De la AFI a Carrió: cómo fue el tráfico de escuchas ilegales durante el macrismo

El “capítulo penitenciario” del espionaje ilegal que se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora puede convertirse en una verdadera caja de pandora. El expediente, en el que este viernes comenzó una ronda de 25 indagatorias, cruza diversos armados judiciales como Operación Puf y Cuadernos a la vez que revela la forma en que la casa de espías se hacía con escuchas ilegales. 

En el marco del “legajo carcelario” deberá declarar la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y volverán a prestar testimonio los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El jueves próximo, por ejemplo, serán indagados el exdirector de inteligencia del SPF, Cristian Suriano, y quien fuera su segundo, Juan Carlos Silveira. Mientras que el 30 de noviembre se espera la declaración del extitular del SPF, Emiliano Blanco, y del exjefe de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, un hombre clave en todo este entramado. El juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, considera que De Stéfano “sorteando la orden judicial, creó una oficina encargada de realizar la escucha total de todo el producido de los teléfonos públicos de los Pabellones IRIC”, es decir, donde estaban detenidos los dirigentes políticos.

Fue en este marco, que los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, también víctimas de las tareas de inteligencia ilegal de la exSIDE, pidieron el miércoles pasado que se sume a Elisa Carrió a esta tanda de indagatorias. La cofundadora de Cambiemos aparece vinculada a una maniobra que ideó la agencia para blindar al espía ilegal Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. La operación se realizó con las escuchas ilegales tomadas en los pabellones IRIC. Carrió las presentó en Comodoro Py apenas estalló el D’Alessiogate, en febrero de 2019. El caso recayó en el juzgado que estaba a cargo de Claudio Bonadío, quien se encargó de volcar las grabaciones en los casos Cuadernos y Operación Puf. 

Escuchas ilegales

A luz de lo que surge en la causa de espionaje de Lomas de Zamora, la AFI macrista se dedicó a hacer “escuchas ilegales”. El caso testigo que revela cómo actuó el organismo de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri es el “caso Segovia”, que es del que se valió la exSIDE para armar la Operación Puf, una maniobra destinada a derribar el D’Alessiogate. 

En el marco de los seguimientos al narco Mario Segovia, y a pedido de la AFI, la Justicia intervino los teléfonos del penal de Ezeiza. Así fue como la agencia comandada por Arribas y Majdalani escuchó y grabó las conversaciones de dirigentes kirchneristas detenidos, que nada tenían que ver con el objeto de esa causa. 

La forma en que la agencia se hizo de las escuchas ilegales revela que la maniobra pudo haberse repetido en otros expedientes. No debiera sorprender si aparecen nuevos cds con escuchas ilegales. 

Según las fuentes consultadas para esta nota, en la AFI hay muchos discos compactos encriptados que aún no pudieron ser analizados por la intervención del organismo. 

El mecanismo

Según se desprende del dictamen del 23 de octubre de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la dirección de “Asuntos Jurídicos escuchó conversaciones de los pabellones A, C y D del Módulo VI (del penal de Ezeiza), desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 por fuera de la orden judicial”. En esos tres pabellones se encontraban detenidos los dirigentes políticos. 

A través de la manipulación del caso Segovia, el SPF como la AFI tuvieron “acceso irrestricto a cada movimiento efectuado” por los detenidos en “esos pabellones IRIC que eran de interés para su espionaje por razones políticas, a cada llamada telefónica que realizaban, a cada visita que recibían, a cada conversación que mantenían entre ellos”. 

¿Cómo fue la mecánica? La Justicia dispuso el 11 de agosto de 2017 la intervención de los teléfonos del pabellón en el que estaba Segovia, a quien investigaba por el tráfico de artefactos explosivos. La orden judicial establecía que la inteligencia penitenciaria debía informar “los días, horarios y teléfonos utilizados por Segovia, a fin de que luego AFI sólo escuche y transcriba las conversaciones que aquél mantenía”. Algo que, como era previsible, no se respetó. 

Para peor, la maniobra continuó con el realojamiento de Segovia, a quien el SPF ubicó “en el pabellón A de la URVI, el mismo día en que el espacio fue asignado al sistema IRIC y, consecutivamente, alojaron en dicho pabellón a José María Núñez Carmona y Carlos Zannini, y en el pabellón aledaño a varias personas privadas de libertad de notoriedad pública, mediática y política como el ex vicepresidente Amado Boudou, Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner entre otros”. Es decir, lo ubicaron junto a presos políticos.

En agosto de 2018, luego de que se produjera el segundo ingreso del exvicepresidente Amado Boudou al penal, quien fue alojado en el pabellón C, la AFI en tándem con el SPF logró la “ampliación de la orden judicial de intervención de los teléfonos públicos instalados en pabellones aledaños”, es decir, el C y el D, “ajenos al lugar de alojamiento del sujeto de la investigación penal, Mario Roberto Segovia”. De esta forma, los espías macristas lograron “acceder a la intercepción de los aparatos de telefonía por medio de los cuales se comunicaban con sus abogados, y planificaban tácticas y estrategias a implementar para sus defensas” las "personas privadas de libertad de relevancia política y mediática”, señalaron los fiscales de Lomas de Zamora. 

Entre las víctimas estaban Amado Boudou, Roberto Baratta; Lázaro Báez; Juan Pablo Schiavi; Cristóbal López; Daniel Pérez Gadin; Jorge Chueco; José María Núñez Carmona; y Rafael Enrique Llorens, entre otros. 

Por ejemplo, según se desprende de la presentación de Alejandro Rúa en la que pidió la citación de Carrió, tan solo uno de los teléfonos del Pabellón D del Módulo 6 del IRIC estuvo intervenido desde el 25 de setiembre de 2018 al 22 de febrero de 2019 y “se grabó en un total de 126 discos". Personal de la AFI los retiró de la Dajudeco entre el 28 de septiembre de 2018 y el 11 de febrero 2019. La mecánica se repitió con otros números telefónicos del penal de Ezeiza, lo que revela el caudal de cds recopilados. 

El área de escuchas de Jurídicos, a cargo del agente Mariano Ruda Bart, “escuchó todas las conversaciones de la totalidad de los teléfonos intervenidos en el Complejo Penitenciario Federal I” en el marco del caso Segovia, indicó el juez Juan Pablo Augé en su resolución del 17 de noviembre pasado, en la que describió las imputaciones que pesan sobre las 25 personas que serán indagadas en este “capítulo penitenciario”. 

“Recolectada la información obtenida de la escucha telefónica, los imputados De Stefano y sus dependientes, Ruda Bart y (el exempleado del juzgado de Bonadío que pasó a la AFI, Bernardo) Miguens, habrían revelado y divulgado parte de su contenido, sin que mediare orden judicial alguna para ello, con el objetivo de Influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública”, señaló Augé. Las transcripciones de las escuchas “que solo estaban en poder de ellos y sus dependientes, terminaron en manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y del Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”. Con ese pase de manos se puso en movimiento la causa Operación Puf. 

Carrió y Stornelli llevaron parte de esas escuchas a Comodoro Py el 8 de febrero de 2019 para intentar derribar el caso D’Alessio, que empezaba a tomar forma en la justicia de Dolores. El día anterior, el juez federal Alejo Ramos Padilla había terminado de allanar el domicilio del espía ilegal en el country Saint Thomas.

Según indicaron a este medio fuentes con acceso a las escuchas, de los centenares de cds que se grabaron en el marco del caso Segovia apenas el 10% fue útil para la investigación. El resto debía destruirse. De hecho, se destruyó. Pero luego de que explotara el escándalo de la Operación Puf, en febrero de 2019. Incluso, Bonadío logró hacerse de una copia de parte de los cds cuyos audios luego se filtraron en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata.

Bonadío, las escuchas y los Cuadernos

Como la presentación de Stornelli con la transcripción de las escuchas recayó en un juzgado de Comodoro Py que no los convencía, Carrió se apuró y realizó una denuncia similar con las mismas desgrabaciones. Esa segunda presentación quedó en manos de Bonadío. 

Tal como se desprende de Operación Puf, Bonadío pidió las transcripciones de las escuchas a las que hacía referencia Carrió al juzgado de Lomas de Zamora, que es el que había ordenado escuchar a Segovia: “Se sirva remitir, a la mayor brevedad posible, copia de las transcripciones de las escuchas telefónicas realizadas respecto a los abonados telefónicos instalados en el Complejo Penitenciario Federal n° 1 (Ezeiza), que guarden relación con los imputados Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Enrique Llorens, Gerardo Luis Ferreyra y Jose Maria Olazagasti, quienes se encuentran alojados en el citado Complejo a disposición de este Tribunal”, escribió el magistrado. No pesaba ninguna orden judicial por la cual se debía escuchar a esas personas.

En ese requerimiento, Bonadío era consciente de los derechos que estaba vulnerando. Por eso, tal como se desprende de un dictamen de Alejandra Mangano del 4 de junio de 2019, el juez intentó fundamentarlos: “Debe valorarse la proporcionalidad, es decir que el perjuicio o afectación de derechos acarreado por la medida sea el mínimo necesario para el mal que se pretende evitar. En este caso se avanzará en desmedro del derecho a la intimidad favoreciendo la potencial comprobación de un delito y el avance de la investigación. Debe atenderse en torno a este último precepto, que los ciudadanos dejan en manos de los organismos judiciales la realización de la justicia en pos del bien común; y allí es donde el procedimiento penal avanza, algunas veces, afectando derechos y garantías, mas ello debe desarrollarse siempre con los limites aquí enunciados”. 

El punto es que la maniobra que fundamentó el magistrado para avanzar sobre los derechos de las personas detenidas era un invento de la AFI. De hecho, tras la muerte de Bonadío y el cambio de gobierno, la Operación Puf fue desestimada por “inexistencia de delito” en primera instancia. La ilegalidad de las escuchas entonces se volvió aún más que evidente. 

En principio, Bonadío había pedido las escuchas que se habían tomado en la causa Segovia desde el 1° de enero de 2019 al 10 de febrero del mismo año. Pero las reclamó para la causa Cuadernos. Tras un “tironeo” con la Dajudeco, la AFI y el juzgado de Lomas de Zamora, recibió la entrega de 40 cds: del N° 504 al N° 544.

Recién el 25 de marzo de 2019 se agregaron “copia de todas las actuaciones” relativas a este episodio en el caso Operación Puf. El 4 de abril de 2019, Bonadío solicitó a la AFI la transcripción de los 40 cds. Según las constancias judiciales, se terminaron de desgrabar el 31 de mayo.

Para ese entonces era claro que varios de los cds ya habían sido transcriptos por la exSIDE de forma ilegal. Eso reveló el origen de la Operación Puf con las presentaciones que hicieron Stornelli y Carrió.