Armas a Bolivia: las mentiras de Juntos por el Cambio, un eslabón clave del nuevo Plan Cóndor

El 9 de julio de 2016 Mauricio Macri llevaba siete meses como presidente y decidió celebrar el bicentenario de la Independencia Argentina con un desfile militar sobre la avenida del Libertador. El recorrido, entre las avenidas Dorrego y Pueyrredón, tenía su mediatriz frente a la embajada de los Estados Unidos. A bordo de un jeep marchó Aldo Rico, líder de dos sublevaciones carapintadas contra el gobierno radical de Raúl Alfonsín. También participó de la celebración el represor Emilio Nani, que menos de un año más tarde sería detenido en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, luego de que intentase infructuosamente que el Vaticano le concediera asilo político en la Nunciatura Apostólica. El que no asistió fue el propio Macri, que adujo cansancio. La parte y el todo.

Los documentos que dejan en evidencia la participación del gobierno de Juntos por el Cambio en el golpe de Estado contra Evo Morales ponen de nuevo el foco de un aspecto central pero poco discutido de esa fuerza política: su desapego, en palabras y en actos, al consenso democrático que desde 1983 adoptaron todas las fuerzas políticas relevantes en este país. A esta altura queda claro que no es un fenómeno que pueda circunscribirse solamente a la figura de Macri sino que parece generalizado en toda la oposición, incluyendo a comunicadores que justifican lo injustificable y balbucean eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre. Esto es una inmensa señal de alarma pero las señales que advertían esta situación estaban allí desde hace rato para quien quisiera prestarles atención.

Argentina y Brasil fueron los primeros países en reconocer el gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez y Macri había sido, a su vez, el primer presidente  que había reconocido a Michel Temer cuando ejecutó su golpe institucional contra Dilma Rousseff, condición necesaria para la llegada de Jair Bolsonaro al Palácio do Planalto. Áñez estuvo reunida con Bolsonaro poco antes de asumir y el avión presidencial boliviano realizó varios viajes no declarados a Brasilia en los días que siguieron al golpe contra Morales, que nunca fueron explicados por las autoridades de facto. En La Paz hay quienes evalúan que uno de los motivos que precipitó el levantamiento fue la derrota de Macri, porque los conspiradores sabían que una vez que el peronismo asumiera ya no habría condiciones para ser legitimados en el poder.

También se sabe, por cables diplomáticos, que el fascista Luis Camacho, el primer líder que ingresó, biblia en mano, a la casa de gobierno tras deponer al presidente, había solicitado una semana antes asilo político en la Argentina en caso de que la “insubordinación civil” fracasara. Es decir que el gobierno de Macri tenía conocimiento del golpe de Estado una semana antes de que se llevase a cabo. Queda claro que Juntos por el Cambio no es un actor de reparto de la derecha regional sino que fue un eslabón clave en lo que el gobierno boliviano ahora denuncia con todas las letras como “un nuevo Plan Cóndor”. Las pruebas que se revelaron ayer confirman ese esquema y además revelan que el apoyo no era solamente político ni simbólico. Eran literalmente balas.

Hasta el momento no hubo ninguna voz de repudio desde la oposición, ni entre la dirigencia política de Juntos por el Cambio ni en su vocería mediática, que sigue negándose a llamar golpe de Estado a lo que pasó en Bolivia y mucho menos a condenarlo, escudándose en denuncias de fraude cuya falsedad fue ampliamente demostrada por expertos electorales de todo el mundo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad a cargo del operativo de Gendarmería en el que se contrabandearon las armas que el gobierno argentino cedió al régimen, dijo esta mañana que se trató de “ayuda humanitaria” para proteger a la embajada del “asedio de los manifestantes”. El entonces canciller Jorge Faurie, por su parte, prefirió fingir demencia. En su momento había caracterizado el alzamiento como un “período de transición”.

Los hechos son bastante diferentes: el derrocamiento de Morales estuvo premeditado y tuvo como principales actores a un grupo de ultraderecha, la Unión Juvenil Cruceñista, y a la Organización de Estados Americanos, alineada con los intereses de la Casa Blanca, con el respaldo crucial de los gobiernos de Argentina y Brasil. Se desconoció un resultado electoral legítimo, hubo un alzamiento militar con tanques en las calles, una huelga policial contra el Presidente y bandas paramilitares imponiendo el terror, secuestrando dirigentes del MAS, incendiando y saqueando sus casas. Cuando el pueblo boliviano salió a las calles a protestar, fue masacrado. La represión en Senkata y Sacaba mató a por lo menos 27. Empezó tres días después de la llegada de la “ayuda humanitaria” de Bullrich.

Aunque resulta fácil enfocarse en las figuras de Macri o la exministra de Seguridad, es un error conceptual pensar que esto es solo compete a un “ala dura” de la alianza opositora. El 13 de noviembre del 19, por iniciativa opositora las dos cámaras del Congreso discutieron y aprobaron declaraciones de repudio al golpe de Estado. En ambos casos el oficialismo se abstuvo aduciendo formalidades. Lo curioso sucedió en el Senado, donde las abstenciones eran suficientes como para hacer caer la sesión, poniendo en peligro otros proyectos. Para evitarlo, decidieron dar dos votos, pero no encontraron a nadie que quisiera hacerlo a favor, así que terminaron levantando la mano por el No las radicales Silvia Giacoppo y Silvia Elías de Pérez. Un papelón histórico.

Es una pésima noticia para el país que la mitológica “ala blanda”, dialoguista o responsable de la oposición no reaccione poniendo un límite. Es también un parteaguas en la democracia argentina moderna que la derecha decida explícitamente apartarse de la doctrina de los derechos humanos para adoptar una agenda de guerra fría, donde ya no hay regímenes legítimos e ilegítimos por su origen y ejercicio sino amigos y enemigos por afinidad ideológica o negocios en común, de acuerdo al modelo norteamericano. Son los mismos que durante años insistieron con el peligro de que Argentina vaya rumbo a Venezuela, más tarde a Nicaragua y ahora, cuando todavía está fresco el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse, a Haití. A la luz de las novedades, es difícil no interpretar eso como una amenaza.