La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló este lunes la condena al policía Luis Chocobar y ordenó que se haga un nuevo juicio por fallas en la sentencia, a la que consideró incongruente en términos fácticos y jurídicos. El Gobierno manipuló la noticia para presentarla como un triunfo propio y legitimar su discurso pro “gatillo fácil” a pesar de que la resolución no avala lo realizado por el agente de seguridad sino que impone que se haga todo el debate oral de vuelta. La presentación del fallo como una legitimación de la “doctrina Chocobar” que hacen el presidente Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich no es ingenua. Uno de los abogados defensores del uniformado, Fernando Soto, es un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación e integra la comisión de reforma del Código Penal por decisión del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
El fallo y la manipulación
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El caso Chocobar es paradigmático porque se utiliza para legitimar la “mano dura”. El 8 de diciembre de 2017, durante el macrismo, el policía Luis Chocobar mató por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc en el barrio de La Boca luego de un robo. Chocobar dijo que Kukoc lo quiso atacar con un cuchillo pero la prueba demostró que sus disparos fueron mientras el joven intentaba escapar. Apenas sucedió el hecho, el agente recibió el respaldo de Bullrich, que también era ministra de Seguridad. Tras una investigación judicial, Chocobar fue procesado y enviado juicio. En 2021 el policía fue condenado a dos años de prisión en suspenso. Lo habían considerado responsable de cometer un homicidio agravado con “un arma de fuego” en “exceso del cumplimiento del deber”.
La sala II de la cámara, integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Dias, resolvió este lunes anular aquella condena y que el juicio se haga de vuelta. Para eso apartó al Tribunal Oral de Menores Nº 2 que había intervenido en el caso y ordenó que se sortee un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional para llevar adelante el nuevo proceso. Es decir, no se absolvió al agente. La Justicia ordenó que todo el debate oral se haga de vuelta.
Sarrabayrouse señaló que no es posible “ejercer casación positiva (dictando la absolución de Chocobar, como pide su defensa; o bien condenándolo por un delito más grave, según la solicitud de la querellante), porque ello supone realizar una serie de asunciones fácticas y jurídicas que el registro de la prueba producida aquí no permite efectuar sin la correspondiente y necesaria inmediación”. “Menos aún, a la luz de las importantes divergencias detectadas en las interpretaciones e inferencias de cada voto sobre puntos cruciales del hecho juzgado”, añadió. Y concluyó: “En otras palabras, no estamos ante un caso en que se detecta un liso y llano error en la valoración de la prueba (o en la aplicación de la ley), sino que, de acuerdo con el examen efectuado, ni siquiera es posible extraer inferencias claras y precisas de todo el material probatorio colectado sobre las cuestiones fácticas elementales que hacen a lo medular de la imputación”.
El gobierno, con Milei a la cabeza, salió a festejar el fallo, que se presentó como un aval a la conducta de Chocobar. De esta forma el oficialismo manipuló el fallo para seguir agitando la doctrina Chocobar. El propio Milei se hizo eco del fallo en las redes sociales, lo presentó como un gesto hacia Chocobar y atacó al prestigioso jurista Raúl Zaffaroni: “Un tiro para el lado de la justicia... Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina zaffaroni. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.
La decisión presidencial no fue aislada. Hubo tuits celebratorios por parte de los responsables de la represión en su gobierno. Por un lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó: “La doctrina Chocobar siempre fue, es y será el cumplimiento del deber de un buen policía: cuidar a los argentinos de bien. El Tribunal de Casación Penal evaluó que era un juicio mal hecho y una sentencia arbitraria. Llegó la justicia para Chocobar. Un fuerte abrazo, Luis”. Lo que no dice Bullrich es que el juicio se debe hacer otra vez y la condena podría ser peor para el policía.
También tuiteó el ministro de Defensa, Luis Petri: “Es una gran noticia la revocación de la injusta condena a Chocobar! Siempre lo dijimos, actuó en cumplimiento del deber! Presente en el Congreso en ese momento la ‘Ley Chocobar’ para proteger a los que nos protegen! Es Justicia!”, festejó.
El presidente de la Nación, la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa de la Nación salieron al unísono a festejar un fallo que presentaron como algo que no fue: una legitimación de lo actuado por Chocobar.
Es tal la identificación de la política de seguridad con la “doctrina Chocobar” que uno de los abogados del policía, Fernando Soto, tiene un cargo jerárquico en el ministerio de Seguridad que conduce Bullrich. Es “director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación”. También había sido funcionario de Seguridad con Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la actualidad, el gobierno de Milei le dio más “honores”. Además de un cargo en Seguridad lo nombró en la Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación. El 13 de marzo pasado, a través de la resolución Resolución 48/2024, el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona lo sumó a un “grupo selecto” que integran entre otros la jueza María Eugenia Capuchetti, que no investigó como correspondía el atentado contra CFK, y el camarista Mariano Borinsky, quien visitaba en secreto a Macri en la Quinta de olivos y la Casa Rosada antes de resolver en fallos de persecución judicial.
Como era de esperar, el abogado de Chocobar y funcionario de Bullrich, se hizo eco del fallo de la Cámara Nacional de Casación y tuiteó: “Notición: la Sala II de la Casación Nacional anuló el juicio oral que le hicieron a Chocobar! Manda a hacer un nuevo juicio oral. Estoy leyendo el fallo ahora mismo. Ley y Orden!!”. Luego le agradeció la celebración al Presidente y adelantó sus próximos pasos en este proceso: “Muchas gracias Sr. Presidente de la Nación!! Nos opondremos a un nuevo juicio. Pediremos a la Corte Suprema su absolución. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Ley y Orden!”.
Si la Corte hiciera lugar a su petición entonces sí el oficialismo tendría motivos para festejar. Pero eso, al menos por ahora, asoma muy lejos en el horizonte.
“No se absolvió a Chocobar ni se respaldó su accionar”
Ante la manipulación que llevó adelante el gobierno en este caso tan sensible, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó en redes sociales: “La Cámara de Casación porteña no absolvió al policía Luis Chocobar ni respaldó su accionar, como pretende instalar el gobierno nacional. Los jueces señalaron que el tribunal que lo condenó en 2021 no fundamentó bien su sentencia”. Y desde la prestigioso organismo que defiende a los DDHH se añadió: “La Casación indicó que no se hizo una valoración correcta de la prueba ni se argumentó bien la decisión, lo que terminó con una condena leve contra Chocobar. Por ese motivo, ordenó realizar un nuevo juicio”. Este nuevo juicio, que deberá realizar un Tribunal Oral Criminal y Correccional, puede derivar en la absolución del policía –como pretende el gobierno de Milei- o en una condena mucho más grave.
En diálogo con El Destape, la exministra de Seguridad Sabina Frederic (2019-2021), quien preside “En Foco”, un Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias, consideró que lo segundo es mucho más factible que lo primero si se aplica la ley. “El caso Chocobar es emblemático para los gobiernos de ultraderecha, securitarios, que tienen un interés claro de que salga el fallo a favor de la doctrina que montó Bullrich. Pero no sabemos qué sucederá con el próximo juicio. Chocobar sigue procesado. Este lunes e dejó sin efecto el resultado del juicio anterior. Pero volverá a ser juzgado. Mientras el Código Penal siga teniendo el artículo 34 como está hasta ahora, que es como estaba en 2017 cuando Chocobar mata al joven de 17 de años, no es posible hacer mucho más a su favor de lo que se hizo en la sentencia que ahora se anula”, explicó Frederic. ¿Qué establece el artículo 34? Los hechos que no son punibles y donde se establece qué es una legítima defensa. Ese artículo es que pretende modificar Bullrich. Quiere que el Congreso establezca una “legítima defensa reforzada” donde se le dé mayor libertad de acción para gatillar a los uniformados. Esa modificación está en el proyecto “Ley de Orden Público” que el oficialismo envió al Congreso en marzo pasado. “Aun cuando Bullrich consiga que el Congreso apruebe lo que ella pretende para la legítima defensa eso no será retroactivo”, resalta Frederic. Es decir, no podrá aplicársele a Chocobar.
Frederic recuerda que Bullrich ya emitió la resolución 125/2024, en marzo de este año, con la que establece que aún por falta de peligro inminente se puede atacar a una persona en fuga que sea señalada por otro como que cometió un acto delictivo. “Hoy un policía hirió a una maestra que creyó que le estaba robando el auto cuando se estaba subiendo a su propio auto. La docente está internada. Ayer hubo un homicidio por parte de la Gendarmería. Hay una idea de protección falsa que instaura Bullrich con estos protocolos porque, en verdad, esta habilitación a excederse en el uso de la fuerza a través de la legítima defensa genera vulnerabilidad para la ciudadanía”, aseguró la exfuncionaria.
Interrogante
Ante este cuadro de situación se abre un interrogante: ¿Podían los integrantes de la sala II de la Cámara Nacional de Casación extender los plazos para evitar emitir el fallo ahora, que está tan en boga impulsar la doctrina Chocobar? Fuentes del tribunal explicaron a este medio que no. “Una vez que corren los plazos tienen obligación de contestar los recursos y sacar la sentencia en el plazo previsto”, indicaron desde la cámara a este medio. “La revisión que hicieron es que la sentencia es incongruente y los camaristas estuvieron atados a este resultado. Por eso ordenaron sortear un nuevo Tribunal Oral Criminal para que realice un nuevo juicio”, agregaron. Y resaltaron: “Los camaristas no hablaron de la conducta de Chocobar, ni de legítima defensa ni nada de eso. Y está bien porque sino hubieran adelantado opinión”.
La doctrina Chocobar en el gobierno de Milei
La política de seguridad del gobierno de Milei se enmarca en la doctrina Chocobar. Así lo dispuso Bullrich con una serie de resoluciones internas en el ministerio que encabeza así como con proyectos de ley que impulsó hacia el Congreso.
En marzo pasado, por ejemplo, la ministra de Seguridad anunció un nuevo Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Es una herramienta más para ejecutar la "doctrina Chocobar", ya que ofrece un gran margen de discrecionalidad para que los uniformados gatillen sus armas ante lo que consideren un "peligro inminente".
Se trata de la mentada resolución 125/2024, por la que Bullrich habilita a los agentes a usar armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos” y se den una serie de circunstancias como:
- La "defensa propia o de otras personas, cuando hubiere peligro inminente de muerte o de lesiones graves".
- "Impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas o ponga en peligro, de cualquier modo, la vida de otras personas".
- "Proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad";
- "Impedir la fuga de quien represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, y hasta lograr su detención";
- "Mantener la seguridad y el orden en los establecimientos de detención cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas que se encontraren bajo custodia o detenidas o de quienes tienen a su cargo su seguridad".
El discurso y la política de seguridad que impulsa el gobierno de Javier Milei tienen consecuencias concretas. Entre enero y abril de este año, es decir, durante el gobierno de Milei, se registró un 65% más de casos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires que en el mismo período del año pasado, según datos registrados por la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa porteño, que entre otras funciones, se encarga de contactar y ofrecer asistencia inmediata a quienes han sido víctimas de las violencias institucionales.
Pablo Ibarra, responsable de la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional del MPD porteño, explicó a El Destape: “El discurso de orden y mano dura no pareciera traducirse en mayor seguridad o prevención del delito, pero lo que sin duda aumentó este año fue la violencia institucional. Con mucha preocupación observamos que en el período enero-abril de 2024 se registraron 771 hechos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, un 65% más de los 467 que registramos en el mismo periodo del año pasado”. “En este contexto, urge advertir sobre el peligro que conlleva la respuesta represiva como herramienta para la gestión de los conflictos, más aún ante la instalación de narrativas estigmatizantes y criminalizantes, que asocian a los sectores más postergados de la sociedad con el delito y acaban legitimando el uso abusivo de la fuerza por parte de policías y fuerzas de seguridad”, agregó Ibarra.
Con la manipulación del fallo judicial que hizo este lunes, el gobierno nacional busca seguir con la misma línea represiva. Y hasta profundizarla, instalando una legitimación judicial de la “doctrina Chocobar” que no existió.
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