La causa por el contrabando de armas a Bolivia del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales avanza en los tribunales en lo Penal Económico. Una investigación interna de la Gendarmería Nacional (GNA), que ya está en poder de la Justicia, compromete al exdirector nacional de la fuerza, Gerardo Otero, y expone al exembajador Normando Álvarez García. Todo indica que ambos fueron dos eslabones de una cadena más amplia que llega a la cúspide del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a la investigación administrativa que realizó la GNA y cuyos informes están fechados el 20 y 26 de agosto pasado, la orden interna para enviar el 12 de noviembre de 2019 las 70.000 municiones antitumulto y más de 500 granadas a los golpistas fue dada por el exdirector de la fuerza, Gerardo Otero, un hombre que durante la gestión macrista fue muy cercano a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A tal punto fue estrecha esa relación que en la víspera del cambio de gobierno, a modo de despedida, la fuerza le regaló un sable a Bullrich con la inscripción: “No voy a querer hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”. Es decir, la frase que dijo Bullrich en el marco del caso Maldonado para defender a la Gendarmería.
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El rol de Otero en el envío de armas fue revelado por otros gendarmes que están imputados en el caso. Es muy difícil imaginar que Otero tomó las decisiones que le achacan por motu proprio.
El entonces director nacional de la fuerza había estado en la Casa Rosada horas antes de la partida del armamento rumbo a La Paz. Las municiones se enviaron en la noche del 12 de noviembre de 2019 en un avión de la Fuerza Aérea junto a la tropa de elite de la GNA, el escuadrón Alacrán, que fue enviado para custodiar la embajada y la residencia del embajador en el marco del clima desestabilizador que se vivía en Bolivia.
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En el trabajo que elaboró la Gendarmería y lleva la firma del comandante general Manuel Caraballo también se destacó que “la inexistencia de un Plan de Operaciones por parte de la máxima autoridad institucional para instrumentar el despliegue de la Agrupación Fuerzas Especiales ‘Alacrán’, hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 12Nov19, evidencia un total desinterés en el cumplimiento de los reglamentos internos de la Fuerza, máxime considerando las circunstancias de peligrosidad imperantes en el vecino país al momento de llevarse a cabo dicho despliegue”.
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El trabajo describe un envío desprolijo, realizado a las “apuradas”.
Según la investigación administrativa, se violaron los reglamentos de la fuerza y hubo “faltas graves” cometidas por varios de los acusados que prestan servicio en la GNA. El administrativo es un camino paralelo y a la vez complementario del judicial. La justicia, por ejemplo, puede alimentarse de la documentación que surge del trámite interno de la GNA.
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En la causa por contrabando están imputados el expresidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; el excanciller Jorge Faurie; el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el exembajador Normando Álvarez García; el exjefe de la Gendarmería José Otero; y los gendarmes Fabián Salas (jefe de los Alacranes), Adolfo Cañiba (agregado de Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia), Rubén Yavosrky y Carlos Recalde.
El rol de Otero
El escuadrón Alacrán dependía orgánicamente del director nacional de la GNA, es decir, de Otero. Tal como se desprende de la investigación administrativa, el entonces jefe de los Alacranes, Fabián Salas, informó “que el requerimiento de la totalidad de los efectos de arsenales provistos a ese Comando de Agrupación para su salida del país hacia el Estado Plurinacional de Bolivia (…) fue ordenado por la superioridad institucional y trasladado en el mismo vuelo de la Fuerza Aérea Argentina que trasladó al personal comisionado de dicha Agrupación”. El armamento para los golpistas se envió en ese mismo vuelo, “camuflado” como municiones de los alacranes.
El trámite con el pedido de autorización de la GNA a la AnMac para que el Grupo Alacrán pueda viajar con su armamento oficial se realizó el 11 de noviembre de 2019. Al día siguiente, que es cuando asume la dictadora Jeanine Áñez en Bolivia y partirá el vuelo rumbo al país vecino, se hizo una ampliación y se pide autorización para se sumar las 70 mil municiones y las más de 500 granadas. Según indicó Salas, “no mediaron documentos ni ningún tipo de solicitud personal por parte del suscripto para ampliar los efectos que serían empeñados en la operación”.
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Un dato que provoca suspicacias: de los tres contingentes de “alacranes” que se enviaron a Bolivia solo el primero fue en un vuelo de la Fuerza Aérea. El Hércules C-130 fue el que transportó el armamento ilegal. Los dos restantes grupos que estuvieron en Bolivia fueron en línea comercial (el último, incluso, volvió por vía terrestre). Lo mismo sucedió con el escuadrón Alacrán que se envió para proteger la embajada argentina en Chile, en la misma fecha en que viajó el primer grupo de alacranes a Bolivia, en noviembre de 2019: también lo hizo por línea comercial.
La declaración de Salas “resulta coincidente con lo informado por el Comandante General D Rubén Carlos Yavorsky, quien se desempeñaba como Director de Logística en el año 2019, en el sentido de la existencia de una orden recibida del entonces Director Nacional de Gendarmería para gestionar la autorización de salida temporal de los efectos arsenales ante la AnMac”. Yavorsky fue el encardo de hacer el trámite administrativo para poder enviar las municiones. En la investigación administrativa fue el más beneficiado: el oficial sumariante consideró que solo cumplió órdenes de Otero, su superior, para hacer un permiso que no violó el reglamento interno de la fuerza. De acuerdo al sumariante, Otero le pidió hiciera el permiso, tomó conocimiento de los mismos y no los objetó.
Según el trámite interno, Yavorsky indicó que Otero “tenía conocimiento de cada requerimiento” ante la AnMac. También dijo que la mayoría de las órdenes “eran impartidas verbalmente” porque era inminente la partida del vuelo.
A estos relatos se suman los de los alacranes que estuvieron en Bolivia y aseguran que no dispararon un solo tiro. El dato es relevante porque al concluir la misión y volver a la Argentina, para ocultar el contrabando se dejó asentado en la GNA que las 70 mil municiones se habían utilizado en prácticas de tiro.
Las pruebas contundentes que hay en la causa dan cuenta que las mismas terminaron en manos de la Fuerza Aérea y la Policía Boliviana, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales.
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El exembajador, a cargo de la recepción
En la investigación administrativa también se expuso el rol del embajador de Macri en Bolivia: Normando Álvarez García.
Según expuso el Comandante Héctor Caliba, quien era el agregado de la Gendarmería en la embajada Argentina en el país vecino, es decir, quien hacía el enlace con la Policía de Bolivia, Álvarez García fue el que recepcionó a los alacranes y el arsenal que viajaba con ellos. A Caliba se lo acusa de ser quien entregó al menos parte del armamento a los golpistas. De hecho, en depósitos de la Policía Boliviana aparecieron 26.900 cartuchos antitumultos enviados por el gobierno de Macri.
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Caliba “expuso que el procedimiento para obtener la autorización de ingreso temporal de los efectos se realizó desde la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo del señor Embajador Dr. Normando Álvarez García, desde donde se efectuaron las gestiones pertinentes ante la Cancillería Boliviana, no pudiendo informar los datos de funcionarios de esa Cartera Ministerial en razón que el Estado Boliviano se encontraba en una situación anómala”. Esa “situación anómala” era un golpe de Estado.
También relató Caliba que “el Señor Embajador le requirió gestionar ante la Policía Boliviana un apoyo de seguridad” para volver desde el aeropuerto hacia la sede diplomática.
En enlace de la GNA con la Policía de Bolivia indicó que entre “las autoridades argentinas que recibieron a la comisión” de los alacranes cuando arribaron a La Paz estaba Álvarez García. Y que no pudo advertir a ninguna autoridad boliviana.
En una entrevista con el diario Clarín de julio de este año a Álvarez García le preguntaron quién había recibido el material que viajaba en el Hércules C-130. “Nuestro agregado y se cargó todo y listo. Eso fue todo, y sobre todo se metió todo en la residencia, los gendarmes (en total 20), algunos de ellos pernoctaba ahí, en la residencia, conmigo”, respondió el exembajador que hoy cumple funciones como ministro en Jujuy. El agregado al que hace referencia es Caliba.
Los otros gendarmes involucrados
De acuerdo al gendarme instructor de la investigación administrativa corresponde avanzar con una “Información Disciplinaria” por “la posible comisión de falta de carácter grave” contra los siguientes agentes (Otero no fue incluido porque ya abandonó la fuerza):
- El Comandante Carlos Recalde. Se lo acusa de “haber intervenido en el trámite de ‘Conversión a exportación definitiva’” las 70 mil municiones antitumulto que fueron a manos de los golpistas. Se trata de un trámite que realizó en junio del 2020. No pudo “aportar constancias fehacientes del consumo de la munición que señalara”.
- El Comandante Mayor Fabián Salas, jefe de los alacranes. Tenía a su cargo los arsenales que se enviaron a Bolivia e “intervino en las gestiones para su salida”.
- El Comandante Mayor Adolfo Caliba. Fue el oficial de enlace de la GNA con la Policía de Bolivia. Estuvo en el Aeropuerto de La Paz cuando arribó el Hércules C-130. “Estuvo a cargo del desembarco del personal y equipamiento de la Gendarmería Nacional”, según lo indicó el agregado de Defensa en la embajada, el capitán de Navío Miguel Alonso.
- El Comandante Mayor Daniel Mendoza. Era Jefe del Departamento de Contrataciones de la GNA. Intervino en el trámite en el que se escondió la entrega de las 70 mil municiones cuando los alacranes regresaron a la Argentina.
- El Segundo Comandante Martín Hidalgo. Estuvo a cargo de la primera comisión de alacranes en Bolivia. Era “el único responsable de la custodia de los elementos de arsenales transportados”.
- El Segundo Comandante Fernando Sánchez. Estuvo al mando de la última comisión de alacranes. Era “el único responsable de la custodia de los elementos de arsenales” al retorno a la Argentina.
- El Primer Alférez Lucas Belfiori quien integraba la División Comercio Exterior de la GNA e intervino en la tramitación de la salida temporal del país del arsenal que se llevó consigo el grupo Alacrán y en el trámite de retorno.
Por “severas inconsistencias en el inventario” del Grupo Alacrán “respecto a la existencia de cartuchos calibre 12/70 Antitumultos”, que son los que se contrabandearon, también se indició que corresponde el inicio de informes Disciplinarios contra tres gendarmes como “usuarios el Sistema de Gestión Logística” y “Encargados de la Sala de Armas”.
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