Cómo el gobierno esconde el patrimonio y los ex clientes de los “funcionarios” que organizan los negocios

Una serie de pedidos de acceso a la información pública que la Oficina Anticorrupción (OA) respondió a El Destape expone que no hay obligación de presentar declaraciones juradas (DDJJ) para dirigentes con alto rango que trabajan en el Gobierno como “asesores”. Esto hace que personas con roles importantes no rindan cuentas porque técnicamente no son considerados funcionarios. Esto implica no solo que la OA no revisa las DDJJ de estas personas sino que además la sociedad, como los periodistas por ejemplo, se ve privado de acceder a ellas. La información patrimonial y de relaciones empresariales-laborales que se debe presentar ante el organismo anticorrupción es determinante para saber si hay conflictos de intereses.

Las contestaciones de la OA a El Destape deja a la vista la maniobra de quienes idearon y escribieron la Ley Bases o el Mega DNU, como Santiago Caputo, Federico Sturzenegger y “abogados colaboradores” ya que no puede cotejarse si tienen relaciones estrechas con los beneficiarios de esas iniciativas clave para el gobierno de Javier Milei.  A esto se suma que el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y los letrados del estudio Bruchou&Funes de Rioja vinculados al gabinete no informaron su listado de clientes, lo que también es relevante para controlar un posible choque de intereses. Barra es el principal defensor jurídico en tribunales del Mega DNU 70/2023.

De acuerdo al decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública están obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral “los asesores del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional”. A su vez se destaca que también se encuentran obligados “los funcionarios que en forma regular, de manera permanente o transitoria, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, efectúen tareas de asesoramiento a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional”. Parece evidente que Santiago Caputo, Sturzenegger y otros “asesores jerárquicos” están obligados a presentar sus DDJJ. Algo que no hicieron y que la OA no reclama. Más bien, parece todo lo contrario: que lo justifica.

La coartada para blindar a Santiago Caputo

Santiago Caputo es mucho más que un asesor de Milei. Es integrante de la mesa chica de toma de decisiones del presidente de la Nación. Tiene ascendencia en diferentes áreas sensibles del gobierno como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en proyectos estratégicos para el Ejecutivo, como la Ley Bases.

Al ser consultada por este medio sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses de Santiago Caputo, la OA respondió sobre el asesor presidencial: “No se encuentra incluidos en los listados de sujetos obligados a presentar de DJPI remitidos por los órganos contratantes en ejercicio de sus funciones”. Lo mismo respondió con respecto a Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes y fundador y secretario de la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud, que cuenta con diversos ingresos a la Casa Rosada y fue señalado en los medios como un “ministro sin cargo”. El sector de las prepagas fue uno de los principales beneficiados por el gobierno de Milei.

Las respuestas de la Oficina Anticorrupción a El Destape por los diversos pedidos de acceso a la información que hizo este medio estuvo a cargo de Nicolás Gómez, Director Nacional de Asuntos Estratégicos y Responsable de Acceso a la Información Pública de la Oficina Anticorrupción.

La coartada de Santiago Caputo para evadir la presentación que hace todo funcionario ante el organismo anticorrupción es que es asesor y su vínculo con el gobierno es por contrato de prestación de servicios profesionales autónomos como “Asesor Presidencial”. La contratación fue vía la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

“En el caso de Santiago Caputo, la modalidad de contratación no implica por el desempeño público de su función de ‘Asesor Presidencial’, pero por si sobre todas las cosas el rol que públicamente exhibe y desempeña, el manejo de información sensible que podría derivar en posibles conflictos de intereses. Este fue previsto en la ley de Ética pública para su caso, cuya jerarquía jurídica está por sobre encima de cualquier resolución de designación. Nadie puede alegar desconocimiento de las normas ni forzar interpretaciones, desnaturaliza el espíritu de la misma y pone en serias dudas la transparencia”, explicó Walter Martello en la red social X (ex Twitter) el 4 de junio pasado luego de que obtuviera la misma respuesta de la OA que El Destape.

Sturzenegger elaboró a la sombra de la OA el DNU y la Ley Bases

El Destape también consultó a la OA sobre la situación de Federico Sturzenegger, de quien mediáticamente se dijo que estaría al frente de la Unidad Transitoria para la Desregulación (UTD). Según Milei es inminente su designación formal en el gabinete. Tal como publicó este medio, Sturzenegger estuvo al menos entre el 10 de diciembre y el 31 de enero 17 veces en la Casa Rosada y pasó 9 días casi enteros en la Quinta de Olivos. O sea, en 51 días de gobierno estuvo 26, más de la mitad, en las sedes del Poder Ejecutivo. Fue parte de reuniones de gabinete. Y aparece como mentor del Mega DNU 70/2023 (posó en la cadena nacional en que se lo anunció junto a Milei) y de la Ley Bases. Es decir, ya es parte del equipo de trabajo del Presidente y con un rol estelar.

En general Sturzenegger y su equipo fueron ingresados a la Quinta de Olivos con el título de "Asesor UTD", que vendría a ser la mentada Unidad Transitoria para la Desregulación. Pero en Boletín Oficial no hay ninguna referencia a esa unidad, ni a una designación de Sturzenegger ni de ninguno de sus laderos. ¿Cobra un sueldo Sturzenegger por su trabajo? ¿Quién le paga?

El Destape consultó a la OA por Sturzenegger y su equipo de trabajo. La respuesta fue similar a la que dio con respecto a Santiago Caputo: que ninguno era funcionario y por ende no estaban sujetos a la ley que establece que debe presentar DDJJ: “Conforme lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto 102/99, esta Oficina Anticorrupción es autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública - N° 25.188, modificada por Ley 26.857 y normas complementarias-, sólo en relación a los empleados o funcionarios que revistan en la Administración Pública Nacional -Poder Ejecutivo Nacional-. En ese orden de ideas, esta Dirección lleva el registro de los funcionarios obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral –DJPI-, mencionados en el Artículo 5º de la Ley N° 25.188 sustituido por el Artículo 2° de la Ley 26.857, exclusivamente en relación a los cargos pertenecientes al ámbito antes circunscripto. Con relación a su requerimiento, se hace saber que las personas detalladas en el mismo no se encuentran informadas en nuestra base de datos como sujetos obligados a la presentación de DJPI”.

La discusión que se abre en torno a Sturzenegger es la misma que se da con respecto a Caputo: por el rol central que ocupan en el gobierno y sus principales proyectos debieran tener una fiscalización patrimonial y de intereses.

Sin ir más lejos, estuvo detrás de la ley y el decreto más importante del gobierno y se le adjudican nuevas reformas que quiere llevar adelante el Ejecutivo.

El Destape también consultó por el equipo de trabajo de quien pasó por el gobierno de La Alianza y fue parte del proceso de mega endeudamiento y fuga durante el gobierno de Mauricio Macri. Concretamente, este medio consultó a la OA por:

• Lucas Llach: Ladero de Sturzenegger durante su desfalco al Banco Central, es otro de los que figura en casi todos los ingresos a la Rosada y Olivos.
   
• Shunko Rojas: fue Subsecretario de Comercio Internacional durante el gobierno de Macri. Es cofundador y socio gerente de la consultora Quipu, cuyos clientes son corporaciones. La web de Quipu describe: “Brindamos a altos ejecutivos corporativos y líderes públicos asesoramiento estratégico, inteligencia de mercado, regulatoria y política, y apoyo comercial e inversor”.  Según el currículum que publica, Shunko Rojas "tiene un comprobado track-record en el desarrollo e implementación de proyectos internacionales exitosos involucrando a múltiples stakeholders, incluyendo ejecutivos de C-Suite de empresas líderes mundiales, líderes gubernamentales e instituciones financieras internacionales". Este personaje acompañó a Sturzenegger en la mayoría de sus ingresos a la Rosada y Olivos.
   
• Maximiliano Clemens Theodor Von Kesselstatt: joven de 24 años que trabaja en la Universidad de San Andrés. Su padre, Maximiliano Martin Von Kesselstatt, tiene el estudio y consultora Kesselstatt, Deppeler y Asociados. "Nuestra firma provee asesoramiento para entender toda clase de requisitos legales y regulatorios en servicios públicos, telecomunicaciones y finanzas; para desarrollar planes de negocios, y para promover el dictado de reglamentaciones o de legislación específica en dichas materia", dicen en su web. Von Kesselstatt padre fue vicepresidente de asuntos legales de Pan American Energy y de CTi (hoy Claro), miembro de las cámaras empresariales de Telecomunicaciones y del Petróleo. Entre sus clientes figuran el Grupo Clarín, Verizon y Pan American Energy.
   
• Maximiliano Matías Narciso Fariña: fue el encargado de las negociaciones en torno a la Ley Ómnibus como "enviado de Sturzenegger". Aparece en muchos de los ingresos de Sturzenegger a Olivos y la Rosada. Fue asesor en el Gobierno porteño y también trabaja en la Universidad de San Andrés.
   
• Marcelo Julián Hernández: Abogado especializado en derecho comercial. Es miembro de Apertura Republicana, el ala más liberal del PRO. Trabajó con Sturzenegger en el proyecto de desregulación que en su momento le presentaron en su momento a Patricia Bullrich, de quien integró sus equipos técnicos. 
   
• María Lucrecia Frangi: funcionaria del área de Legales del Ministerio de Justicia, formó parte del equipo de Sturzenegger en esta cruzada.
   
• Joaquín Rotili: otro joven estudiante de Derecho de la Universidad de San Andrés.

La respuesta del organismo anticorrupción fue la misma que para con Sturzenegger.

El Destape también consultó a la OA si realizó alguna advertencia por posibles conflictos de intereses sobre Sturzenegger y su equipo. La respuesta fue la siguiente: “No surge de los registros obrantes en esta Dirección que se hayan formulado recomendaciones por posibles casos de conflictos de interés sobre las personas mencionadas, más allá de las que se realizaron con anterioridad a la actual gestión de gobierno (año 2018), en virtud de los cargos que desempeñaron en dicha oportunidad”. Acto seguido mencionaron las notas que en su momento se le realizaron a Shunko Rojas y a Sturzenegger y Lucas Llach “post empleo”. La respuesta era más que obvia si no exigieron siquiera una presentación de DDJJ.

Más asesores sin control

Otro pedido de acceso a la información pública que realizó El Destape a la Oficina Anticorrupción fue para conocer la situación de los abogados del estudio Bruchou&Funes de Rioja que visitaron la Casa Rosada, tal como reveló este medio, y que aparecen como autores de proyectos de reformas del gobierno. Incluso, en sus ingresos a la Casa de Gobierno, alguno de ellos aparece como “asesor Ministerio de Justicia”.

Este medio consultó por Liban Kusa y Sergio Diógenes Arbeleche, ambos integrantes del estudio Bruchou&Funes de Rioja, quienes ingresaron a la Casa Rosada. El primero, según registros de ingreso a Casa de Gobierno, figura como asesor del Ministerio de Justicia. Entra en diversos momentos en estos meses de gobierno. Y además apareció como autor del documento de ley de Medidas Fiscales.

Como publicó este medio, Kusa integra el Comité Ejecutivo y el Directorio del estudio Bruchou&Funes de Rioja. O sea, primera línea de uno de los estudios más importantes del país. Según su currículum, "se especializa en temas tributarios, principalmente en el área contenciosa, liderando la estrategia de defensa de causas vinculadas con relevantes reclamos efectuados por las Administraciones Fiscales (nacionales y provinciales). También asesora en temas contenciosos vinculados con cuestiones tributarias municipales".            

Arbeleche es otro de los socios del estudio Brouchou&Funes de Rioja que visita la Casa de Gobierno. Está a cargo del área de Minería y Medio Ambiente y coordina la plataforma legal para la Acción Climática y los Negocios Sustentables.

La respuesta de la OA sobre estos casos fue similar a la que este medio obtuvo con respecto a Caputo, Lugones y Sturzenegger y su equipo: “Se hace saber que las personas detalladas en el mismo no se encuentran informadas en nuestra base de datos como sujetos obligados a la presentación de DJPI”. Por lo tanto, mucho menos presentaron listado de clientes: “No surge de los registros obrantes en esta Dirección que se haya requerido esa información”, respondió el organismo anticorrupción sobre ese punto.

En el caso de estos abogados la discusión en torno a si debieran presentar o no una DDJJ se torna más discutible. Porque un asesor “normal” no es un sujeto obligado a presentar una DDJJ. Pero a la luz de lo que trascendió, los asesores en cuestión tuvieron un papel central en la elaboración del proyecto de reforma del país que se aprobó en la noche del 27 de junio y que marcará el futuro de la Argentina en adelante. Entonces el interrogante que se abre es: ¿la sociedad no debiera conocer su patrimonio, sus relaciones laborales y sus clientes para poder determinar si con esta iniciativa que reestructura el país no sacan algún beneficio personal?

Algo similar sucede con algunos de los letrados que fueron designados en dos comisiones relevantes, como la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación.

Ante la consulta de este medio, la OA respondió que la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación tiene como finalidad ‘la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo’, por lo tanto, sus integrantes no resultan sujetos obligados a la presentación de DJPI ante esta Oficina por no encontrarse contemplados dentro de los supuestos que establece la normativa vigente”.

La Comisión para la Reforma del Código Penal es integrada por jueces como María Eugenia Capuchetti (cuestionada por cómo investigó el atentado contra CFK) y Mariano Borinsky (visitante de Macri en la Quinta de Olivos) pero también por abogados y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por la cartera que conduce Patricia Bullrich, por ejemplo, figuran Fernando Soto y Carlos Manfroni. El primero es defensor del policía Luis Chocobar, acusado de matar por la espalda a un joven que había robado. El caso Chocobar es paradigmático porque se utiliza para legitimar la “mano dura”.

Más allá de la generalidad sobre los integrantes de la comisión, ante la consulta de este medio, la OA informó que Manforoni sí presentó DDJJ por su cargo en Seguridad. Pero Soto no. La OA dijo sobre Soto: “Se hace saber que no se encuentra informado en nuestra base de datos como funcionario obligado a la presentación de DJPI”. Tomando por ejemplo el caso de Soto: ¿no podría haber un conflicto de interés si en la mentada reforma promueve baja de penas para policías que cometan faltas graves en el ejercicio de su labor? Aún hoy Soto, que es director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, asesora legalmente a Chocobar.

De Barra a Cuneo Libarona, los abogados devenidos en funcionarios que no presentaron listado de clientes

En la consulta que hizo El Destape, la OA informó que sí “se efectuaron instrucciones preventivas” pero a los funcionarios del gobierno. Esto solo alcanza a aquellos que el organismo anticorrupción considera que son sujetos obligados a presentar DDJJ. Y según pudo constatar este medio se trata de mensajes generales sin especificaciones según el funcionario, al menos, en lo que hace a los consultados por El Destape. Algo que se diferencia de lo que realizó la OA en la gestión anterior, durante el gobierno de Alberto Fernández, donde se le detallaba al funcionario qué no podía hacer en relación a su situación personal para que luego no pueda alegar desconocimiento. El caso paradigmático que refleja este contraste es del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien llegó a estar procesado hasta que asumió en el BCRA por negociaciones incompatibles con la función pública. En la nota preventiva que le envió el titular de la OA mileísta, Alejandro Melik, no se menciona nada de todo eso.

El Destape consultó a la OA por las DDJJ patrimoniales y de intereses del mentado Bausili; del ministro de Economía, Luis Caputo; del procurador general del Tesoro Rodolfo Barra; del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; del secretario de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio; del titular de la Unidad Gabinete de asesores del ministerio de Seguridad, Carlos Manforni; y de la canciller Diana Mondino, entre otros funcionarios. Desde este medio se consultó si quienes pertenecieron a un estudio de abogados, como Cuneo Libarona o Barra, o a quienes integraron una consultoría u entidades similares, se les requirió que informen sobre sus clientes a los efectos de evitar posibles casos de conflictos de intereses. “No surge de los registros obrantes en esta Dirección que se haya requerido esa información”, fue la respuesta de la entidad anticorrupción.

Únicamente se aclaró que “sólo se solicitó al Dr. Rodolfo Carlos Barra información sobre sus servicios profesionales en los autos ‘Fiore Viñuales c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad’ (Expte. N° FSA 4290/2020) y en la causa ‘Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ inf. Arts 210 y 174 inc. 5° del CP”’ (Expte. N° CFP 5048/2016)”. Se trata de dos casos conocidos.

El primero hace referencia a la causa que inició la exsenadora nacional (2013-2019) María Cristina Fiore Viñuales, actual Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, contra el Estado para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde Barra fue uno de los abogados litigantes. El segundo refiere al rol de Barra en a causa “Obra Vial en Santa Cruz” en la que hizo un dictamen a pedido de CFK como experto legal. Lo curioso es que en la respuesta que se dio a este medio no apareció ninguna referencia al rol de Barra en el “caso YPF” del que terminó excusándose. El jefe de los abogados del Estado no intervendrá en el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF según se publicó en abril en el Boletín Oficial por "haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, REINO DE ESPAÑA."

En su declaración jurada de intereses mediante el sistema de MAPPAP Barra informó que en los últimos tres años se dedicó a un microemprendimiento agropecuario, forestal y pesquero llamado Rio Licsin S.A. Que es rentista en el mismo rubro. Y que fue profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza. Nada más.

Barra, como procurador general del Tesoro, es el principal defensor legal del Mega DNU 70/2023 en tribunales, que desregula la economía y beneficia a importantes corporaciones económicas y actores sociales.

Según publicó La Nación el 1 de diciembre de 2023, antes de su designación, Barra estando “retirado de la primera escena política (…) orientó su actividad en el sector privado y en el mundo universitario. Mantuvo su estudio jurídico y trabajó en el asesoramiento de empresas”. En su DDJJ nada dijo del “estudio jurídico”. Tampoco mencionó el asesoramiento a empresas. De eso debiera haber informado a la OA para evitar conflictos de intereses. Por ejemplo: ¿Hay alguna empresa que se ve beneficiada con el DNU 70/2023 que Barra defiende desde la procuración? Nada de eso se sabe. Y la Oficina Anticorrupción, a la luz de la respuesta a El Destape, no se preocupa en saberlo.