El debate por la ley Bases que consiguió el Gobierno tuvo como saldo 33 personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en medio de una fuerte represión. Sobre todas ellas pesa un pedido de prisión preventiva, emitido por el fiscal nacional Carlos Stornelli, que basó su decisión en notas periodísticas y en un breve pronunciamiento que hizo la Oficina del Presidente de la Nación -un órgano inexistente en el Estado- (OPRA) en el que hicieron referencia a “grupos terroristas” y a la intención de “perpetrar un golpe de Estado”. El uso abusivo del proceso penal, la banalización y el uso bastardo de las figuras legales son los mecanismos que organizaciones de derechos humanos identificaron ante El Destape en lo que consideran un “proceso de criminalización” para “inhibir la protesta”. Además, señalaron, que la práctica del fiscal es “ilegítima”.
Del total de las personas detenidas en el mega operativo desatado durante el mediodía y tarde del miércoles, 23 habían quedado bajo la órbita de la Justicia de la CABA y las otras diez, en manos de la federal. El pedido de Stornelli fue hecho para este segundo grupo, sin embargo, a última hora del jueves, todas quedaron bajo su órbita luego de que la Justicia porteña se declarara incompetente.
Como se contó en esta nota, Stornelli busca determinar “eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí” -algo necesario para poder encuadrarlo en esa figura de “terrorismo”- ante lo que consideró “graves hechos” ocurridos en las inmediaciones del Congreso nacional. El fiscal, además, habló en su pedido de “violencia colectiva”, de “organización” y de “alzamiento del orden constitucional y la vida democrática”.
Sus palabras fueron en línea con lo planteado por la OPRA a la tarde, que felicitó el accionar de las Fuerzas de Seguridad “reprimiendo a los grupos terroristas” que “intentaron perpetrar un golpe de Estado”. Y, también, con las declaraciones de la ministra a cargo del operativo, Patricia Bullrich; que habló de “sedición” y de la vicepresidenta, Victoria Villarruel; que anunció que denunciará a “los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia”.
Entre los delitos que les adjudica están:
• Instar la violencia colectiva en contra de las instituciones infundiendo temor público
• Alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la cámara alta del congreso
• Daños, incendios y estragos dolosos
• En algunos casos, la tenencia de material explosivo y/o incendiario
• Alteración del orden público
La causa que lleva Stornelli desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 cayó en manos de la jueza María Servini de Cubría, que deberá definir sobre la prisión preventiva.
La causa la recibe en medio de denuncias de las familias y de diversas organizaciones, incluso por parte de universidades nacionales, que reclaman por sus estudiantes y por las malas condiciones de detención y de un llamado a conferencia de prensa para este viernes a las 15, en Serpaj, ubicado en Piedras 730, CABA.
Vale tener en cuenta que la advertencia sobre el uso de la fuerza ante situaciones de protesta fue la primera medida del Gobierno ultraderechista que, a cuatro días de inaugurada su gestión presentó un protocolo antipiquetes para lo que llamó el “mantenimiento del orden público” que está reñido con la Constitución como con los tratados internacionales de derechos humanos a los que la Argentina adhiere.
En esta ocasión, además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pudo constatar que durante la represión las fuerzas policiales usaron: balas de gomas, camiones hidrantes, gases lacrimógenos MK- 9 y que hubo efectivos de la Policía Nacional que portaron armas de fuego. Como se vio en las imágenes ampliamente difundidas, el desalojo no fue sólo de las calles, sino de la Plaza de los dos Congresos y de las veredas de manera indiscriminada, que acabó con más de cien heridos.
“Una práctica ilegítima y un uso abusivo del proceso penal para dar una respuesta política”
El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, apuntó que el trabajo llevado a cabo por Stornelli constituye una “práctica ilegítima”, porque ese “no es el trabajo de un fiscal”. En ese sentido, explicó que en realidad su tarea es “tratar de vincular los hechos con las personas, trazar que paso con cada uno y ver de qué manera esa persona contribuye a un plan general”. Por el contrario, el representante del Ministerio Público acusó a las personas detenidas, les indagó un agravante como el de “terrorismo”, todo ello “sin ningún tipo de relación entre los hechos de los que se los acusa”.
Además, Morales consideró que se trata de un “uso abusivo del proceso penal para dar una respuesta política”, una metodología que forma parte de un “proceso de criminalización de la protesta social para inhibir la movilización y la protesta social”.
Al ser consultado sobre cuáles pueden llegar a ser las implicancias de la figura de “terrorismo” en el proceso, el abogado dijo que puede tener impacto en la expectativa de pena, pero -insistió- en que “tiene un impacto político” sobre las vidas de las personas que desean manifestarse en el marco de una sociedad democrática. Cuando se le preguntó por si a les detenides se les puede aplicar la figura de “terrorismo”, respondió que no: “Esto no es terrorismo, esa es una figura que hay que preservar para situaciones muy específicas y excepcionales, críticas y concretas. Este uso bastardo de la figura de terrorismo nos preocupa porque tiene consecuencias en el tipo de investigación penal que se desarrolla y en las medidas que tiene que soportar la persona acusada”.
El CELS está colaborando con las defensa de les detenides como parte de la Red Federal de Derechos Humanos y trabajan en articulación con la Defensoría General de la Nación y de la Ciudad para hacer seguimiento del estado y salud de todas ellas.
“Nunca visto en 40 años de democracia”
Entre las organizaciones que están a cargo de las defensas y que acompañan a les detenides se encuentran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Comité Nacional para la prevención de la tortura, Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
“Es una situación absolutamente extraordinaria, que nunca hemos visto en 40 años de democracia”, afirmó ante este medio la abogada y referenta de Correpi, María del Carmen Verdú. La organización nació en 1992 al calor de las denuncias por gatillo fácil y de las prácticas represivas del Estado y, con esa trayectoria encima, Verdú apuntó que no encontró antecedente alguno en los últimos años, “ni siquiera cuando se promovieron casusas por delitos equivalentes durante los 2000 y 2001”.
“Es un escándalo absoluto, si eso es sedición esta conversación es terrorista”, dijo para dar cuenta de lo absurdo de la acusación que se intenta instalar. Su entender es que “cualquier tipo de oposición (para el Gobierno) es criminal”. Más allá del halo de intimidación que el Ejecutivo pretende instalar sostuvo que desde su organización la forma de hacerle frente es asumir las defensas, pedir por la liberación inmediata y “en las calles levantar las reivindicaciones del campo popular”.
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Negacionismo, apología del terrorismo de Estado y banalización
“Golpe de Estado fue el que masacró a un país en el 76, terrorismo de Estado que reivindica el gobierno de Milei y Villarruel. El pueblo en la calle es nuestra historia y memoria defendiendo la democracia. Repudiamos enérgicamente la represión de Bullrich”, escribió la organización HIJOS, seccional Capital, en redes sociales. Su hermana, desde La Plata, sumó: “Las manifestaciones populares son todo lo contrario, la más genuina expresión de la vida democrática”.
Para Giselle Tepper, de HIJOS-Capital, hay una suerte de hilo rojo que une todas las prácticas puestas en marcha, incluso, desde la campaña del tándem Milei-Villarruel. “No se llega a esto de la nada. Tanto el negacionismo como la apología del terrorismo de Estado -en boca de la vicepresidenta defensora de genocidas, sobre todo- construyó un sentido que habilitó que se pudiera decir esto”, reflexionó.
Eso, a su entender, se suma a “una banalización de lo que es un Golpe de Estado” así como de lo que es una dictadura. “Si a todo le decís dictadura, después, explicar lo que fue una dictadura de verdad es muy difícil”, sintetizó.
¿Qué hacer de ahora en adelante?
“Si en algún momento pudimos revertir la teoría los dos demonios y trabajar sobre una memoria que cuente la verdad, vamos a poder contrarrestar esta narrativa”, dijo Tepper. Para ella, lo que hace falta es encontrar una síntesis “que pueda tener una correlación de fuerza respecto al poder de la ultraderecha que está en el poder”, siempre de la mano de las banderas de memoria, verdad y justicia.
Más allá de eso, Verdú, Morales y Tepper coincidieron en una estrategia para hacerle frente a la práctica estatal de la criminalización: militancia, salir a la calle y reivindicar el derecho a la protesta.
“Todes tenemos el derecho a manifestarnos frente a déficits de políticas públicas o falta de recursos en políticas claves”, dijo Morales. Tanto desde el CELS como desde Correpi, la estrategia judicial también va de la mano, ya sea acompañando a les defendides como la judicialización de políticas como el protocolo antipiquetes, cuya constitucionalidad está cuestionada en el orden nacional como internacional.
Desde Correpi, además, Verdú hizo énfasis en el conjunto de medidas de autoprotección y autocuidado que hay que tener en cuenta en caso de movilización plasmados en los manuales que difunden con las pautas a seguir: no ir solos ni solas, tener un pie telefónico (alguien que se quede en una casa que tenga los datos de les amigues y compañeres en caso de ser necesario), no llevar encima nada que pueda complicar más la situación en caso de detención, tener el celular y la Sube con carga, entre otras.
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