El los próximos días se decidirá el destino de la oficina de escuchas telefónicas, un organismo históricamente enclavado en los sótanos de la democracia. Bajo control de la vieja SIDE durante años y manejada el último quinquenio por la Corte Suprema por decisión de Mauricio Macri, esa oficina fue vital para las operaciones judiciales y mediáticas basadas en la difusión de escuchas de opositores políticos a través de medios y periodistas serviciales. Al final de su gestión, CFK la sacó del dominio de los espías y la traspasó al Ministerio Público Fiscal, en lo que fue la única etapa donde no hubo filtraciones y a donde puede y debería regresar tras la oscura gestión en la era de Macri y los presidentes de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, que la transformaron en una SIDE paralela con acceso a todas las bases de datos del Estado.
La llave para el regreso de las escuchas al Ministerio Público Fiscal la tiene la Cámara de Diputados. La semana pasada, el Senado votó por anular el decreto de Macri que le transfirió las escuchas a la Corte Suprema al inicio de su mandato. El macrismo y el radicalismo no quisieron participar de la votación pero no hizo falta, ya que en la cámara alta el peronismo cuenta con quorum propio. Otro será el partido en la cámara baja, donde el bloque que comanda Máximo Kirchner debe tejer alianzas para revocar definitivamente la decisión de Macri.
La oficina de escuchas tuvo distintos nombres. Las escuchas telefónicas fueron manejadas históricamente por la SIDE, particularmente por la Dirección de Observaciones Judiciales conocida como la OJOTA. A finales de 2014 CFK cambió las autoridades de la SIDE y desplazó a Antonio Horacio Stiuso. Convocó además al Congreso a sesiones extraordinarias para dar una vuelta de página en la Doctrina de Inteligencia Nacional.
En enero de 2015 el Congreso sancionó la ley 27.126 cuyo artículo 17 establecía el traspaso de la OJOTA al Ministerio Público Fiscal. Quedaba bajo la órbita de la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó, que la rebautizó como Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (DICOM) y puso al frente a la fiscal Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la gestión Gils Carbó-Caamaño las filtraciones a medios fueron cero. Cero.
Apenas asumió la presidencia Macri desarmó ese esquema. El 24 de diciembre de 2015 firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 256 que borró de un plumazo una decisión del Congreso y le entregó las escuchas a la Corte Suprema. El DNU se publicó el 29 de diciembre Boletín Oficial. El mismo día la Corte rechazó el traspaso inmediato. Había necesidad pero no urgencia, y los cortesanos pospusieron el pase de manos hasta el 15 de febrero de 2016. Ese día la Corte trunca de tres miembros, Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, firmó la resolución 2/2016 que aceptó el traspaso. En teoría la oficina de escuchas tenía “autonomía de gestión”; en la práctica, quedó bajo la órbita de Lorenzetti.
En la Corte rebautizaron esta oficina como Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, pero pronto cambiaría de nombre y de alcance. La conducción y los puestos clave se los repartieron entre el entonces presidente de la Corte Suprema Lorenzetti, el juez Ariel Lijo que tenía fuerte influencia en Comodoro Py y el operador judicial Daniel “Tano” Angelici. Según el DNU de Macri las autoridades debían sortearse. Pero lo que pasó fue otra cosa. Al frente de esta Dirección Lorenzetti designó a su compinche Martín Doctrina Irurzun pero no hay registros de un sorteo. Como Director operativo nombraron a Juan Tomás Rodríguez Ponte, secretario letrado y mano derecha del juez Lijo. Esta decisión mostró cual era por entonces el eje dominante de Comodoro Py: Lorenzetti-Irurzun-Lijo. Angelici, por su parte, colocó a varios de los puestos jerárquicos, entre ellos a Juan Ramella, responsable de la oficina de escucha directa, que también había trabajado con Lijo. Hasta ahora Rodriguez Ponte sigue en el cargo. Macri había enviado su pliego para hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Hoy es clave: ahí se investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. Alberto Fernández retiró ese pliego apenas asumió. Todo, como siempre, se encadena.
La gestión Lorenzetti-Irurzún-Rodriguez Ponte tuvo una característica central: las continuas filtraciones de escuchas a medios y periodistas serviciales, en su mayoría carentes de utilidad judicial, obtenidas o de manera ilegal o guardadas bajo el mismo criterio, ya que la misma ley que autoriza a un juez a intervenir un teléfono le indica que deben destruirse todas aquellas conversaciones que no hagan a la causa judicial. Claramente no se cumplió. El operador mediático Luis Majul, por ejemplo, se tropezaba con escuchas cuando corría por los bosques de Palermo y los canales y radios de Héctor Magnetto, la familia Saguier o Jorge Fontevecchia las reproducían como si hubieran descubierto un Watergate cuando en realidad se metían todos juntos en el Toilet.
Entre Macri y Lorenzetti transformaron la esa oficina de escuchas en una suerte de mini SIDE paralela. El 29 de septiembre de 2016, mediante la acordada 30, la Corte Suprema resolvió “reforzar y ampliar sus competencias mediante la transformación de su estructura, manteniendo el marco de la autonomía de gestión que le ha sido conferida”. Según establecieron los Supremos, “intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos y en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter trasnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales”. O sea, en casi todo. Transformaron lo que era una oficina de escuchas en un organismo de inteligencia. Y la rebautizaron como Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
El mismo día de la firma de la acordada 30, es decir, a más de siete meses de que la Corte tomó el control de las escuchas, se firmó un convenio con el Congreso para que hiciera un seguimiento de sus actividades. Fue en un acto en el salón Gorostiaga del Palacio de Justicia. Estuvieron la Corte en pleno, 10 de los 11 jueces de 1ra instancia de Comodoro Py (sólo faltó Claudio Bonadío), el jefe de la SIDE paralela judicial, Irurzun, y magistrados de todo el país. Por parte del Congreso, asistieron entre otros los entonces cambiemitas Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ernesto Sanz, Angel Rozas y Mario Negri. Hoy se sabe que todos fueron espiados de manera ilegal por Macri. Por el Gobierno estaban, entre otros, el ministro Germán Garavano y Juan Sebastián De Stefano por parte de la AFI. De Stefano era operador judicial de Angelici y una de sus tareas fue el apriete al juez Luis Carzoglio para que detuviera a los Moyano. Mucho control no habría de esta SIDE paralela. Más bien uso promiscuo.
La Dajudeco multiplicó varias veces su presupuesto y firmó distintos acuerdos con áreas del Poder Ejecutivo que contaron, obviamente, con el visto bueno de Macri. La mayoría de esos convenios fue para el acceso a bases de datos como los de AFIP, el ministerio de Justicia o la Unidad de Información Financiera (UIF), una vieja obsesión de Lorenzetti.
Uno de esos convenio fue con la AFI dirigida por el amigo presidencial Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Lo firmaron en julio de 2016. En el primer punto “convienen en mantener el personal de la AFI” en la nueva oficina de escuchas de la Corte. El listado, al que accedió El Destape, consta de 66 agentes, de los cuales 49 reportaban a Observaciones Judiciales y los restantes a Concentraciones de la AFI en diversas provincias. Los sueldos, según el acuerdo, los seguiría pagando la casa de los espías. También acordaron que la AFI colaboraría con la SIDE paralela de la Corte para que aprendiera a utilizar los sistemas de escuchas. Para esto, le permitirían acceso a las instalaciones y al equipamiento. El punto octavo estableció que la AFI le proveerría insumos vinculados a las escuchas hasta el 31 de diciembre de 2019.
Patricia Bullrich, que comandaba el ministerio de Seguridad, no quedó afuera y firmó un convenio con Lorenzetti vinculado a esta SIDE paralela. Como en los otros casos, la clave está en las bases de datos. El inciso d del tercer punto del acuerdo le da a la SIDE paralela de los jueces “acceso a las bases de datos de los organismos y fuerzas dependientes del MINISTERIO, a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado -con autonomía de gestión dependiente de la CORTE-, especialmente las siguientes: (i) Sistema de Identificación Biométrica para la Seguridad -SIBIOS- correspondiente a la Policía Federal Argentina, que incluye Base de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS), Reconocimiento Facial (Morphoface) y Registro y Laboratorio de Voz (acústica forense), (ii) Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística -SAIB- correspondiente a la Policía Federal Argentina, (iii) Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas -SISTRATA-, (iv) Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Drogas -SISDROGA-, Sistema Federal de Comunicaciones Policiales -SIFCOP-, y (v) Sistema Integrado de Medidas de Seguridad (-S.I.Me.S-)”. Para el acceso, se establece: “A tal fin, el MINISTERIO prestará a la Dirección un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases”.
El diputado Leopoldo Moreau, que preside la Bicameral de Inteligencia, advirtió esta semana en El Destape Radio que van a proponer una intervención en la oficina de escuchas para garantizar la conservación de archivos y documentos. Es posible que sea tarde, ya que pasó más de un semestre de nuevo gobierno, pero dados los hallazgos en la AFI de evidencias de espionaje ilegal la idea no parece falta de fundamentos.
Mientras, tal como informó El Destape, la Corte Suprema no quiere perder el control sobre la oficina de escuchas. El mismo día que el Senado trataba el destino de la oficina de escuchas, el 5 de junio, los miembros de la Corte Suprema firmaron 6 resoluciones en las que prorrogaron 313 contratos de la Dajudeco hasta el 30 de noviembre.
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