Espionaje en cárceles: los puntos débiles de la declaración indagatoria de Arribas

El jefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas, fue indagado este miércoles por el espionaje ilegal en cárceles. El exseñor 5 se negó a responder preguntas y rechazó las imputaciones en su contra. Ante el contundente caudal probatorio, como el hallazgo en los celulares de espías de la AFI de fichas de dirigentes políticos detenidos, el escribano se desligó de los hechos pero acusó al área de Contrainteligencia por no detectar las ilegalidades y denunciarlas. Respecto a las escuchas ilegales en el penal de Ezeiza apuntó contra la Justicia: “La agencia no materializó durante mi gestión ninguna intervención telefónica”, se intentó defender. Indicó que eso lo hacía la DAJuDeCO, que depende de  la Corte Suprema de Justicia –la cabeza del Poder Judicial fue cuestionada por CFK por ser la impulsora del Lawfare-. No obstante, y así lo ratificó Arribas, el organismo de inteligencia hacía las transcripciones y hasta analizaba las escuchas del caso Segovia, que fue el que se usó de coartada para intervenir los teléfonos del Complejo Penitenciario Federal I. Es decir, tenía el material en sus manos. Y hay constancias de que lo tuvo al momento en que las desgrabaciones de esas escuchas llegaron a manos de Elisa Carrió y Carlos Stornelli. 

La declaración de Arribas se extendió por casi 30 minutos. Lo escucharon el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y la fiscal Cecilia Incardona. Su ponencia, que fue una ampliación de indagatoria, se basó en tres ejes: 

-La suscripción de un convenio entre la AFI y el Servicio Penitenciario Federal, que según la acusación habría servido de cobertura del espionaje ilegal en la cárcel. 

-Las tareas ilegales de inteligencia desarrolladas por agentes de la AFI en los penales.

- La filtración de las escuchas de la cárcel de Ezeiza.

Como ya sostuvo en sus anteriores indagatorias, el escribano e íntimo amigo de Mauricio Macri negó “terminantemente haber cometido algún delito en contra de la ley de inteligencia". "Nunca ordené, promoví ni convalidé actividades de inteligencia ilegal durante mi gestión”, señaló.

Arribas fue el jefe de un organismo en el que decenas de agentes están acusados en la Justicia de realizar tareas de inteligencia ilegal sobre dirigentes políticos –oficialistas y opositores-, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Así se desprende de la causa de los Súper Mario Bros, que tramita en Lomas de Zamora (hay otras causas que investigan distintos tipos de espionaje en otras jurisdicciones). Algunos espías como Jorge Saez ingresaban a la Casa Rosada y se reunían con la titular de la Ofician de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. En esta audiencia puntual, al exseñor 5 se lo indagó por el espionaje en las cárceles donde las víctimas eran opositores. 

El convenio AFI-SPF como coartada

Respecto al convenio que firmó la AFI con el SPF no tuvo más remedio que confirmarlo. Afirmó que se realizó bajo el amparo de la ley, lo que no implica que no haya servido como cobertura de tareas ilegales. Con ese marco, Arribas ratificó un encuentro con el entonces titular de SPF, Emiliano Blanco, y el director de inteligencia del organismo penitenciario, Cristian Suriano. Pero dijo que fue para avanzar con el mentado acuerdo, que justificó en la política de inteligencia criminal que tenía su gestión. Un tanto flojo de argumentos señaló que como investigaban a bandas que actuaban desde dentro de las cárceles requerían un acuerdo con el SPF.  

“Es falsa y maliciosa la acusación de que el convenio fue autorizado como cobertura”, sostuvo. “Respecto del SPF su propósito fue la provisión de equipamiento  tecnológico al que se veía imposibilitado de acceder debido a su carencia presupuestaria”, señaló sobre el supuesto interés en el acuerdo que tenía el Servicio Penitenciario. Pero según se desprende del testimonio judicial del jefe de inteligencia del SPF en este mismo expediente, nunca recibieron el equipamiento: Suriano dijo que se reunió con la cúpula de la AFI “en el año 2018, en el mes de junio” para avanzar “con un intercambio de tecnología que nunca recibimos”.

El espionaje de los agentes

Arribas dijo que no tenía trato directo con el jefe operativo de los Super Mario Bros, Alan Ruiz, tal como sostuvo en sus anteriores indagatorias que brindó en el marco de este mismo proceso judicial. Y en pos de desligarse de los hechos, acusó a los directores de Contrainteligencia por no advertir los ilícitos que salieron a la luz.

“Cualquier delito o conducta irregular de los agentes debió haber sido denunciada y detectada en primer lugar por la propia Dirección Operacional de Contrainteligencia, que es la principal responsable del cuidado y control de la conducta de los agentes”, señaló y apuntó contra agentes que estaban por debajo suyo. Concretamente, contra “los máximos responsables de la Dirección Operacional de Contrainteligencia”. “Pero también debió ser denunciada por cualquier agente involucrado o que haya tomado conocimiento de esas actividades. No existe la Obediencia Debida en la Ley de inteligencia”, añadió. Lo cierto es que nada dijo sobre, por ejemplo, por qué aparecieron fichas de los dirigentes políticos detenidos en los teléfonos de los agentes de la AFI. Y un dato no debe pasar desapercibido: desde Contrainteligencia afirmaron en sede judicial que las decisiones que tomaron fueron pedidas por el área de Jurídicos, cuya dirección fue imputada en este expediente. El director de Jurídicos de la AFI durante el macrismo fue Juan Sebastián De Stéfano, un hombre cercano a Daniel Angelici, quien será indagado en los próximos días luego de que lograra una postergación.

La defensa de Arribas es que “no surge ninguna orden directa o indirecta, verbal o escrita de mi parte para la producción de inteligencia ilegal”. Sería bastante desprolijo si se encontrara una orden en ese sentido. Por el contrario, ese tipo de tareas se realizan con coberturas, que es lo que está investigando la Justicia en Lomas de Zamora. “No hay ninguna responsabilidad subjetiva mía referida a los hechos de inteligencia ilegal y de nuevo se intenta ponerme una responsabilidad exclusivamente por haber sido el director de la Agencia Federal de Inteligencia. No existe la responsabilidad objetiva en el Derecho Penal”, insistió el exseñor 5 en pos de desentenderse de la imputación que pesa sobre él en este proceso, que busca llevar a los tribunales de Comodoro Py. 

Escuchas ilegales 

Sobre las escuchas ilegales de dirigentes políticos detenidos en la cárcel de Ezeiza, Arribas afirmó: “Durante mi gestión, la agencia nunca materializó una intervención telefónica y esto es así porque desde el inicio, las intervenciones telefónicas estuvieron en primer lugar bajo el ámbito de la Procuración General de la Nación (NdelR: no hubo una filtración) y luego de la Corte Suprema, específicamente en la DAJuDeCO”. “Las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por jueces en sus respectivas causas y producidas por la propia DAJuDeCO”, remarcó.

La coartada para grabar de forma ilegal a los presos políticos fue una causa en la que se investigaba al narco Mario Segovia, detenido en el penal de Ezeiza, donde también se encontraban diversos dirigente políticos. Los teléfonos de la cárcel se habían intervenido para escucharlo a él. De hecho, según la documentación judicial, el SPF debía informar la hora en que hablaba Segovia para que se escuchara únicamente ese momento y no al resto de los detenidos. El punto es que la desgrabación de esos audios estaba en manos de la AFI. Por eso, la exSIDE pudo escuchar lo que conversaban los dirigentes detenidos. Y luego filtrarlo.

En el caso Segovia, la agencia fue convocada como auxiliar de justicia “con lo cual se limitó a transcribir y analizar la parte relevante para la investigación para su posterior elevación al juzgado. La AFI no ordena ni materializa intervenciones telefónicas. Simplemente transcribe y analiza el material que recibe por una orden judicial”, afirmó Arribas.

Luego, el exjefe de la AFI macrista apuntó contra la Justicia: “Me llama poderosamente la atención la imputación respecto a las intervenciones telefónicas porque estas fueron ordenadas y controladas por el juez que intervino en la causa e inclusive por su señoría. Ni los jueces que intervinieron ni el MPF que intervino en la causa hizo mención  alguna a una irregularidad en el trabajo de la agencia”, se defendió. “Es decir, el trabajo de la agencia no fue cuestionado en la causa”, dijo.

Lo cierto es que la utilización de causas judiciales por parte de la AFI macrista para darle cobertura a tareas de inteligencia ilegal parece una constante. Sucedió en el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria que se investiga en el marco de este proceso. Ese expediente se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien pidió que se cite a prestar declaración testimonial al juez Federico Villena, que fue el magistrado que intervino en el expediente que se usó como coartada. Aún no fue citado. Es el mismo juez que tuvo intervención en el caso Segovia. Según afirman desde el entorno de Villena, fue engañado por la AFI. Aseguran que no estaba al tanto de ninguna de las maniobras que realizó la exSIDE y que sólo ordenó escuchar a Segovia. 

Las filtraciones

Para finalizar, Arribas se refirió a las filtraciones de las escuchas: “Debo decir que nunca tuve acceso a los audios, no escuché los audios y del análisis de la prueba del expediente no se encuentra ninguna responsabilidad de la agencia respecto a las filtraciones. Por último, niego terminantemente haber sido parte de una organización criminal”. Si la AFI no filtró las escuchas, entonces esa filtración provino de la Justicia es lo que se deduce de lo planteado por el escribano.

Hubo dos tipos de filtraciones de estas escuchas a presos políticos detenidos en Ezeiza. La primera fueron las transcripciones de las escuchas, que llegaron a manos de Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli. Ambos las llevaron a Comodoro Py el 8 de febrero de 2019 y dieron inicio a lo que se conoció como “Operación Puf”. Lo curioso es que eso sucedió luego de que saliera a la luz el D’Alessiogate, caso en el que la propia AFI quedó involucrada. Hay constancias de que la AFI tuvo el material en su poder al momento de los hechos, tal como reveló El Destape. 

El segundo momento fue la filtración de las escuchas en sí, cuyos audios llegaron a los programas de Jorge Lanata y Luis Majul y también sirvieron para darle impulso a la "Operación Puf".  

Cómo sigue la causa

Tras la declaración de Arribas se espera que este jueves declare en indagatoria quien fuera su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, y el agente Leandro Araque. El viernes será el turno de Alan Ruiz –jefe operativo de los Super Mario Bros- y del espía Facundo Melo. Se espera que el lunes se cierre esta tanda de 25 indagatorias que se dieron en el “capítulo penitenciario”. Entonces, el juez estará en condiciones de empezar a resolver la situación procesal de los imputados.  

De acuerdo a la acusación, “los imputados, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia practicaron acciones de inteligencia ilegal respecto de las personas privadas de su libertad imputadas de haber cometido actos de corrupción; pero también sobre sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con que las que ellos se vinculaba”. Así lo indicaron los fiscales Incardona y Eyherabide en el dictamen en el que pidieron las 25 indagatorias.

Entre las víctimas que surgen del legajo carcelario figuran: Carlos Zannini, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Fernando Esteche y Fabián de Sousa, entre tantos otros detenidos. En los chats que mantuvieron los acusados y se recabaron como prueba aparece hasta un dossier de los abogados de los detenidos.

Los fiscales, quienes tienen delegada la investigación, dieron por probado que el material que surgía del espionaje en el SPF se giraba a la AFI.