Oreja PRO: Los jefes de inteligencia penitenciaria reconocieron el espionaje en cárceles

Los ex jefes de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cristian Suriano y Juan Carlos Silveira, involucrados en el "capítulo carcelario" del espionaje ilegal, prestaron declaración indagatoria y reconocieron muchos de los hechos que se les adjudican. Los dos imputados dieron testimonio el jueves ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Ante la contundencia de las pruebas que los complican, que se desprenden de allanamientos y teléfonos celulares, buscaron instalar la idea de que las tareas de inteligencia a los dirigentes políticos detenidos en Ezeiza las realizaron por cuestiones de seguridad. Respecto a las escuchas a los presos K, Suriano apuntó contra el juez Federico Villena y la AFI. 

Tal como surgió de la pesquisa de los Super Mario Bros, que compromete a la AFI y al SPF macristas, los penitenciarios tenían un grupo de Whastapp donde compartían material de inteligencia. Se llamaba “Círculo de confianza”. De acuerdo a los investigadores, estaba “conformado por los jefes e integrantes de divisiones de la Dirección de Análisis de la Información”, es decir, la dirección de Inteligencia, que estaba a cargo de Suriano. Silveira lo secundaba.

Al ser consultado en la indagatoria por ese grupo de chat, Suriano afirmó: “El 'Círculo de confianza' no transmitía información de inteligencia ni clasificada sino información pública de la unidad”. Dijo que él “necesitaba el insumo permanente para mantener informada a la dirección nacional (del SPF) de determinados eventos que sucedían en los establecimientos”.

Cuando los fiscales le preguntaron a Suriano por el registro de las visitas a los dirigentes políticos detenidos, especialmente las de los diputados y referentes de organizaciones de derechos humanos que se acercaron a la cárcel Ezeiza, contestó que “llamaba al director nacional para decirle que en la unidad estaba un diputado” porque el director nacional (en su momento, Emiliano Blanco) “era el responsable político de gestionar estos espacios”. “El superior era el ministro”, aclaró, en referencia implícita al ex ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, quien recientemente se hizo el distraído respecto al espionaje ilegal en las cárceles.

Un pasaje importante de la indagatoria al jefe de inteligencia del SPF se centró en los objetivos del programa penitenciario “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), que creó el macrismo. “Para mí los IRIC eran una pérdida de tiempo”, dijo sobre los dirigentes políticos detenidos. “Eso se crea a nivel macro y me la tuve que fumar (sic)”, añadió.

También confirmó que se reunió con Blanco y los jefes de las AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. “Fue en el año 2018, en el mes de junio”, señaló. Lo curioso es que ese encuentro, según dijo, era para avanzar “con un intercambio de tecnología que nunca recibimos”. Además, contó que mantuvo una reunión a solas con Majdalani en la AFI, en teoría por “el contexto del crimen organizado”. 

No fue su único vínculo con la AFI. Suriano es amigo de otro imputado en esta causa: el exagente de inteligencia Jorge Sáez, quien ingresó a la exSIDE durante el macrismo para ser el jefe operativo de los Super Mario Bros. El “Turco” Sáez es un ex penitenciario que pasó a la Casa de espías desde la Policía de la Ciudad. “Venía tres o cuatro veces al año a tomar mate y comer facturas”, dijo respecto a las visitas que le hacía el agente de la AFI. Los investigadores le adjudican a Sáez participación en diversas operaciones clandestinas.

Suriano también conoció a otro de los líderes de los Super Mario Bros: Alan Ruiz, quien también pasó por la Policía de la Ciudad, hizo una escala en el ministerio de Seguridad de la Nación y de allí aterrizó en la AFI. El vínculo entre ambos fue Sáez. Ruiz estuvo junto a Suriano en una visita al Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza, donde estaban los presos políticos.  

Según Suriano, Ruiz era el encargado de coordinar la entrega de la tecnología para el SPF y por eso recorrió la cárcel. De acuerdo a la investigación, esa fue la coartada que tejieron la AFI y el SPF para poder intercambiar información con una pantalla legal. De hecho, cuando los fiscales le preguntaron por qué fue con Ruiz al pabellón IRIC cuando los potenciales conflictos de los que habló estaban en otros módulos se quedó sin argumentos: “La verdad, cualquiera que entraba al Complejo 1 decía ‘quiero ir al IRIC’. Estuvieron 5 minutos”, fue lo único que pudo decir.

Una de las tantas pruebas que compromete a la cúpula del SPF es que se hallaron partes de inteligencia penitenciarios en los teléfonos de agentes de la AFI imputados en esta causa. “Yo no creo haber entregado nunca nada de eso a agentes de la AFI”, intentó defenderse Suriano. “No obstante lo cual, he visto la prueba”, agregó. Y cerró: “No descarto que haya podido pasar pero descarto de plano haber entregado ese material”.

Escuchas ilegales

Otra pregunta que hicieron los fiscales a Suriano fue sobre su relación con la “causa Segovia”, por la que la Justicia intervino los teléfonos del penal de Ezeiza durante el macrismo. La orden fue escuchar solamente al narco Mario Segovia por una investigación en curso, que se abrió en 2016. El SPF tenía que indicar el momento en que Segovia tomaba el teléfono en la cárcel y cuándo cortaba. El material se enviaba a la AFI para su desgrabación. De allí salieron las escuchas ilegales a detenidos políticos que se encontraban en el mismo pabellón y se usaron para armar la Operación Puf, el caso que creó la exSIDE macrista y se llevó a Comodoro Py para intentar derribar el D’Alessiogate. Suriano dijo que no tuvo contacto con la AFI por el  caso Segovia: “Todo nuestro vínculo era con el doctor Villena”, que es el juez de Lomas de Zamora que estaba a cargo de la pesquisa. Es el mismo magistrado que dio origen a esta causa de los Super Mario Bros y quien realizó allanamientos al SPF, cárceles y llamó a la primera tanda de indagatorias. Luego fue apartado por la Cámara de La Plata.

“Jamás sugerí iniciar esta causa (Segovia). En principio fue ordenada la dirección nacional para que trabajemos en este caso”, aseguró el ex jefe de inteligencia del SPF. Y añadió que remitían “los listados de las veces que el interno hablaba de los pabellones públicos. Cada vez que el interno levantaba el teléfono poníamos el minuto”, contó. ¿Cómo sabían cuándo hablaba? Por el seguimiento que hacían con cámaras, que instalaron en el penal de Ezeiza otras dependencias del SPF, dijo Suriano.

El jefe penitenciario también se desentendió del cambio de pabellón de Segovia, a quien se trasladó a pabellones IRIC, lo que permitió a la AFI escuchar a los detenidos políticos. “Nosotros no tenemos nada que ver. La decisión del traslado fue del complejo penitenciario”, indicó. Y agregó que no sabían “que estaban tomados los teléfonos de otros pabellones” del penal.

Otro de los hechos que le adjudican los investigadores a Suriano es haber recibido reportes de inteligencia sobre los jueces que juzgaron al militar César Milani, otro de los detenidos en Ezeiza. ¿Qué dijo al respecto? “Lo voy a explicar porque me voy a hacer cargo. Yo quería saber cuál era el pensamiento de esos jueces. Necesitaba elaborar una respuesta rápida para el colectivo de lesa humanidad –dijo, en referencia a los genocidas-. Ese colectivo no andaba muy bien con Milani. Yo necesitaba tener rápidamente algo público para ver si ensayábamos una respuesta para calmar a un determinado grupo”, aseguró. Y buscó defenderse al sostener que la información que solicitó “es pública”. 

Suriano también confirmó que pidió reportes de docentes universitarios del centro de Ezeiza. Quería saber “quiénes son en función de la auscultación que hacíamos para ver si tenían vínculos con otros internos”. Una vez más, dijo que eso no era ilegal.

El espionaje a los abogados 

Otro de los indagados este jueves fue el penitenciario retirado Juan Carlos Silveira, quien fue el número 2 de Suriano en el área de Inteligencia. Tenía oficina en la sede del SPF ubicada sobre la calle Varela al 200, en Flores. 

Silveira relató que recolectaban información en el penal sobre los detenidos, puntualmente, sobre los “mediáticos”. ¿Con qué objeto se obtenía información de personas que salían en los medios? Para “tratar de resguardar la persona del interno como del grupo donde iba a ser alojado”, indicó en su indagatoria. “Tenemos que saber en lo posible todos sobre esas personas para evitar conflictos. Cuanta mayor información se tenga del interno uno mejor puede asesorar”, aseguró. Una vez más, la coartada para espiar fue “la seguridad”. Pareciera un modus operandi similar al que utilizó la AFI en determinadas causas judiciales para “blanquear” sus tareas de inteligencia.

Silveira fue preguntado por el espionaje a los abogados de los detenidos políticos. Concretamente, sobre las fichas de los letrados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que representan a Amado Boudou y Roberto Baratta, quienes estaban detenidos en Ezeiza. Esgrimió una respuesta insólita: “Se relevó lo que hacía a esas personas cuando los internos tenían que bajar a comparendos. Para ver de que fuesen esas personas y no otras. Tuvimos casos de abogados que se hicieron pasar por otros”.

Incluso, abundó: “Me interesaba saber el defensor de ese interno y la información que había. No estoy haciendo nada ilegal. La información que tomé era de medios públicos”. “Me urgió la necesidad de saber quiénes eran y los googlee. Quería saber quiénes eran y si defendían a otros internos. Era todo información pública”, insistió. Cuando los fiscales le consultaron cómo utilizaban la información recabada sobre los abogados en relación al sistema IRIC, Silveira no supo bien que contestar. 

La imputación

Según la imputación que pesa en su contra, Suriano y Silveira integraron en el SPF una “organización criminal establecida por Emiliano Blanco”. Junto a otros funcionarios, y siguiendo las directivas de Blanco, “fueron los encargados de obtener, almacenar y sistematizar información sobre personas” mediante espionaje ilegal. “En todas las unidades y/o complejos penitenciarios y, puntualmente, en los que tenían dispositivos IRIC (U.31, CPF I y II); a través de su sistema de delegados, organizado y dirigido por Cristian Lionel Suriano, Director de la Dirección de Análisis de la Información, y coordinado por Sebastián Siri, como jefe de Delegaciones, quien concentraba toda la información, organizaba el trabajo de sus subalternos y se aseguraba de que los datos lleguen a sus superiores jerárquicos, se obtuvo información de propia mano sobre las actividades diarias que realizaba un grupo predeterminado de personas privadas de libertad. Esa información se transmitió y circuló por medio del grupo de Whatsapp ‘Círculo de confianza’”, precisaron el juez y los fiscales.

A Suriano le achacan recolectar “información de propia mano” de los detenidos políticos y transmitirla a la AFI “mediante comunicaciones telefónicas y/o encuentros personales, principalmente entre Alan Ruiz y Jorge Sáez, quienes a su vez la hacían llegar a Leandro Araque, Facundo Melo, Denise Aya Tenorio y Mercedes Funes Silva”. Estos últimos eran todos agentes de la exSIDE, quienes están imputados en este expediente. “Así, en el marco de la asociación descripta, los agentes de la AFI recibieron periódicamente parte de la información que los agentes del SPF recababan en el interior de los establecimientos penitenciarios”, indicaron los investigadores.

El exdirector del SPF Emiliano Blanco será indagado este lunes al igual que el director de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano. Se trata de dos actores claves en todo este entramado de espionaje ilegal que investiga la Justicia.