Fallo de Casación: el prófugo Pepín Rodríguez Simón a un paso de volver a la Argentina sin ser detenido

El operador macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón, que lleva más de 1.300 días prófugo de la Justicia, está a un paso de regresar a la Argentina sin ser detenido. El miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de 3 camaristas designados allí por Mauricio Macri, rechazó la queja interpuesta por los abogados de Fabián De Sousa y dejó firme la exención de prisión que pidió Pepín y que otorgó la jueza María Servini bajo una caución real de $3.120.000.000 y la imposición de una serie de obligaciones procesales. Es decir que si Rodríguez Simón cancela la fianza fijada ya puede volver al país.

La jueza Servini había hecho lugar en mayo a que el abogado retorne a la Argentina sin ser detenido para poder avanzar con su indagatoria en un caso de persecución judicial contra los dueños del Grupo Indalo del que Pepín fue protagonista durante el macrismo. Ese llamado a indagatoria fue el que motivó la fuga del ex asesor de Macri, quien lleva casi 3 años prófugo en Uruguay donde nunca consiguió que lo consideraron un refugiado político.

La decisión de Servini, que fue cuestionada por el fiscal Guillermo Marijuan, fue ratificada a fines de mayo pasado por la Cámara Federal porteña con el voto de otros dos jueces designados por Macri: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Martín “Doctrina” Irurzun había votado en disidencia: se había manifestado en contra de conceder la exención de prisión. La decisión mayoritaria de la cámara porteña fue cuestionada por los representantes legales de De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, querellantes en esta causa en que se investiga la extorsión a los dueños del Grupo Indalo por parte del gobierno de Macri. Beraldi y Llernovoy recurrieron a la Casación para intentar revertir que el prófugo Rodríguez Simón pueda volver al país sin ser detenido. Este miércoles la Casación rechazó su planteo.

Los camaristas Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone coincidieron en rechazar la queja presentada por la querella. Mahiques y Carbajo votaron de forma conjunta. Recurrieron a una formalidad. Sostuvieron “que no se observa la existencia de cuestión federal suficiente o la verificación de un supuesto de arbitrariedad” por lo “que debe rechazarse la queja interpuesta, con costas”. Enfatizaron que “los magistrados anteriormente intervinientes analizaron correctamente el caso traído a estudio”. La referencia es a Bruglia y Bertuzzi. Petrone, en un voto separado, adhirió a lo expuesto por sus colegas.

Los tres camaristas que favorecieron al operador macrista fueron designados por Macri en Casación. Mahiques fue uno de los jueces que participó del viaje del Lawfare a Lago Escondido y fue puesto a dedo en el máximo tribunal del país por Macri, quien lo traspasó desde la Cámara de Casación Nacional. El “huemul” Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la gobernación bonaerense y es el padre del Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, operador judicial macrista también participante del vuelo a Lago Escondido, y de Ignacio Mahiques, que fue fiscal del caso Hotesur. Carbajo y Petrone también fueron designados en el máximo tribunal penal del país por Macri. Petrone, por ejemplo, se excusó de intervenir en el D’Alessiogate por su íntima amistad con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano.

La decisión de Casación deja firme lo resuelto por Servini por lo que si Pepín cancela la fianza fijada en primera instancia (que oscila entre los 2,3 y 3,2 millones de dólares, según qué modalidad de la divisa se tome) puede volver al país sin problemas. Si lo hace, Rodríguez Simón deberá también cumplir las medidas procesales que ordenó la jueza que incluyen: comparecer en el juzgado una vez por mes, dar aviso al tribunal si se ausenta más de 24 horas de su domicilio y la prohibición de la salida del país. Cumplida con la caución, la jueza da de baja el pedido de captura nacional e internacional y la inhibición general de bienes así como el congelamiento bancario que pesaba sobre el asesor de Macri. Vale resaltar que ninguna de estas dos últimas medidas económicas obstaculizaron que el operador macrista pudiera solventarse la vida en Uruguay por casi 3 años.

La querella puede recurrir lo resuelto por Mahiques, Carbajo y Petrone ante la Corte Suprema. Es factible que los supremos digan que no hay sentencia definitiva y que por ello la impugnación es inadmisible. Pepín Rodríguez Simón conoce muy bien a los cortesanos. Fue quien propuso a Macri nombrar a Carlos Rosenkrantz –su amigo- y a Horacio Rosatti en comisión en la Corte Suprema. En este expediente llegó a declarar Rosenkrantz como testigo, por su amistad con Pepín.

Estos vínculos judiciales no debieran sorprender. Pepín Rodríguez Simón fue un operador todoterreno de Macri. Fue desde su abogado en las causas por los Panamá Papers a integrante de la Mesa para apriete de Jueces y Fiscales, una figura clave en la extorsión a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y gestor de maniobras para apuntalar los tarifazos en la era PRO, entre un sinnúmero de tropelías. Huyó a Uruguay cuando era investigado en esta causa en la que se analiza el desguace del Grupo Indalo. Cuando se fugó no pesaba sobre él ninguna orden de detención sino simplemente el llamado a indagatoria de Servini al que ahora decidió allanarse.

Es más que claro que Pepín decidió revincularse al proceso judicial tras la victoria electoral de Javier Milei. Considera que ahora están dadas las condiciones de protección política y judicial para regresar a la Argentina.

A principios de mayo, cuando otorgó la exención de prisión solicitada, la jueza Servini resaltó que no perdía “de vista que en los próximos días – 21/05/2024 - se cumplirán tres años desde la declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura librada respecto de Fabián Jorge Rodríguez Simón”. No obstante, dijo la jueza, “pondero el cambio de actitud que tuvo el imputado y que acceder a lo solicitado permitiría avanzar en el trámite del expediente, en principal sobre su situación procesal, posibilitando que se cumpla con la declaración indagatoria que oportunamente ordené, y que en consecuencia pueda ejercer su derecho de defensa”. La magistrada fundamentó su decisión en que al conceder el pedido de Pepín puede avanzar con el proceso.

De alguna forma es reconocer que Pepín logró su cometido. Quizás por eso la magistrada se vio en la obligación de exponer las contradicciones en que incurrió Rodríguez Simón para justificar su evasión de la Justicia por más de 3 años. Porque el operador judicial consideraba que la misma jueza a la que ahora se allana impulsaba una persecución en su contra. “No puedo dejar de remarcar que ese cambio de actitud lo único que demuestra era lo errado que estaba el beneficiario en su idea de considerarse ‘perseguido’, y temeroso de que se agravaran sus ‘garantías constitucionales’”, resaltó Servini. “Así como libremente se sustrajo del proceso, de manera voluntaria pretende volver a someterse a la jurisdicción de la misma Magistrada de la cual se fugó, en un proceso que él mismo tildó ‘plagado de irregularidades procesales y donde no se le permitió ejercer su derecho a defensa en juicio’”, agregó la magistrada, que no obstante le concedió la exención de prisión.

La extorsión al Grupo Indalo: “Yo soy Macri”

En la causa en que se analiza la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López –que llegaron a estar detenidos durante el macrismo-, se estudiaron algunas de las llamadas telefónicas del expresidente Macri. En palabras de Servini, lo que se investiga en este proceso –a partir de una declaración judicial de Fabián De Sousa- son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.

Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso, fueron indagados en esta causa desde el exjefe del ente recaudador, Alberto Abad, a directores del organismo.

“Yo soy Macri”, le dijo “Pepín” Rodríguez Simón al empresario Cristóbal López en medio del intento de desguace del Grupo Indalo, según declaró uno de los dueños de C5N en sede judicial en noviembre de 2019. El cargo oficial de "Pepín" durante la presidencia de Macri fue director en YPF, pero lo cierto es que atendía en un despacho en la Casa Rosada y tenía a cargo tareas que nada tenían que ver con la petrolera.

Los vínculos judiciales de Rodríguez Simón fueron claves para las gestiones del gobierno de Macri en distintos ámbitos. En el marco de esta causa por el desguace del Grupo Indalo la jueza Servini ordenó una revisión de las llamadas frecuentes de "Pepín" entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. Contaba sólo por la línea del celular, no por WhatsApp u otra aplicación. Tal como informó El Destape, allí aparecieron:

• 59 llamados con el entonces presidente de la Corte Suprema Rosenkrantz.
• 38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.
• 17 con el actual presidente de la Corte Rosatti.
• 162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, integrante de la Mesa Judicial macrista.
• Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación. Desglosado, incluyen: 99 llamados con abonados de Presidencia; 477 con abonados de la Secretaría General de la Presidencia; más de 340 llamados con abonados de la jefatura de Gabinete; y 29 con la Secretaría de Legal y Técnica.
• 15 con José Torello quien era asesor presidencial y fue quien acercó a “Pepín” con Macri. También integraba la Mesa Judicial Pro.
• 231 llamados con abonados del Grupo Clarín, de los cuales 182 son con el Nº 2 del diario, Ricardo Roa.
• 129 contactos con el diario La Nación.

Todos estos llamados no se explican por la función institucional de Rodríguez Simón, quien también ingresaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –ahora SIDE- a cargo de Gustavo Arribas. Con todo esto, la jueza Servini lo citó a indagatoria el 18 de marzo de 2021 en el caso Indalo. La indagatoria es la primera instancia de defensa de un acusado. Entonces, Pepín se fugó. Había partido a Uruguay en diciembre de 2020 y no volvió más.

Pasaron más de 3 años de aquella partida. Cambió el gobierno y ahora Rodríguez Simón se siente blindado a nivel político y judicial. Los recientes fallos a su favor con 5 votos de jueces designados por Macri parecen explicar sus intenciones de volver.