La senadora neuquina de la Unión Cívica Radical (UCR) Lucila Crexell reveló que iban a ocultar su designación como embajadora en la Unesco hasta después de que se apruebe la Ley Bases, sin embargo tuvo que oficializarlo antes por una nota periodística. La legisladora fue denunciada por cohecho, delito que prevé penas de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, y recayó en el juzgado de Ariel Lijo.
"Se inició el expediente cuando (el periodista, Carlos) Pagni lo filtró. Dijimos bueno que si no hay nada que esconder, porque no hay nada que esconder... aceleremos el trámite. El envío del pliego iba a ser después del receso, porque además qué pasaba: ahi ingresaron los pliegos de los jueces y de Cancillería. Cuando vimos que estaba muy sucio el debate y que quieren ensuciar la sanción de la ley dijimos que se frene y ahi quedó el expediente para que se pueda ver en el sistema de Cancillería", contó la senadora.
En una entrevista con Ari Paluch, la legisladora dijo que las acusaciones en su contra son "una operación" hecha por Cristina Kirchner y sostuvo que en los gobierno anteriores se vivió "una dictadura K". Acerca de sus cambios de postura con respecto al rechazo del DNU 70/2023 y luego a la aprobación de la Ley Bases, aseguró que responde a las posturas del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
La denuncia contra Crexell presentada antes de la votación
En la denuncia presentada por el abogado Federico Paruolo se plantea que el documento de Cancillería filtrado, en el que se designa a Crexell como "Delegada Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura", forma parte de "un plan para comprar el voto de la senadora" en la votación de la Ley Bases.
"El documento referido resulta ser el paso previo y necesario para el envío del pliego de la senadora Crexell, es decir que el 'iter criminis' se encuentra en marcha, el plan para comprar el voto de la senadora Crexell está a solo la emisión del voto de la senadora Crexell y un mensaje de Cancillería para haberse consumado", detalló la denuncia. En ese sentido, el documento señaló que se "ha superado lo que usualmente se denominan 'actos preparatorios', puesto que sin este paso el delito no puede consumarse, así nos encontramos con un claro inicio de ejecución que, a estas alturas, solo podrá ser evitada su consumación mediante la rápida y efectiva intervención de VS".
Para el denunciante, el caso de Crexell es una "cuestión judiciable" porque la senadora recibió "un nombramiento" y luego afirmó que votará "en favor" de la Ley Bases, de la que antes "se mostraba reticente". "En el caso constituye una cuestión judiciable el hecho de que una senadora haya recibido un nombramiento, y reconozca que ejercerá el voto en favor de un proyecto de ley, del que antes se mostraba reticente, para luego dejar el cargo y retirarse del país, a ejercer un cargo ajeno a la competencia que actual posee, sumado al cuantioso ingreso que percibirá en moneda extranjera", recalcó la denuncia.
Además, en el texto se solicitó la "geolocalización de su teléfono móvil, registro de llamadas entrantes y salientes"; la constatación en el Senado del "listado de entradas y salidas registradas" de la denunciada y de "terceras personas que pudieran haber solicitado audiencia"; una "orden de allanamiento y secuestro de todo dispositivo móvil" y/o "aparato de almacenamiento"; y un pedido a cancillería con "todo lo relativo al expediente" de la designación de Crexell ante la Unesco.
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