"La provincia debe contar con una ley que proteja la salud de las personas y que permita a su vez al productor llevar adelante las tareas de manera responsable, sin que genere perjuicio. La regulación de los agroquímicos es una materia que está pendiente en Entre Ríos. Todos conocen mi posición. De hecho, lo dije en la Asamblea anterior, que debe establecerse una ley que regule el uso de los agroquímicos y supere el decreto que en la emergencia tuve que firmar. En el año que transcurrió no pudo prosperar el consenso necesario para llegar a una ley. Voy a enviar un proyecto de ley a la honorable Legislatura para que se debata, se enriquezca y definitivamente podamos contar con una ley que garantice la salud de todos los entrerrianos". Con esas palabras, el gobernador Gustavo Bordet anunció el 15 de febrero, en el marco de la Asamblea Legislativa, su voluntad de avanzar en una iniciativa que salde -al menos transitoriamente- un debate que parece no tener fin: la forma en la que los agroquímicos -agrotóxicos o fitosanitarios, según la mirada- se aplican en la provincia.
La discusión no es nueva. En 2019 Bordet firmó el Decreto Reglamentario N° 2.239/19, cuyo objeto fue establecer una serie de parámetros para el uso de plaguicidas en cercanías a escuelas rurales. Lo hizo estableciendo zonas de exclusión y áreas de restricción; pero también prohibiendo el uso de máquinas pulverizadoras no registradas; instruyendo al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales; facultando al Consejo General de Educación a elaborar un mapa de escuelas de campo y ordenando a la Secretaría de Producción a aplicar sistemas de monitoreo remoto, relevando y empadronando equipos de aplicación. Lo dispuesto fue consecuencia de las reiteradas denuncias de comunidades educativas en la Justicia, donde aseguraban ser rociadas a plena luz del día por los químicos lanzados desde aviones en los campos cercanos a los establecimientos educativos. De hecho, hay casos emblemáticos, como el de la maestra Estela Lemes, que tiene glifosato en la sangre, como consecuencia de haber padecido una situación de ese tipo.
Previamente, en 2017, una ley que había logrado consenso en la Cámara de Senadores y media sanción, quedó varada en Diputados, por entonces presidida por Sergio Urribarri, ex gobernador. Sin consenso dentro del propio oficialismo, la iniciativa naufragó y nuevamente los sectores y las posiciones en pugna quedaron sin respuestas.
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"Creo que es una buena decisión, un debate de larga data que merece tener su correlato en una ley. En la actualidad hay un decreto, con lo cual se evidencia una situación de debilidad jurídica. Tener una norma le daría mayor fuerza y respaldo al trabajo que se haga, ya sea en el ámbito productivo como en el control del Estado", explicó a El Destape, Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, en relación a la norma ahora prometida. Y agregó: "Lo que debemos buscar es una ley que equilibre las pretensiones del sector que produce, sin perjudicarlo, y que a su vez lleve la tranquilidad necesaria a la población, respecto del cuidado de la salud. En ese camino debe transitar el debate y confío en que se pueden lograr los consensos necesarios".
Bahillo, asimismo, aclaró: "Acá no se está discutiendo el modelo productivo. Algunos confunden las cuestiones de forma con el tema de fondo. Acá de lo que se trata es de legislar sobre una práctica, sin que tenga efectos negativos en los que producen ni en la salud de los vecinos. El modelo productivo no está en tela de juicio. No significa que no pueda estarlo, en absoluto, es muy sano pensar en formas alternativas de producción o analizar variantes. Pero no es el eje de la discusión, en este caso en particular".
Para finalizar, el funcionario aseguró que el Estado tiene la capacidad de llevar adelante los controles necesarios para que se cumpla con una eventual ley: "Tenemos el personal y la tecnología para estar al tanto de los tipos de productos que se usan, la forma en la que se colocan y las condiciones climáticas en las que se aplican. Desde ya que si existe una nueva ley, es más que necesaria la presencia del Estado para garantizar que se cumpla al pie de la letra".
Desde el lado de los productores aseguran que es posible llevar adelante el actual modelo de producción con los recaudos necesarios: "Nosotros veníamos trabajando en un proyecto de ley, en un ámbito amplio de Buenas Prácticas Agropecuarias, con referentes del mundo académico y científico. Ese proyecto se hizo y se trató, aunque de manera informal, por una bicameral. Lamentablemente luego no se prosiguió con esa labor", resaltó a El Destape, Alfredo Bel, dirigente de la Seccional Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina -FAA-. Y acotó: "Esperemos que el Poder Ejecutivo presente el proyecto y que el texto tenga la conjunción de las miradas de todos los actores, que sea compatible con la salud y con la producción".
El ruralista subrayó que lo primero que debe tener la nueva norma es "rigor científico, no una mirada sesgada, como la que sostiene que el 100% de la provincia debe ser agroecológica, o la que prohíbe directamente el uso de fitosanitarios". "Debemos ver cómo se puede encarar una legislación moderna porque hoy tenemos mucha tecnología, que permite mejorar aplicaciones, con máquina nuevas y herramientas de fiscalización. Es clave el control del Estado", agregó luego.
Para Bel es preciso ver la clasificación de los productos y aseguró que "cada vez son menos tóxicos". "Hay toda una línea de origen biológico, que no son químicos, tranquilamente podrían aplicarse en zonas de resguardo", finalizó.
En la Legislatura, en tanto, aguardan la nueva ley. "Hay que ver el proyecto, a grandes rasgos una norma es necesaria. Hay algo central que es que se puede producir respetando el medio ambiente, no es incompatible con el cuidado del medio ambiente. Para mí lo que debe tener es una autoridad de aplicación fuerte, que hoy no existe, porque no es lo mismo el que cumple que el que no cumple", aseguró a El Destape, Esteban Vitor, diputado provincial del PRO.
El legislador, que además es dirigente de la Sociedad Rural, expresó también: "El gran tema acá son las distancias. En la ley anterior, que se frustró, se delegaba a una comisión donde, de acuerdo al producto, se establecía la distancia de aplicación. Para el control, en tanto, se disponía la creación de un fondo para sostenerlo. Hoy hay dos autos para controlar 7 millones de hectáreas, es muy difícil así". Por último, aseveró: "Es necesaria la ley, pero sin tomar posturas rígidas, hay distintas bandas de productos, que van desde el verde al rojo, que establecen el nivel de seguridad de cada uno".
"Me parece necesario tener un marco legal, especialmente luego de que la Justicia haya dictado una sentencia al respecto. Y mucho más en una provincia con una economía que depende mucho del agro. Pero obviamente que hay que tener una mirada que sea sustentable con medio ambiente. Debemos compatibilizar la salud con el sistema productivo", indicó a El Destape, por su lado, Juan Manuel Huss, del Frente Justicialista Creer Entre Ríos.
El legislador opinó que "la sociedad pide que se esclarezcan límites y un marco regulatorio para que se aplique la ley en caso de que se viole, pero también hay productores que necesitan saber qué pueden utilizar y cómo".
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