Un primer mapeo, con más de un millón de personas que se registraron en un relevamiento oficial, permite comprender las características de esas changas o rebusques de un sector de la sociedad que sobrevive. Las mujeres, las y los jóvenes, los principales afectados por la falta de oportunidades laborales en el mercado formal, son protagonistas de la economía popular.
El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) ya tiene 1.025.285 personas inscriptas. El 57% son mujeres, el 46,6% son jóvenes de hasta 29 años y la mayoría trabaja en la provincia de Buenos Aires. La rama de actividad con mayor cantidad de anotados es la de servicios sociocomunitarios.
Se trata de quienes fueron marginados durante años del sistema formal, y que crean su propio trabajo en unidades productivas individuales o colectivas, pero con una relación de desigualdad en el ámbito financiero, comercial o fiscal. Desde las organizaciones sociales estiman que existen entre 5 y 6 millones de trabajadores en la economía popular.
“Es un sector que llegó para quedarse, es una nueva forma de trabajo a la que hay que darle un marco para que esos trabajadores tengan los mismos derechos que uno asalariado. Ante la falta de empleo formal, la población sobrevive igual”, dice Sonia Lombardo, socióloga, funcionaria a cargo del Renatep, en diálogo con El Destape.
Los servicios sociocomunitarios encabezan la lista con un 31% del total, con un rol clave durante la pandemia ante la demanda alimentaria que se multiplicó en las barriadas. El 52% son trabajadoras de comedores y merenderos comunitarios. La otra mitad se completa con tareas como el cuidado de niños, enfermos, personas con discapacidad y ancianos; promotoras de salud, y contra la violencia de género, entre otras actividades.
“La tarea del cuidado está completamente feminizada. Que la mayoría sean mujeres se corresponde a que son las más excluidas del mercado laboral formal, o que se insertan en situaciones de mucha desigualdad con menores ingresos y mayor precariedad”, explica Lombardo.
Dentro de esa misma rama, el segundo lugar, con un 22%, lo ocupa un conjunto de actividades que no estaban previstas en el formulario de inscripción, y representa el desafío de detectar en el territorio más actividades que no estaban contempladas.
“La complejidad del universo de este sector es muy grande, lo que requiere seguir indagando empíricamente sobre los tipos de trabajo no convencional que se están desarrollando en el territorio para poder sumarlos”, dijo el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena.
La segunda rama es la de servicios personales, con el 24% del total de los inscriptos. Un universo que se compone por el servicio de limpieza, con el 20%, seguido por peluquería, depilación, manicura y masajes con un 8%, y en menor medida jardineros, podadores y pileteros, que suman el 3%, al igual que los mecánicos, chapistas, electricistas y pintores de vehículos.
Más abajo en esa misma lista están quienes se dedican a los servicios informáticos, mismo porcentaje de herreros, torneros y afiladores. El resto, con el 1%, son reparadores de electrodomésticos, gomerías, paseadores de perros, vigiladores, lustrabotas, tapiceros y zapateros, y bicicleteros.
Otro dato que se destaca es el de la franja etaria. Un 46,6% pertenece al universo de los jóvenes de hasta 29 años. El 53% de los inscriptos corresponde a personas entre 30 y 64 años.
“Son nuevas generaciones que nunca ingresaron al mercado laboral formal, en relación de dependencia, con un salario, un patrón. Ese mercado que entró en crisis hace un tiempo largo en el mundo en nuestro país, genera nuevos tipos de formas de supervivencia. Son jóvenes que no conocen ni aspiran al mercado formal y realizan otras tareas de manera independiente”, dice Lombardo.
La tercera rama con mayor cantidad de inscriptos es la de comercio popular y trabajos en espacios públicos con un 14%, de los cuales la mayoría son vendedores y vendedoras ambulantes. Luego siguen en la lista los feriantes, artesanos y artesanas, entre otras actividades, y cierran los artistas callejeros y las personas que se dedican a la limpieza de vidrios y vehículos.
La rama de la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, con un 13% del total, incluye albañiles, ayudantes o auxiliares en obras de construcción, un número importante que identificó su actividad como “otros rubros”, seguidos por pintores, electricistas, y el resto herreros, gasistas, plomeros, soldadores, techistas y vidrieros.
El objetivo del gobierno es primero reconocer, para luego formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y que accedan a herramientas que potencien su trabajo, como el monotributo social, y de esa forma tener una factura para producir y vender. También sumarse a capacitaciones, participar de redes de comercialización, y obtener instrumentos crediticios y de inclusión financiera.
“Es el primer paso de formalización de los trabajadores. Tiene dos objetivos. Primero, conocer al sector, qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, para planificar políticas públicas acordes a la realidad. Y de reconocer los derechos, y desarrollar acciones para impulsar sus unidades productivas. Trabajar por la integración social a través del trabajo”, detalla la funcionaria de Desarrollo Social a cargo del registro.
En quinto lugar, la rama de agricultura familiar y campesina, que comprende al 9%, detecta que la mayoría se dedica específicamente a la agricultura, luego quienes se desempeñan en viveros y huertas urbanas, en menor medida a la ganadería, y por último la pesca y la agroindustria.
La industria manufacturera abarca el 5% del total de los anotados. Allí el 41% se dedica a la producción de alimentos, el 27% a la industria textil, y luego quienes se dedican a la carpintería o zinguería, fabricantes de bloques o ladrillos, y la producción de artículos de tocador y limpieza, o a la fabricación de calzados.
El 3% del total pertenece a la actividad de recuperación, reciclado y servicios ambientales, como la limpieza de terrenos y espacios verdes, cartoneros y cartoneras, recicladores de basura, promotores ambientales, entre otros. Y la última rama es la del transporte y almacenamiento, que se dedica al transporte de personas, al delivery y mensajería, a la carga de mercadería y flete.
“Esto es sólo el inicio de un proceso de regularización, el mal llamado blanqueo. Con el Registro estamos trabajando para que en el futuro todos esos trabajadores y trabajadoras de la economía popular de nuestro país tengan cada vez más derechos”, señaló el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico.
Según la distribución geográfica, los nuevos datos indican que hay inscriptos en la totalidad de las provincias. Buenos Aires es la que encabeza el registro con 350.240 personas, seguida por Tucumán con 56.883, Salta con 54.248, Chaco con 52.771, Misiones con 51.760, Formosa con 51.364, Santa Fe con 48.821 y Córdoba con 44.557.
Los números provinciales pueden llegar a modificarse mientras avance la inscripción, y en las provincias hay todavía un subregistro. El sistema funciona de manera online, con las dificultades evidentes de conectividad y acceso a la tecnología en todo el país. Eso genera, además, una dificultad en federalizar el relevamiento que originalmente estaba previsto que se realizara en el territorio a través de una aplicación, que se hará cuando lo permitan las condiciones sanitarias.
Buenos Aires avanza en la formalización del sector
Este viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, para suscribir un acuerdo que permitirá formalizar y garantizar los derechos del sector.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 350.240 inscriptos en el registro, trabajadores de distintas ramas productivas como la agricultura familiar y campesina; el comercio popular y trabajos en espacios públicos; la construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental; industria manufacturera, recuperación, reciclado y servicios ambientales; servicios personales y otros oficios; servicios socio comunitarios; y transporte y almacenamiento.
“Firmamos el convenio para incorporar el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en la Provincia de Buenos Aires a los efectos de contener a un universo de trabajadores que no están enmarcados en el mercado laboral en términos formales pero que realizan tareas muy valiosas”, explicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.
“En la Provincia hay 350 mil hombres y mujeres que pasaron a ser monotributistas sociales, que tienen factura, que pueden acceder a crédito no bancario y recibir capacitación, es decir un conjunto de herramientas que les permiten potenciar su trabajo”, agregó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
En la reunión,según se informó oficialmente, también se analizó la implementación de una segunda línea de trabajo que incluye la urbanización de barrios populares y asentamientos a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
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