A la par que diputados libertarios visitan a genocidas detenidos y planean iniciativas para sacarlos de la cárcel, los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado continúan su curso en tribunales. El último martes, por ejemplo, la Justicia citó a indagatoria a dos ex ejecutivos de Astilleros Astarsa por su responsabilidad en 19 secuestros de trabajadores de esa empresa. Este caso, que se sustancia en el marco de la megacausa Campos de Mayo, da cuenta de la complicidad civil durante la última dictadura militar.
La jueza federal de San Martín Alicia Vence citó a prestar declaración indagatoria al exgerente de Astilleros Astarsa, Daniel Lacoa, y al ex subgerente de la misma empresa Carlos Alberto Collongues, para el 11 y 12 de septiembre por su accionar durante la última dictadura cívico-militar. De acuerdo a la magistrada, “atento al pedido de citación indagatoria presentado oportunamente por el abogado Pablo Llonto y del análisis de las constancias probatorias que surgen de los casos aludidos, se desprenden elementos que conforman el estado de sospecha al que hace referencia el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación para recibirles declaración indagatoria a Carlos Alberto Collongues y a Daniel Lacoa”. Se les achaca responsabilidad en diversos casos por un total de 19 víctimas.
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Astarsa fue una empresa emblema durante la década del ’70. Tal como relata Federico Lorenz en “Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase trabajadora durante la década del setenta (1973-1978)”, Astarsa “era el astillero de capitales privados más importante del país y el segundo en la Argentina, luego de Astilleros Río Santiago”. A principios de la mentada década “empleaba alrededor de mil quinientos trabajadores: ochocientos eran obreros metalúrgicos, que trabajaban en la construcción y reparación de locomotoras, maquinaria industrial, fundición pesada y tanques de guerra”. El resto “cerca de setecientos empleados, eran trabajadores navales”.
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Astarsa también fue un emblema de la lucha obrera. El 30 de mayo de 1973, los trabajadores tomaron la fábrica luego de la muerte de dos operarios. Tras varios días de paro, los trabajadores lograron que sus reclamos laborales sean atendidos. En 1976, tras el golpe de Estado, los militares se instalaron en la empresa, ubicada en el partido de Tigre. “Con la participación de los directivos de Astarsa, de grupos paramilitares e integrantes del Sindicato de Obreros de Industria Naval (SOIN) -que aportaron información, recursos logísticos y materiales clave, así como los nombres y las fotografías de los legajos personales- al menos sesenta trabajadores fueron secuestrados en sus domicilios, dentro de la empresa o en sus inmediaciones”, especificó la Secretaría de Derechos Humanos en mayo de 2023, cuando Astilleros Astarsa fue señalizado como sitio de la memoria por la Secretaría de Derechos Humanos.
Según reconstruyó la querella representada por Llonto, Collongues, quien actualmente es tesorero de la Fundación para el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, fue responsable de la entrega al Ejército de las listas de los trabajadores de Astarsa. Lacoa era su superior. Diferentes testigos relataron cuál fue el rol de estos ejecutivos en los secuestros que se produjeron en la empresa.
Por ejemplo, el trabajador secuestrado Daniel Vicente declaró que a mediados de 1975 Astarsa cambió toda su dirección y asumieron nuevos directivos. Vicente explicó que “a cargo de las relaciones con el personal” quedaron “Collongues, Lacoa y a un tal Martínez”. Y señaló que desde entonces, al cambiar la forma de relación con el personal, la situación de los trabajadores activistas sindicales quedó expuesta. Vicente afirmó “que esas tres personas idearon la forma de destruir a la comisión interna” y que “ellas son las personas que le suministraron al Ejército las listas de las personas que debían secuestrar”. Vicente narró cómo el 24 de junio por la mañana vio entrar a un batallón del Ejército. Recordó “un jeep con armamento pesado con varios soldados, otro atrás y dos o tres camiones con soldados y más vehículos militares”. Rememoró “que se desplazaron y tomaron posiciones como si fuera para un combate”.
Llonto también citó el testimonio de Beatriz Bertinat a José Sosa, que se presentó por escrito en la causa: “Vi dos veces las listas La primera vez me las mostró Collongues donde aparezco entre signos de interrogación. La segunda vez fue a los pocos meses del golpe (no recuerdo el mes). Llegó a Astarsa un militar con varios soldados, se instaló en una oficina y con una lista, primero me identificó a mí con nombre, apellido, DNI, etc.. Y luego me fue preguntando si conocía a los obreros detenidos, al llegar a Mastinú me preguntó cuál era mi relación con él, le contesté que era una relación laboral”.
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En el pedido de indagatoria que hizo la querella a cargo de Llonto se especificó qué víctimas fueron secuestradas por las listas que confeccionó la empresa, es decir, por Collongues.
El primer caso que se cita es el de Rodolfo José Iriarte. Entre las pruebas figura el testimonio de Elsa Renzi, esposa de Iriarte, quien denunció ante la Conadep que el mayor Ricardi admitió que las detenciones se produjeron “portando los represores una lista del personal de la empresa”.
La jueza Vence les imputó a los dos ex ejecutivos de Astarsa participación en diversos casos que involucran además de a Vicente e Iriarte, a: Livio Garay, Martín Mastinú, José Antonio Lucero, Alberto Acevedo, José Caamaño Uzal, Manuel Ernesto Ludeña, Walter Vivanco, Rubén Honore Roqueta, Aldo Ramírez, Mauricio Villalba, Baldomero Burgos Núñez, Raúl Arturo Degetet Berón, Jorge Elbio Lescano Martínez, Ramón Humberto Poiman Taborda, Hugo Rey Rivas, Luis Hernán Videla Aguilera y Carlos Martínez.
En diversos juicios, el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín condenó a distintos responsables por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la zona norte del conurbano bonaerense, donde estaba ubicado el astillero, y, particularmente, por los secuestros de trabajadores de Astarsa. Ahora, a más de 48 años del golpe de Estado, ejecutivos civiles de la empresa deberán responder por la complicidad con el terrorismo de Estado.
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