Envío de armas a Bolivia: inventario de Gendarmería aportado a la causa complica al gobierno de Macri

La fuerza de seguridad informó oficialmente al juzgado en lo Penal Económico el inventario del armamento enviado en noviembre de 2019 al país vecino y lo regresado a la Argentina. El faltante coincide con lo que se entregó a los golpistas. La prueba ratifica el contrabando.

26 de noviembre, 2021 | 13.49

La Gendarmería presentó oficialmente en la Justicia el inventario del armamento enviado a Bolivia en noviembre de 2019 y lo ingresado a la Argentina cuando el grupo Alacrán regresó de su operación de protección de la embajada. El faltante son 70 mil cartuchos antitumulto 12/70, casi 600 granadas y 100 spray de gas lacrimógeno, lo que coincide con lo que el gobierno de Macri entregó a los golpistas según la documentación hallada en el país vecino. La prueba ratifica el contrabando que se investiga en los tribunales argentinos. Para el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, "está probada la participación de las máximas autoridades argentinas, incluyendo a Macri, Bullrich y Marcos Peña”.

El material armamentístico que volvió de Bolivia se encuentra actualmente a resguardo en la sala de armas del Grupo Alacrán, la tropa de elite de la GNA que envió el ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich para proteger la embajada argentina en Bolivia cuando se dio el golpe de Estado contra Evo Morales. En el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que trasladó a la primera comisión de alacranes en la noche del 12 de noviembre de 2019 se transportó el armamento para los golpistas.

De acuerdo a la documentación a la que accedió El Destape, se identificaron los siguientes faltantes, es decir, material que fue enviado a Bolivia y que no regresó a Argentina.

  • 70.000 cartuchos 12/70 AT (de las 71.350 que salieron del país, sólo se hallaron 1.350)
     
  • 100 spray gas lacrimógeno
     
  • 61 granadas gas CN
     
  • 160 granadas gas CS
     
  • 360 granadas gas HC

El material coincide con el hallado en los depósitos de la Policía Boliviana y con los detallados por el comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, en su carta de agradecimiento al embajador argentino, Normando Álvarez García.

En julio de este año, en los depósitos de la Policía Boliviana se encontraron 26.900 cartuchos 12/70 AT y más de 100 granadas. Un archivo de la fuerza de seguridad local titulado “Inventario de agentes químicos en depósito”, fechado el 13 de noviembre de 2019 en La Paz, es decir, el mismo día que llegó el Grupo Alacrán enviado por el gobierno de Macri, detalla que se almacenaron aquel día en la Policía de Bolivia distintas municiones de origen argentino.

A su vez, una carta de agradecimiento de Terceros Lara al embajador de Macri en Bolivia daba cuenta de que el gobierno argentino había entregado a los golpistas: 40.000 cartuchos 12/70 AT, más de 120 granadas y gases lacrimógenos. En el escrito firmado por Terceros Lara se agradece “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.

Según documentación donde consta el material enviado a Bolivia por la GNA en noviembre de 2019, junto a los alacranes viajaron 71.350 cartuchos 12/70 AT. En los depósitos del Grupo Alacrán, donde se almacena el material que regresó, solo constan 1.350 unidades de esos cartuchos 12/70 AT. En los depósitos del escuadrón de elite tampoco se encontraron ninguna de las granadas ni sprays lacrimógenos que salieron del país.

La documentación que la GNA aportó recientemente a la investigación judicial que comanda el juez Alejandro Catania confirma que las armas fueron contrabandeadas porque se sacaron del país de forma ilegal y nunca regresaron. A su vez, el inventario da cuenta que el material restante no fue utilizado por los alacranes en la operación de protección de la sede diplomática y la residencia del embajador.

Soria: "Está probada la participación de Macri"

En diálogo con El Destape, el ministro de Justicia , Martín Soria, aseguró: “Desde que presentamos la denuncia y las primeras pruebas, toda la documentación que se fue sumando no hace más que corroborar el contrabando. Está probado que el armamento salió, está probado que la finalidad que declararon –que era la protección de la Embajada- era falsa, está probada la entrega ilegal del material a la Policía Boliviana y a la Fuerza Aérea, y está probado que esa parte del armamento fue la única que no regresó. Todo esto en el marco de un golpe de estado perpetrado por esas mismas fuerzas”.

En esa línea, el titular de la cartera de Justicia añadió: “También está probada la participación de las máximas autoridades argentinas, incluyendo a Macri, Bullrich y Marcos Peña”.

Para el ministro, “lo que no se explica es por qué, pese a los pedidos del Estado Nacional constituido como querellante, el juzgado sigue sin llamar a ninguna testimonial a los testigos claves. En cualquier otra causa que no lleve el apellido ‘Macri’ en su carátula, esto sería un hecho natural y obvio”.

“La colaboración de un gobierno con un golpe de Estado en un país hermano es un hecho que nos avergüenza como argentinos, y que compromete la responsabilidad internacional del Estado. Nosotros, como Poder Ejecutivo, vamos a seguir promoviendo el accionar de la justicia desde nuestro rol de denunciantes y querellantes, para que el Poder Judicial cumpla con su obligación de actuar sin miramientos ni demoras injustificadas”, dijo Soria a este medio.

En la causa por contrabando que tramita en el fuero Penal Económico están imputados el expresidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; el excanciller Jorge Faurie; el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el exembajador Normando Álvarez García; el exjefe de la Gendarmería José Otero; y los gendarmes Fabián Salas (jefe de los Alacranes), Adolfo Caliba (agregado de Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia), Rubén Yavosrky y Carlos Recalde.

A su vez, en Bolivia también avanza por estos mismos hechos una investigación judicial por tráfico ilegal de armas donde están denunciados exfuncionarios bolivianos y el exembajador Álvarez García.