El abogado Alejandro Rúa solicitó que se cite a declarar a Elisa Carrió en el marco de la causa conocida como Operación Puf, un caso que se creó por impulso de la AFI macrista con escuchas ilegales en el penal de Ezeiza para derribar el D’Alessiogate y fue reabierta recientemente por decisión de dos camaristas designados por Mauricio Macri.
Rúa, que representa a Roberto Baratta –víctima de las escuchas ilegales en la cárcel-, requirió que se convoque a la cofundadora de Cambiemos para que entregue la documentación a la que hizo referencia en la denuncia que abrió este expediente en febrero de 2019 y nunca presentó. Se trata de las transcripciones de las escuchas ilegales en el penal, que salieron de la exSIDE. En declaraciones públicas, Carrió dijo que no iba a decir quién le dio la información, como si tuviera inmunidad para hacerlo.
A esta reciente presentación de Rúa, que debe resolver el juez del caso, Julián Ercolini –quien subroga el juzgado que ocupaba Claudio Bonadío-, se suman otras que se fueron acumulando desde que la Cámara Federal porteña resolviera reabrir la causa (por 2 votos contra 1), el pasado 23 de marzo. Es que la investigación había sido cerrada tras la muerte de Bonadío por el primer juez que subrogó el juzgado federal N° 11, Marcelo Martínez de Giorgi.
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Por ejemplo, el fiscal Carlos Stornelli es querellante en esta causa y hace nueve días pidió que se analicen los teléfonos del juez Alejo Ramos Padilla y del diputado Eduardo Valdes, entre otras personas acusadas por Elisa Carrió en este expediente. Ramos Padilla es quien instruyó el caso D’Alessio cuando estaba al frente del juzgado federal de Dolores y procesó al fiscal por sus vínculos con el espía ilegal Marcelo D’Alessio. Stornelli siempre apostó a esta causa para contrarrestar las acusaciones en su contra en el D’Alessiogate, donde quedó muy expuesto (tiene una confirmación de procesamiento por la Cámara de Mar del Plata). El caso D’Alessio fue el primero que expuso el espionaje ilegal macrista a gran escala (con el armado de causas incluido).
A su vez, días atrás Rúa planteó la “nulidad de las transcripciones de escuchas telefónicas incorporadas ya en la denuncia que dio inicio al trámite, y de todo lo que fuera actuado como su consecuencia directa, por la vulneración de garantías que se advierte”. El escrito hace hincapié en que la causa se estructura en escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza, operación que se estaba investigando en los tribunales federales de Lomas de Zamora, en lo que es otra causa paradigmática que revela el espionaje ilegal macrista y que terminó pasando a Comodoro Py por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, con el impulso de dos visitantes de Macri en la Quinta de Olivos: el camarista Mariano Borinsky y el fiscal general Raúl Pleé.
El planteo de nulidad que realizó Rúa se giró a todas las partes del proceso. El juez Juan María Ramos Padilla, padre de Alejo, se hizo eco y en un escrito muy duro pidió la nulidad de todo lo actuado en el expediente.
Todos estos planteos debe resolverlos el juez Ercolini, quien junto a Bonadío fue uno de los magistrados del Lawfare durante el gobierno macrista.
Piden citar a Carrió
La causa por la Operación Puf se inició el 11 de febrero de 2019. El disparador fue una denuncia que presentaron el viernes 8 de febrero a las 18:40 las “lilitas” Mariana Zuvic y Paula Oliveto Lago. Lo hicieron a esa hora porque la primera denuncia por el mismo tema que había hecho Stornelli ese mismo viernes pero por la mañana recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, que no era del gusto del gobierno de Macri.
Zuvic y Oliveto dijeron en sede judicial que se presentaban “a efectos de realizar una denuncia por indicación de la doctora Carrió” y que aportaban un escrito “donde se encuentra desarrollado el hecho que se denuncia”. Según expuso Rúa en su presentación, en esa nota se indicó que Carrió había “recibido a su nombre un sobre con la transcripción de escuchas telefónicas” que habrían sido ordenadas en el marco de una causa judicial (el caso Segovia). Y que “Carrió, enterada de esto emite un tuit en el día 7 de febrero”. Ese tuit lo publicó luego de que Ramos Padilla terminara de allanar el domicilio de D’Alessio y fue el punto de partida de la Operación Puf. Allí dijo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. Las escuchas en cuestión no se encontraban en ninguna causa. Las tenía la AFI, que las filtró apenas se destapó el D’Alessiogate.
¿Qué remarca Rúa en su escrito de este jueves? Que ni las denunciantes ni Carrió aportaron el “sobre con esas transcripciones que se dicen recibidas” por lo que “se impone ordenar su presentación, en consonancia con la petición del fiscal que requiriera esta instrucción”. De acuerdo al abogado de Baratta, “ese material no fue aportado ni siquiera en las posteriores presentaciones que aquellas hicieran en el trámite, que fueron muchas, ni tampoco en la que hiciera hoy”. Rúa pide que Carrió sea “interrogada al respecto”.
A la vez, el abogado diferencia el relato de Carrió del de Stornelli, quien dijo recibir un sobre con una carta de una admiradora donde se habla de las mismas escuchas ilegales e hizo una presentación judicial similar en Comodoro Py que terminó cerrada (hubo dos causas por el mismo tema, Operación Puf 1 y Operación Puf 2 y quedó en pie durante el macrismo la que tramitaba en el juzgado de Bonadío). El punto es que el fiscal procesado declaró, con un relato mejor construido que Carrió, que a él el material le llegó por un anónimo, en un sobre, que se dejó debajo de la puerta de su fiscalía. Y entregó ese material en su denuncia del 8 de febrero de 2019. En el sobre que le llegó a Stornelli no estaban todas las transcripciones. Estas se sumaron luego al expediente de Bonadío cuando el juez ordenó las desgrabaciones completas a la AFI.
El caso de Carrió fue distinto porque nuca dijo que las transcripciones le llegaron por un anónimo. Si bien Oliveto –que tenía diálogo con D’Alessio- dijo que el material “nos llegó de manera anónima”, Carrió hizo declaraciones públicas que demuestran que eso no fue así. Rúa recordó en su presentación que la cofundadora de Cambiemos, en distintas entrevistas, dijo que recibió las transcripciones “el 7 de febrero de 2019 antes de emitir su tuit”, que “antes alguien la había llamado” y hasta “le dijo al periodista Luis Majul que no quería a dar a conocer quién se las entregó” denotando que conocía al remitente. En ese sentido, Rúa destacó que “el secreto de fuentes está protegido constitucionalmente para los periodistas” pero “no para los diputados de la Nación”.
A la cofundadora de Cambiemos le llegó un sobre con las transcripciones de las escuchas a los presos de Ezeiza e hizo una edición, que fue lo que presentaron Zuvic y Oliveto. En el material inicial que pide Rúa se podría ver la mano de la AFI. Básicamente, porque las transcripciones las hizo la exSIDE y nunca se aportaron a ningún expediente judicial.
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El pedido de Stornelli
El fiscal Carlos Stornelli, que es querellante en la causa, pidió el 20 de abril pasado una serie de medidas para reimpulsar el caso. Por ejemplo, requirió que se analicen los teléfonos del juez Alejo Ramos Padilla y el diputado Eduardo Valdes, entre otros acusados.
El fiscal busca “determinar, junto a otras responsabilidades, si el Juez Alejo Ramos Padilla pudo haber sido parte de la maniobra investigada”. Pretende embarrar al magistrado que lo procesó por sus vínculos con una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal, lo que fue ratificado por una instancia superior.
En su escrito, Stornelli además de pedir una decena de medidas citó fragmentos del fallo de cámara que reabrió el caso. Destacó pasajes de Leopoldo Bruglia –puesto a dedo por Macri en la instancia revisora de Comodoro Py- y de Mariano Llorens –otro camarista designado en el mismo tribunal por Macri pero por concurso-. Ambos le dieron la razón a Stornelli, ya que la causa revivió por una apelación del propio fiscal.
¿Qué se sostiene en la Operación Puf? Que el caso D’Alessio fue un armado para derribar la causa Cuadernos, lo que carece de todo sustento a la luz de los resultados que arrojó la investigación de la justicia de Dolores. Básicamente, Operación Puf se transformó en el salvavidas de Stornelli en su naufragio judicial.
Las nulidades de Operación Puf
Por otro lado, el abogado Alejandro Rúa pidió la nulidad de todo lo relacionado a las escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza, que es lo que sustenta este expediente escandaloso. Planteó “la nulidad de las transcripciones de escuchas telefónicas incorporadas ya en la denuncia que dio inicio al trámite, y de todo lo que fuera actuado como su consecuencia directa, por la vulneración de garantías que se advierte”.
Cuestiona la “utilización del producido de la escucha de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios en el modo en que se ha concretado” y pide “discernir precisamente cuáles son aquellas constancias del trámite que se encuentran afectadas en su legalidad y no podrán entonces ser utilizadas en el curso del proceso”.
Este planteo se giró a las partes del proceso.
En su respuesta, el juez Juan María Ramos Padilla (padre de Alejo Ramos Padilla), acusado en este expediente, pidió la nulidad de todo lo actuado.
Ramos Padilla (p) consideró que Operación Puf es “un proceso iniciado a partir de prácticas de inteligencia y procedimientos irregulares, contrarios a la ley, la jurisprudencia y la doctrina, que se utilizaron para encubrir la actividad de la AFI y de sus cómplices y para afectar una de las investigaciones más importantes que se llevó adelante en nuestro país sobre el espionaje”.
Destacó, por ejemplo, que “a partir de escuchas ilegales que se estaban llevando adelante sobre opositores políticos detenidos en el penal de Ezeiza y que nada prueban, se abrió este expediente con maniobras de fórum shopping y se utilizó a los tribunales judiciales de Comodoro Py para avanzar en una investigación ilegal plagada de nulidades que van desde su inicio todo su trámite”.
¿Cuál fue el objetivo de Carrió, Stornelli y la AFI macrista? “Está claro que la absurda investigación que se propone no posee como objeto descubrir la comisión de un supuesto delito, sino que es una clara excursión de pesca, una ensalada en la que se pretende, de manera irregular, avanzar sobre aquellas investigaciones que permitieron desbaratar las acciones ilegales sistemáticas de servicios de inteligencia que, en complicidad con funcionarios y magistrados, actuaron en la Argentina -tal como lo señaló recientemente la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación”, añadió el letrado.
Un mención aparte merece una contestación de Carrió al planteo de Rúa, que el abogado de Baratta pidió que se “devuelva” por “improcedente” ya que Carrió “no es parte” en este proceso.
La cofundadora de Cambiemos respondió al planteo de nulidad que había hecho Rúa a pesar de no ser querellante en el caso –algo que resalta en su presentación-. Allí buscó desentenderse de las acciones ilegales que llevó adelante la AFI: “No me consta ni puedo dar cuenta de las irregularidades que se investigan en otros expedientes, en relación a la obtención de las intervenciones o de la realización de las transcripciones, ni tuve conocimiento de las mismas, de haber existido; pero lo cierto es que resulta de público y notorio mi enemistad con la Sra. Silvia Majdalani, quien fuera Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia”, indicó. Nada dijo de Gustavo Arribas, por cierto. Y es sabido que tuvo contacto con D’Alessio. El espía ilegal también tenía vínculo con Paula Oliveto. De hecho, tras su “caída” el falso abogado le envió un mensaje a la diputada de la Coalición Cívica.
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