Espionaje: declaración explosiva de Ramos Padilla pone en jaque a Carrió

El abogado Alejandro Rúa pidió nuevamente que la Justicia cite a prestar declaración indagatoria a Elisa Carrió en una megacausa de espionaje ilegal. Se la acusa de utilizar escuchas ilegales a dirigentes políticos detenidos para el armado de una causa que tenía por objetivo hacer caer la investigación conocida como D’Alessiogate y de encubrir el origen de esas intervenciones telefónicas. “Lilita” se valió de ese material para hacer una denuncia en febrero de 2019 apenas le allanaron la casa al espía ilegal Marcelo D’Alessio. La presentación que hizo Rúa este viernes tomó como base la declaración testimonial que el juez Alejo Ramos Padilla brindó en un expediente donde se investigan presiones a jueces y fiscales por parte del macrismo para lograr fallos a medida.

El testimonio de Ramos Padilla –hoy juez federal de La Plata, quien declaró bajo juramento de decir verdad- también fue retomado por Rúa para realizar otras dos presentaciones ante la ONU, también este viernes: una la radicó ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados y otra ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Privacidad. El hecho es el mismo: el espionaje masivo y sistemático sobre los dirigentes y empresarios K detenidos durante el macrismo. Desde la AFI macrista escucharon de forma ilegal las conversaciones con sus abogados y también con sus familiares.

Ramos Padilla, que cuando estuvo al frente del juzgado de Dolores descubrió el D’Alessiogate, habló en su declaración judicial del “más grande e ilegal sistema de escuchas del que se tenga memoria en nuestro país para espiar ilegalmente a decenas de opositores políticos detenidos, sus familiares y sus abogados, lo que se prolongó durante meses”. Este pasaje textual fue citado por Rúa en sus presentaciones.  

La denuncia contra Carrió

Rúa realizó la presentación para pedir la indagatoria de Carrió en la megacausa de espionaje ilegal que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y que hoy tramita en Comodoro Py. Es un caso que cuenta con 38 procesamientos, en su mayoría de directivos y agentes de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal y tiene un capítulo penitenciario donde se reveló el sistema de escuchas masivas a los presos políticos.

¿Qué solicitó Rúa, que representa a víctimas del capítulo penitenciario y también fue espiado? Que se convoque a indagatoria a Elisa Carrió, algo que ya había solicitado con anterioridad. Insistió con su requerimiento a partir del testimonio de Ramos Padilla, quien declaró como testigo el 4 de agosto pasado en una causa que se había abierto en Comodoro Py por las presiones que había sufrido cuando ejercía la magistratura en Dolores. Ese caso se terminó anexando a la causa conocida como "Mesa Judicial", donde se investiga al macrismo por presionar sistemáticamente a jueces y fiscales con el objetivo de afectar la independencia del Poder Judicial y lograr fallos a medida.

Tras la declaración del juez-testigo, Rúa consideró que “se impone entonces insistir ahora en que se concrete la convocatoria de Elisa María Avelina Carrió que ya fuera reclamada al anterior juez de instrucción”.

¿Qué dijo Ramos Padilla sobre Carrió en su declaración?

• La describió como un engranaje central en el blanqueo de las escuchas ilegales. “Para ‘blanquear’” las escuchas ilegales tomadas de la cárcel de Ezeiza “Carlos Stornelli y también Elisa Carrió –ligados con Marcelo D’Alessio- presentaron denuncias ‘mellizas’ en Comodoro Py, alegando precisamente que la causa D’Alessio era una operación para afectar la causa ‘cuadernos’, al fiscal Stornelli y al juez Claudio Bonadío”. Las presentaciones derivaron en la creación de dos causas mellizas, Operación Puf 1 y Operación Puf 2.   
   
• “Esos dos expedientes solo podían mantener algún grado de coherencia si lograban su cometido: desbaratar la causa de Dolores. Como la causa avanzó y se sostuvo apoyada en una enorme cantidad de prueba, como se hallaron demasiadas pruebas que daban cuenta del espionaje ilegal sistemático, las causas Puf devinieron en lo que realmente son y siempre fueron: una operación basada en escuchas ilegales que obtuvo la AFI y entregó a dos funcionarios comprometidos con D’Alessio y con la investigación de Dolores –Carrió y Stornelli- para encubrir el espionaje ilegal”, añadió.
   
• “En cuanto a las escuchas que dieron pie a las denuncias iniciales de las causas Puf 1 y Puf 2 y que nada dicen, fueron obtenidas, como se dijo, a partir de un sistema ilegal que se montó en el Penal de Ezeiza para escuchar a exfuncionarios detenidos. En tan solo un día el Área de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia las desgrabó, transcribió y puso en manos de Carrió y el fiscal Stornelli. Esto es lo que en doctrina se conoce como ‘bandeja de plata’: miembros de las agencias de inteligencia obtienen irregularmente prueba y se la llevan a funcionarios públicos que luego dicen haberla recibido anónimamente y la incorporan a la justicia, para ‘blanquear’ esa información obtenida ilegalmente”, indicó.   

En diálogo con El Destape, Rúa señaló: “No hay dudas y está probado que las transcripciones que hizo la AFI (en la cárcel de Ezeiza) no eran legales ni tenían ningún destino judicial. Está probado que ellos las filtraron, eran los únicos que las tenían. No había audios ni transcripciones en ningún otro lugar más que en la exSIDE”. Y las filtraron a través de Stornelli y Carrió”, especificó.

La diferencia entre el fiscal y la cofundadora de Cambiemos es que la segunda dijo “que las recibió de una persona que conoce”, destacó Rúa, que citó en su nueva presentación las declaraciones de “Lilita” donde dice eso. Cuando hace esa referencia, Carrió agrega que no va a decir quién le dio el material porque “quiere preservar la fuente”. Pero ella no tiene el derecho a resguardar a su fuente porque no es periodista.

Pero hay más. Rúa añadió que cuando Oliveto y Zuvic hacen la denuncia en nombre de Carrió en Comodoro Py “no presentaron las transcripciones porque en esos documentos estaba el nombre con el que internamente la AFI llamaba al caso de las escuchas en Ezeiza, al que llamaba Aguapé”. “Para que no se supiera ni difundiera ninguna referencia a Aguapé, las 'lilitas' se tomaron el trabajo de no entregar las transcripciones originales sino que las transcribieron en la denuncia sin aportar nunca estas referencias para que no se supiera inmediatamente que eran escuchas de la AFI”, señaló el abogado.

Es decir, Carrió “no solo filtró escuchas ilegales y sus transcripciones sino que trató encubrir el origen de las mismas”. Por eso Rúa insiste en que se la llame a declarar en la megacausa de espionaje ilegal donde se investigan esas escuchas ilegales tomadas desde la Dirección de Jurídicos de la AFI macrista. Por esas intervenciones telefónicas ilegales hay agentes y directivos de Jurídicos procesados.

La declaración de Ramos Padilla

El rol de Carrió no fue lo único que describió el magistrado que hoy ejerce la magistratura en el juzgado federal Nº 1 de La Plata.

Los otros pasajes más fuertes de su declaración fueron los siguientes:

• “Inmediatamente después de que se realizó el primer allanamiento en el domicilio de Marcelo D’Alessio –el 6 de febrero de 2019- se comenzaron a desarrollar diversos tipos de acciones con diferentes tipos de modalidades que buscaron afectar la investigación (…)” que se había iniciado en Dolores.

• “Se articuló la actividad de los servicios de inteligencia con maniobras de fórum shopping, denuncias penales, filtraciones de escuchas ilegales, juicios políticos, impugnaciones en mis concursos públicos, iniciación de causas ‘espejo’, duplicadas o ‘mellizas’ y hostigamiento mediáticos con distintas intensidades. Todo ello empezó a ocurrir precisamente a partir del allanamiento al domicilio del espía Marcelo D’Alessio” donde “se secuestró material de inteligencia que daba cuenta de casi un centenar de operaciones ilegales ocurridas entre los años 2016 y 2019 y que involucraban a funcionarios públicos y a miembros de los servicios de inteligencia, de la prensa, del Poder Judicial y los Ministerio Públicos, entre otros estamentos”.
   
• En el allanamiento, el espía ilegal D’Alessio “pidió llamar, entre otros, al propio titular de la Agencia Federal de Inteligencia, a la Ministra de Seguridad, al fiscal Carlos Stornelli y a Daniel Santoro, con los que luego se comprobó que tenía vínculos reales y con algunos de los cuales, incluso, había participado en forma conjunta en algunas de las maniobras ilícitas investigadas”.    
   
• Después del allanamiento que dio inicio al D'Alessiogate, “los servicios de inteligencia y quienes se habían servido de la organización delictiva dieron inicio a una operación ilegal que se inició con la actividad delictiva de los propios servicios de inteligencia, a la que autodenominaron ‘Operación Puf””.
   
• “Mediante una serie de escuchas obtenidas a partir de un amplio dispositivo ilegal que se había montado en la cárcel de Ezeiza, se formuló una nueva operación de inteligencia por la que se pretendió sostener que la enorme cantidad de prueba secuestrada en el allanamiento, se trataba tan solo de un ‘complot’”.

Ramos Padilla también relató que hubo dos operaciones Puf, porque la primera quedó radicada en un juzgado que no era del gusto de los denunciantes y terminó cerrada por “inexistencia de delito”. La segunda quedó en manos de Claudio Bonadío y fue cerrada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lo sucedió en el juzgado federal Nº 11 cuando Bonadío falleció. Pero la Cámara Federal porteña, con los votos de camaristas puestos por Macri, la reabrió y el caso actualmente está vigente en Comodoro Py.

• “La primera denuncia la radicaría Stornelli, que alegó haber recibido un ‘anónimo’ en su despacho que hablaba de escuchas a detenidos en el penal de Ezeiza y la presentó el 8 de febrero por la mañana. Sin embargo como resultó sorteado un juez y un fiscal no permeable a sus intereses y a las prácticas ilegales del grupo que se buscaba encubrir, ese mismo día, a las 18.40, Mariana Zuvic y Paula Oliveto – en nombre de Carrió- presentaron una denuncia melliza, cuyo sorteo se ocupó de atender directamente el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun, quien a partir de ese momento tendría una especial participación para sostener estos procesos”.
   
• Ramos Padilla también relató cómo fue que las escuchas ilegales terminaron en los medios hegemónicos de comunicación: “El viernes 24 de mayo de 2019, sin que nadie se las hubiera pedido, Bonadío se las remitió al consejero de la magistratura por el oficialismo Pablo Tonelli, a cargo de la instrucción del juicio político que se llevaba en mi contra”. “Tonelli recibió ese material y, de manera urgente, lo puso a disposición de sus colegas ese mismo día. A los dos días, el domingo 26 de mayo, los audios de las conversaciones entre los ‘presos K’ fueron reproducidos en horario central en el programa televisivo de Jorge Lanata a partir de una edición descontextualizada y tergiversada de las escuchas”.

El actual juez federal de La Plata también relató cómo Comodoro Py intentó sacar la causa D’Alessio de Dolores. Por ejemplo, el juez Julián Ercolini le hizo planteos de inhibitoria para que dejara el caso y lo enviara a los tribunales de Retiro. También dio detalles de cómo lo notificaron del pedido de juicio político que había realizado Macri en su contra.        

En su declaración, Ramos Padilla precisó el rol de los medios (algo que repitieron otros funcionarios judiciales víctimas de la Mesa Judicial Pro): “Los medios de comunicación de mayor tirada construyeron una narrativa y tuvieron un correlato perfectamente sincronizado con la avanzada judicial y extrajudicial”. El magistrado contó cómo lo estigmatizaban en esos medios y puso como ejemplo que desde 2011 cuando asumió como juez de Dolores hasta el momento en que investigó el caso D’Alessio, “el diario La Nación me mencionó en 37 artículos. Por el contrario, en los dos años y medio que pasaron desde que se inició la investigación hasta la actualidad, ese mismo periódico me dedicó 376 notas periodísticas”. También recordó que durante el trámite del caso D’Alessio “se publicó mi domicilio particular y los horarios en que me quedaba sin custodia”.

Toda una descripción de qué pasaba con aquellos jueces que no eran funcionales a los intereses del gobierno de Macri. Y de cómo los servicios de inteligencia realizaban tareas ilegales y articulaban su accionar con funcionarios judiciales y referentes de Cambiemos.