Gestapo M: un ex directivo de la AFI volvió a apuntar contra Arribas y Majdalani

El exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, volvió a apuntar contra los jefes de la agencia durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al apelar su procesamiento en su contra en el caso “Gestapo antisindical”. Sostuvo que las tareas de inteligencia que practicó su área sobre el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina “no fueron realizadas por iniciativa personal sino por órdenes emanadas de la superioridad”. En su defensa, dijo que ese espionaje fue legal.

Al igual que Dalmau Pereyra apelaron el fallo del juez platense Ernesto Kreplak el resto de los procesados: el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano; el exjefe de gabinete de la agencia, Darío Biorci; el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas; el Nº 2 de la cartera de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan. A todos ellos, Kreplak les achacó el 28 de abril pasado la violación de la Ley de Inteligencia Nacional y ser partícipes necesarios del delito de prevaricato. Los acusados de coordinar el armado de causas judiciales contra Medina rechazaron los cargos en su contra.

También las querellas apelaron la resolución del magistrado. ¿Qué sostuvieron? Que los empresarios de la construcción y el ministro de Infraestructura de Vidal, Roberto Gigante, que fueron parte de la reunión en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017, también deben ser procesados. Se trata de los imputados que se vieron beneficiados con una “falta de mérito”, esto es, que no se hallaron pruebas suficientes para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos.

Las órdenes de la superioridad

Dalmau Pereyra, a través de su abogado Eduardo Oderigo, rechazó el procesamiento en su contra. En un escrito de 18 páginas que presentó el pasado 3 de mayo destacó “que la emisión de órdenes para realizar tareas de inteligencia relacionadas con el asunto (…) no fue negada en ningún caso”. “Ellas, bueno es destacarlo, no fueron realizadas por iniciativa personal sino por órdenes emanadas de la superioridad y encuadradas dentro de las misiones y funciones que la Ley de Inteligencia aludida y el propio Decreto 1311/2015 -también mencionado-, establecen”, añadió y volvió a apuntar para la cúpula de la AFI. La “superioridad” eran Arribas y Majdalani porque por encima de el entonces director de Contrainteligencia solo estaba la conducción de la agencia. Lo que dice Dalmau al involucrar a sus “jefes” es que nada fue “ilegal”.

Ya en el escrito que presentó como parte de su indagatoria, Dalmau Pereyra había comprometido a Arribas y Majdalani al afirmar que “en junio de 2017, me es retransmitida por parte de la Subdirectora General de la AFI, Silvia Majdalani, la orden del Director General de la agenda, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco de la Provincia de Buenos, en la Ciudad de Buenos Aires”. La referencia es a la reunión en el BAPRO en la que se coordinó el armado de causas contra el Pata Medina. También contó que la grabación se la entregó a Majdalani y que no supo qué hizo la exseññora 8 con ese material. Con su declaración, Dalmau Pereyra dio por tierra con la tesis del cuentapropismo.

A lo largo de su apelación, Dalmau Pereyra intenta explicar que las tareas que realizó en la agencia contra Medina fueron legales. Y le fueron ordenadas.

¿Qué sostiene Dalmau? Que efectivamente se realizaron tareas de inteligencia sobre Medina pero que fueron legales. Que desde la AFI realizaron “inteligencia criminal” y no “investigación criminal” que requeriría de una autorización judicial. “Usted ha dejado de lado, ha ignorado, las facultades que otorgan los dispositivos legales transcriptos para la producción de ‘inteligencia criminal’ y confundido a esta tarea específica y válida, con la de la vedada ‘investigación criminal’”, le dijo al juez.

¿Cuál es la diferencia, según Dalmau Pereyra? La tareas de “inteligencia criminal” se “limitaron a un período específico de tiempo y con un alcance donde no hubo ni sistematicidad ni periodización de tareas de reunión de información que dieran lugar al esclarecimiento de hechos como lo es en el caso de las investigaciones”.

“Las tareas realizadas no fueron de investigación sino de producción de ‘Inteligencia Criminal’, llevadas adelante para confirmar o desechar maniobras de carácter delictivo o criminal vinculadas a la comisión de delitos federales complejos (delitos económicos y financieros), perpetradas por el señor Medina y sus asociados”, intentó justificar el exjerarca de la AFI.

Y volvió a involucrar a otro exdirectivo de la exSIDE, Fernando Di Pasquale: “El producido de los informes de reunión de información era procesado por la Dirección de Delitos Económico Financieros, en el marco de la producción de Inteligencia Criminal. Si hubiera sido de otra manera, ese producido habría tenido otro destino y uso”, añadió.

La justificación abre un interrogante: ¿Cuántas investigaciones como la que defienden –y dan por normal- habrá hecho la AFI macrista para camuflar su espionaje ilegal?

Por otro lado, en lo que hace a la reunión en el Banco Provincia, su abogado agregó: “Sobre la reunión realizada en el BAPRO: reitero, no la planificó, ni la organizó, ni tampoco recibió la directiva de hacerlo. Sin deslindar las responsabilidades que le correspondan, el único funcionario público, técnico-profesional (es decir ‘de carrera’) presente en esa reunión era él, por lo tanto el diseño de ‘estrategias’, políticas y toma de decisiones al respecto, se encontraban completamente fuera de su incumbencia”.

Las apelaciones

El exjefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci, siguió una línea similar a la de Dalmau Pereyra en su apelación. “Según la ley vigente al momento de los hechos, no es verdad que la AFI no pudiere producir inteligencia criminal en ningún caso sin orden judicial autorizante. Al contrario, podía hacerlo, y no sólo podía, sino que debía hacerlo”, señaló. Este tipo de afirmaciones da cuenta que ese tipo de tareas fue habitual en la exSIDE durante el macrismo.

Por su parte, Biorci, a través de su abogado Juan Pablo Vigliero (el mismo que el de Majdalani en otras causas de espionaje), añadió que no hay elementos que lo involucren de manera directa en el caso. Algo llamativo dado su participación en la reunión en el BAPRO.

El exespía De Stéfano cuestionó que se hayan dictado los procesamientos “cuando se encuentran pendientes de resolución múltiples recursos”. Entre otros, el “Enano” cuestiona a Kreplak porque no lo considera competente. En esa línea, este viernes el juez Daniel Rafecas rechazó un planteo de Biorci y consideró que Kreplak era competente para estar al frente del caso Gestapo. Algo similar dictaminó el fiscal Franco Picardi en uno de los planteos que hizo De Stefano y que ahora debe resolver el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Son todos intentos de los exespías de la AFI de llevar el caso de los tribunales de La Plata a Comodoro Py.

En otro pasaje de su escrito de 20 páginas, De Stefano cuestiona que se lo haya procesado como partícipe necesario del delito de prevaricato (un delito que cometen jueces y fiscales). En su resolución, Kreplak no identificó a los partícipes primarios pero dejó asentado que la investigación continuará en esa línea. “¿Qué prevaricato puede imputarse si no se investiga a los autores de un delito que solo puede ser cometido por funcionarios judiciales?”, se preguntó De Stefano en su presentación. Y volvió a atacar a Kreplak: “Si acaso todo hubiera sido un ‘armado’ como ahora sostiene en su resolución, este Juez debería haber convocado a todos los Sres. Magistrados que han intervenido en aquellos procesos judiciales y ante las diversas instancias, a prestar declaración indagatoria y procesarlos como lo hace ahora con nuestro defendido”, cuestionó.

En la misma sintonía que Dalmau Pereyra y Biorci, el "Enano" sostuvo que la AFI podía hacer inteligencia sin orden judicial: “Pareciera ser que la AFI solo puede intervenir bajo orden judicial; lo cual sería un absurdo, porque estarían los Tribunales repletos de causas iniciadas al solo efecto de que la Agencia pueda investigar”. El interrogante en este sentido se repite: ¿En cuántos casos como el de la Gestapo habrá actuado la AFI macrista, que a la luz de los expedientes abiertos en la Justicia hizo un espionaje ilegal masivo y sistemático?

También apelaron la resolución de Kreplak el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas; el exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan. Todos fueron parte de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se coordinó el armado de causas contra el Pata Medina y fueron procesados por el juez platense.

El querellante Pata Medina también apeló la resolución de Kreplak. Reclama que se dicte el procesamiento de los seis empresarios de la construcción que fueron parte del encuentro en el BAPRO aquel 15 de junio de 2017 y también del exministro de Infraestructura de Vidal, Roberto Gigante, quien también estuvo en aquel cónclave. Todos ellos recibieron una falta de mérito.

Las apelaciones deberán ser resueltas por la Cámara Federal de La Plata.