Caso D’Alessio: investigan si la banda espió a Rosenkrantz, Magario, un intendente y a la AFA

El juez Alejo Ramos Padilla allanó domicilios del prefecto Franco Pini. Considera que está vinculado a la organización del falso abogado. Desde su usuario se ingresó a las bases migratorias de diversas personas que fueron “objetivos” de D’Alessio, como el presidente de la Corte Suprema.  

26 de junio, 2020 | 21.50

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga si la banda de D’Alessio realizó tareas de inteligencia ilegal contra el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz y su exsocio Gabriel Bouzat pero también sobre la vicegobernadora bonaerense y exintendenta de La Matanza, Verónica Magario; el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez y hasta la AFA. En ese marco, dispuso allanamientos en la mañana de este viernes en los domicilios del prefecto Franco Pini. Según se desprende de la pesquisa, desde el usuario de Pini se ingresó de forma irregular a la base de datos de Migraciones para consultar las entradas y salidas del país de varias personas, entre las que figuran “objetivos” de la organización cuya cara visible fue el falso abogado detenido. Los ingresos los habría realizado cuando revistaba en el Departamento de Investigación del Narcotráfico de la PFA.

En una resolución firmada el 25 de junio, Ramos Padilla consideró que recabó “elementos de prueba serios, objetivos y concordantes” sobre la participación de Pini “en diversos planes delictivos vinculados con la inteligencia ilegal y el espionaje cometidos en el seno de la asociación delictiva investigada”. Al menos, le adjudicó relación con los casos de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat -exsocio del ministro supremo en su estudio de abogado- y Juan Pablo Di Pierro, involucrado en el caso de la Mafia de la Aduana.

Pero Ramos Padilla también destacó que en el marco de la investigación en torno a Pini “han surgido otros nombres que podrían tener algún grado de vinculación con el espionaje político que se ha constatado que la organización criminal investigada realizaba como una parte sustancial de sus objetivos específicos”. Acto seguido mencionó los casos de la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; del Secretario Ejecutivo de la AFA., Pablo Ariel Toviggino; y del del actual intendente del Partido de Merlo, Gustavo Menéndez.

“Ello además de los requerimientos efectuados en torno a José Gómez Centurión y Gabriel Traficante, respecto de quienes se han hallado documentos de inteligencia en poder de Marcelo D´Alessio y sobre cuyas situaciones como posibles víctimas de la organización ya nos hemos expedido en otras oportunidades”, explicó el juez de Dolores. Es que Pini también consultó sus bases migratorias.  

Entre los registros migratorios que consultó este prefecto se destacan los de:

-El presidente cortesano, Carlos Rosenkrantz. Hay constancia de consultas sobre los movimientos migratorios del juez supremo el 25 de julio de 2016. No es la primera referencia al magistrado en el D'Alessiogate. El 30 de marzo de 2019, el exAFI Rolando Barreiro detenido en el marco de esta causa, declaró en su indagatoria que cuando Rosenkrantz fue nombrado para la Corte Suprema de Justicia junto a Horacio Rosatti, D’Alessio le había dicho que ambos “iban a tener problemas porque no iban a poder explicar tantas entradas y salidas que tenían a Miami y a Panamá”. En su escrito de este viernes, Ramos Padilla destacó que “la fecha en que se llevaron a cabo estas tareas (en referencia a los ingresos de Pini) era cercana al efectivo nombramiento de Rosenkrantz como Ministro de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ocurrido el 22 de agosto de 2016”. Tal como informó Prefectura, ninguno de estos ingresos se realizó a pedido de la Justicia ni en el marco de una investigación lo que los torna ilegales.

-El mismo 25 de julio de 2016, desde el usuario del mismo prefecto se consultaron los registros migratorios de Gabriel Bouzat, exsocio de Rosenkrantz. Constan cuatro ingresos a las bases de datos con el objetivo de “obtener los movimientos migratorios de Bouzat a partir de diferentes criterios de búsqueda”. Apenas se iniciaba esta causa, en el primer allanamiento a la casa de D'Alessio, en el bario Saint Thomas, se secuestró “una copia en formato papel del registro de los movimientos migratorios de Gabriel Bouzat", recordó Ramos Padilla. 

- Hay constancias de que Pini también buscó los movimientos migratorios de Juan Gómez Centurión el 10 de febrero de 2016. Se trata de otra de las víctimas de la banda de D’Alessio.

-Y el 14 de noviembre de 2016 se consultó por DNI los movimientos migratorios de Juan Pablo Di Pierro y de Gabriel Traficante, ambos involucrados en la causa de la Mafia de la Aduana y "objetivos" de D'Alessio. En el caso de Di Pierro, por ejemplo, Ramos Padilla recordó que “durante el año 2016, se efectuaron maniobras de recopilación de información, de datos íntimos y de acceso restringido de su persona; entre otros elementos, se halló un archivo con fecha 17/11/2016 en el que constaban sus movimientos migratorios”. Es decir, tres días después de los ingresos de Pini consta la creación de un archivo digital en los dispositivos electrónicos del falso abogado y extorsionador.

- El 13 de agosto de 2016 se consultaron los movimientos migratorios de la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y exintendenta de La Matanza, Verónica Magario. Siempre se ingresó desde el mismo usuario (para el que se requiere una clave específica).

- El 18 de abril de 2017, el usuario “flpini” buscó por DNI los movimientos migratorios de Pablo Ariel Toviggino, secretario Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ya son varios los dirigentes de la AFA investigados ilegalmente por la banda de D’Alessio, según indicaron fuentes judiciales.

- El 19 de mayo de 2018 se buscó los movimientos migratorios por DNI de Gustavo Adolfo Menéndez, actual intendente del Partido bonaerense de Merlo.

Para Ramos Padilla no hay mucho margen a dudas: Pini “accedió de forma indebida a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones en al menos tres oportunidades–y existen serias sospechas de que lo habría hecho también en otras oportunidades-, excediendo las autorizaciones que poseía y abusando de sus atribuciones específicas como funcionario de la Prefectura Naval Argentina, en relación a víctimas-objetivos de dicha organización criminal”.  

Esas inspecciones indebidas en el registro migratorio son “un indicio objetivo y verificable de la existencia de un plan mayor de espionaje”, tal como se desprende de la causa en la que ya se investigan casi 50 hechos. Por ejemplo, en el caso de Traficante sirvieron como materia prima de una extorsión.

Según se desprende de su legajo, “para las fechas en que realizó las consultas a la base de datos de acceso restringido” de Migraciones, Pini “ostentaba el cargo de ‘Jefe de Delegación de Inteligencia Criminal’ en el Departamento de Investigaciones del Narcotráfico”. No es un improvisado en materia de inteligencia. Pasó por distintas delegaciones de inteligencia criminal de la PNA y realizó cursos –y hasta los dictó como profesor- de “especialización en inteligencia y narcotráfico, lo que permite inferir su calificado conocimiento en estas materias”, indicó Ramos Padilla en su escrito.

En este contexto, este viernes se realizaron allanamientos en el domicilio particular de Pini y en las oficinas en las que esta servicios como Jefe de la División Antiterrorista y Ciberdelitos de la Prefectura, ubicadas en el edificio “Guardacostas”. No fue detenido.

Nuevas Indagatorias

Este viernes se llevó a cabo la ampliación de la indagatoria de uno de los detenidos en el marco del D’Alessiogate: Rolando "Rolo" Barreiro. El exAFI se negó a declarar. La citación de Barreiro es la primera de una extensa secuencia. 

El próximo martes está pautada una nueva indagatoria de D’Alessio. El 7 de julio hará lo propio el fiscal procesado Juan Ignacio Bidone. 

Pero acaso la indagatoria más destacable sea la que se concretará el 3 de julio. Aquel día se espera que declare el ex agente de la AFI, Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA, por el cual el organismo de inteligencia diseminó distintas bases en la provincia de Buenos Aires, iniciativa que terminó en escándalo. De este testimonio podría desprenderse el vínculo orgánico de la banda de D’Alessio con la AFI macrista que condujeron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.