El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania ordenó una serie de medidas de prueba y convocó a prestar declaración a testigos en el marco de la causa en que investiga el contrabando de armas a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tal como surge de la documentación hallada hasta el momento, la gestión cambiemita envió el 12 de noviembre de 2019 municiones para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales.
En una resolución fechada el 23 de septiembre pasado, el magistrado –a instancias de los querellantes y el fiscal Claudio Navas Rial- requirió informes a los ministerios de Seguridad, Defensa y de Relaciones Exteriores argentinos. También citó a personal de Aduana y libró oficios a las fuerzas de Seguridad y exhortos a Bolivia para recabar documentación y declaraciones clave para la investigación. Entre otras cosas, busca recibir el testimonio de quienes hayan “controlado, colaborado o visualizado” la descarga de las municiones en La Paz así como “el derrotero de dicha carga dentro y fuera de la aeroestación”. Hizo lo propio para con quienes firmaron el inventario de depósito del material en la policía boliviana, donde consta el ingreso de 26.900 cartuchos con perdigón de goma 12/70 argentinos.
Otro punto central es que el juez busca determinar si efectivamente el Comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Terceros Lara, firmó una carta de agradecimiento por el armamento y se la envió al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, en noviembre de 2019.
MÁS INFO
Las medidas de prueba
El juez Catania pidió informes al Ministerio de Seguridad y al de Defensa, en pos de reconstruir cómo se trasladó el armamento al aeropuerto de El Palomar y se cargó en el Hércules C-130.
A la cartera conducida por Aníbal Fernández le requirió que “elabore un pormenorizado informe respecto de los materiales y pertrechos armamentísticos que fueron cargados el pasado 12 de noviembre de 2019, en el avión Hércules C130 Matrícula TC70 de la Fuerza Aérea Argentina que partió rumbo al Estado Plurinacional de Bolivia”. Por ejemplo, quiere saber dónde se cargaron en el vehículo que los transportó hasta El Palomar y qué personal fue el “que participó en el operativo de carga en el depósito de origen y descarga en el aeropuerto”. Es decir, busca reconstruir el proceso de su inicio.
Al ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana le requirió que confeccione un “croquis completo del aeropuerto del Palomar” donde “se deberá incluir y señalar el área donde permaneció la aeronave mencionada donde fuera efectuada la carga de los materiales y pertrechos armamentísticos; así como el sector donde abordaron los pasajeros y tripulantes el 12 de noviembre de 2019 rumbo al Estado Plurinacional de Bolivia”. También solicitó fotografías de esos sectores. En el Hércules donde se envió el armamento de forma ilegal también viajó personal de la Fuerza Aérea y un escuadrón del Grupo Alacrán de Gendarmería, que fue a Bolivia a proteger la embajada argentina.
MÁS INFO
A Defensa también le pidió identificar a “todo el personal de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Dirección General de Aduanas, de Gendarmería Nacional Argentina, y/o militar y/o particulares que estuvieron presentes el pasado 12 de noviembre de 2019 en el área específica del Aeropuerto del Palomar durante el transcurso de la carga del avión”.
En esa línea, Catania citó a prestar declaración testimonial para este martes a las 10 al “Director de Técnica dependiente de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de la Dirección General de Aduanas”.
MÁS INFO
Los querellantes, es decir, el gobierno nacional a través de la AFIP, había pedido que se cite a más personas a prestar declaración testimonial. Pero el juez decidió tener “presente para su oportunidad” esas convocatorias. Entre otros, se había pedido escuchar al capitán de Fragata Roberto Gestoso, quien era el Segundo Jefe de la Misión Naval Argentina en Bolivia al momento de los hechos investigados y quien recibió la nota en la que el Comandante de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Terceros Lara le agradecía al embajador Álvarez García las municiones enviadas. Lo mismo sucedió con la solicitud de convocar a los integrantes de las tres misiones de Gendarmería que viajaron a Bolivia a custodiar la embajada.
Los querellantes, a su vez, habían requerido la citación a testimonial de la tripulación del Hércules C-130 a la que el magistrado “por el momento” no hizo lugar.
Otra de las decisiones del magistrado fue librar un oficio a Cancillería para que individualice al “personal que cumplía servicios para la Embajada y/o la residencia del Embajador al 13/11/19, que hubiera participado en la recepción de la Comisión del Grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina”.
MÁS INFO
El exhorto
A pedido de la querella y del fiscal Navas Rial, se libró un exhorto internacional a Bolivia en pos de avanzar en la recepción de documentación clave para la causa.
Entre el material requerido a fines de septiembre por parte de la Justicia argentina a la boliviana, se destaca:
- La documentación que exista sobre el arribo del Hércules C-130 a Bolivia junto con la cantidad de integrantes que viajaban en la aeronave. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la aeronave arribó en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 a La Paz.
- “Se le reciba declaración testimonial” a los agentes de las fuerzas armadas y de seguridad bolivianas “que haya controlado, colaborado o visualizado por estar allí presente –en cualquier etapa con la descarga de los materiales y pertrechos armamentísticos y/o con el derrotero de dicha carga dentro y fuera de la aeroestación”.
- Se requiera al organismo encargado del control migratorio boliviano “toda la documentación vinculada con el ingreso de las personas que arribaron a aquel país en dicho vuelo”. Y al aduanero la documentación vinculada con el control realizado sobre los materiales y pertrechos armamentísticos efectivamente transportados y descargados.
- El juez argentino busca los registros fílmicos y fotográficos sobre el arribo del Hércules C-130 y la descarga del armamento.
- También requirió un croquis del aeropuerto de Bolivia donde aterrizó el avión militar argentino con la identificación de la zona donde se realizó la descarga.
- Pidió la identificación de los vehículos que intervinieron en el ingreso a Bolivia “de los materiales y pertrechos armamentísticos aludidos y “la documentación correspondiente al ingreso y egreso de dichos vehículos y sus ocupantes, a la aeroestación”.
- Y “se identifique a la totalidad del personal migratorio, aduanero, policial, militar, civil y/o diplomático y/o personal de cualquier otra índole, que haya estado presente al momento del arribo de la aeronave” y “haya intervenido directamente, participado o visualizado la descarga –en cualquier etapa de los materiales y pertrechos armamentísticos”. No debiera sorprender si aparecen menciones a camionetas de un país extranjero.
- Catania, a su vez, requirió “se informe el lugar dónde fueron trasladados los materiales y pertrechos armamentísticos aludidos inmediatamente después del egreso de la aeroestación”. Agentes de la Policía y de la Fuerza Aérea de Bolivia brindaron esos detalles en declaraciones que realizaron en investigaciones internas de esas fuerzas. Parte de ese material fue publicado por este medio.
- El magistrado en lo Penal Económico también quiere saber si el armamento que se envió de contrabando permanece en Bolivia. Todo indica que sí.
- También pidió el “Inventario de Agentes Químicos en depósito” fechado el 13 de noviembre de 2019, día en que llega el avión argentino. En ese inventario de la Policía boliviana se deja constancia de la recepción de una parte de las municiones argentinas que ingresaron de forma ilegal (26.900 cartuchos AT 12/70 y granadas). Por eso el juez quiere tomarle declaración testimonial a quien firmó ese documento. La otra parte de las municiones -40.000 cartuchos AT 12/70 y granadas - fueron entregados a la Fuerza Aérea local. Así se desprende de la mentada carta de Terceros Lara que también solicitó el juez Catania.
- Como Terceros Lara afirma que él no firmó el documento que lo expone, Catania solicitó que “se adopten las medidas procesales correspondientes a fin de obtener cuerpo de escritura” de Terceros Lara. “A tal fin se le deberá hacer saber al nombrado que aquel cuerpo de escritura será considerado indubitable en el marco de la presente investigación, a efectos de establecer pericialmente si la firma inserta en la misiva cursada al entonces embajador de la República Argentina Normando Álvarez García de fecha 13 de noviembre de 2019, pertenece al nombrado”. “En caso de no resultar jurídica o materialmente posible el cumplimiento de aquella medida en el marco de la presente rogatoria” o Terceros Lara “se negara a realizar la misma, se solicita que se acompañen documentos oficiales que lleven estampada la firma original del nombrado, para ser utilizada a los mismos fines arriba descriptos”. Si estas medidas no se pueden implementar, pidió que “se remitan vistas fotográficas en color y ampliadas de las firmas del nombrado, tomadas por peritos en la materia”. Parece claro que busca dilucidar si efectivamente Terceros Lara firmó esa carta o no. De hecho, si lo anterior tampoco puede implementarse, solicitó que se “requieran firmas estampadas por el nombrado en documentos no oficiales ya sea que hayan sido impuestas ante empresas de servicios públicos, entidades bancaria, etc.”
MÁS INFO
Tal como consta en el documento judicial girado a Bolivia, hasta el momento los imputados en la causa de contrabando agravado son: el expresidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; ellexcanciller Jorge Faurie; el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el exembajador Normando Álvarez García; el exjefe de la Gendarmería José Otero; y los gendarmes Fabián Salas (jefe de los Alacranes), Adolfo Cañiba (agregado de Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia), Rubén Yavosrky y Carlos Recalde.