El proyecto libertario del gobierno del presidente Javier Milei intenta reducir de modo significativo las prestaciones de la salud pública en la Argentina en una operación que tiene dos andariveles.
El primero de ellos supuso la desregulación de los sistemas de prestación de salud, tanto por el sistema de obras sociales (que por la Ley 23.660 son consideradas como entidades de derecho público no estatales que tienen afiliación obligatoria), como por el sistema privado de empresas y seguros de salud. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, de 20/12/2023, reglamentado por los Decretos 170/2024, 171/2024 y 172/2024, se permitió que los trabajadores registrados o monotributistas que hacen aportes obligatorios al sistema de salud, puedan derivar el total de los aportes a una empresa de medicina privada, sin un período de afiliación obligatoria a la obra social que le corresponda –que era de 12 meses de permanencia antes de cada traslado de su afiliación- y sin que una obra social intermedie entre el aportante y la empresa de medicina privada elegida. Ello supone un cierto desfinanciamiento del sistema de obras sociales, que tenían en ese periodo de cotización obligatoria y en la intermediación un medio para obtener recursos para sus prestaciones siempre deficitarias y que en muchos casos dependen de transferencias de la superintendencia del seguro de salud. Al mismo tiempo por esas normativas se desregulaba el cobro de cuotas por el sistema de empresas y seguros de salud privados, la que tuvieron un gran incremento dado que las empresas comenzaron a indexar estas cuotas. Esta reforma tiene como una de sus consecuencias que alienta a los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas de mayores ingresos, a que opten directamente por empresas de medicina y seguro de salud privados, lo que contribuirá más a la desfinanciación de los ingresos de las obras sociales.
El segundo andarivel de este programa es una reducción en las transferencias directas que el estado nacional y los gobiernos provinciales hacen al sistema de salud pública. Una primera señal de esto es el proyecto de cobro de servicios de salud a extranjero no residentes en todo el país, copiando una modalidad que ya existe en provincias como Santa Cruz y Salta. Este arancelamiento de las prestaciones de salud va acompañado con la reforma del Programa Médico Obligatorio, creado por el Decreto 492/1995 que determina el conjunto de prestaciones obligatorias que debe cumplir cualquier obra social o empresa de medicina prepaga; esa reforma, por medio de la Resolución 1926/2024 del Ministerio de Salud, sostiene en su Artículo 1º que: “Déjanse sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660 en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.". Eso significa que las empresas de medicina privada prestadoras de las obras sociales, podrán fijar libremente los copagos, lo que supone un incremento que en muchos casos es muy significativo, y que afecte la prestación de servicios por el sistema solidario de salud. A esto se suma la reducción del número de medicamentos gratuitos para los jubilados y pensionados que están bajo el sistema del PAMI.
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Y esta situación se iría a radicalizar con el proyecto denominado Ley Hojarasca, que promueve el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que afectaría a organismos como el INCUCAI, y los hospitales nacionales actualmente existentes, que serían traspasados a las jurisdicciones provinciales, sin los recursos financieros operativos para ellos. Inclusive el proyecto de ley Hojarasca quiere imponer restricciones legales a la judicialización de los tratamientos médicos que están fuera del Programa Médico Obligatorio, lo que supondría un significativo encarecimiento de, y en algunos casos la imposibilidad, de abordar tratamientos médicos de alta complejidad.
Algunas de estas reformas exigen un trámite legislativo, que las hace en principio difíciles de ser aceptadas sin modificaciones, pero muchas otras dependen de las competencias presidenciales y ministeriales y están más allá del control legislativo.
El argumento retórico de la falta de dinero parece implausible, al tiempo que se intentan destinar 100 mil millones de pesos para gastos reservados de inteligencia, y que el negocio financiero avanza en forma exitosa a la sombra de la manipulación de la relación entre la tasa de interés y los mercados de divisas, se intenta justificar este ataque masivo al sistema de salud pública en dudosas razones de finanzas públicas. Sería bueno preguntarse ¿no hay plata o la hay para algunas cosas y otras no?
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