodística, elaboración de protocolos para el uso de armas no letales y realizar una visita al país por parte de la relatoría especial para la libertad de expresión.
Cerrar sesión