El bochornoso papel cumplido por la Policía de la Ciudad durante el operativo del sábado pasado con el operativo de vallado y posterior represión a manifestantes en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner puso en debate el nivel de autonomía que pueden ejercer las autoridades de la Capital Federal, asiento de los estamentos nacionales. "Una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles, esto debe ser replanteado", sostuvo Cristina en su mensaje ante los bloques legislativos del Frente de Todos, que de inmediato se pusieron a analizar la cuestión. En la vereda de enfrente, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, principalmente porteños, emitieron un comunicado de rechazo. "La autonomía de la Ciudad no está en discusión", lo titularon. Pero parece que sí lo está.
La vicepresidenta explicó que quería aprovechar el ámbito legislativo para introducir la cuestión. "La Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además creo que esta ciudad es de todos los argentinos", planteó en la reunión del martes. Lo que abrió la discusión fue que una policía jurisdiccional resolviera restringir la movilidad de la vicepresidenta de la Nación, además de los insultos y agresiones contra el diputado Máximo Kirchner, entre otras autoridades. Por ejemplo, la titular del PAMI, Luana Volnovich, comentó que fue golpeada. También circularon audios donde los policías evalúan la posibilidad de detener al gobernador Axel Kicillof y al ministro Andrés Larroque como lo hicieron con el legislador provincial Matías Molle y el ex diputado Facundo Tiganello. Molle contó que cuando se identificó como diputado frente a un policía que lo golpeaba, le respondió: "me chupa un huevo".
El artículo 129 de la Constitución Nacional reformada establece que la Ciudad "tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción". Pero añade que "una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación". Una norma posterior, conocida como "ley Cafiero", por su impulsor el senador Antonio Cafiero, limitó los alcances de la autonomía. Allí se estableció que el gobierno porteño ejercería las funciones de seguridad pero "en todas las materias no federales". Dos años más tarde, a fines de 1996, se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que estableció el funcionamiento de una policía que quedaría al mando del Ejecutivo porteño. A partir de ahí la disputa quedó en torno a su financiamiento, dado que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad debía hacerse con sus recursos, algo que durante años bloquearon los legisladores del interior.
A poco de asumir la presidencia, Mauricio Macri dispuso por decreto casi triplicar el porcentaje de coparticipación destinado a la CABA para financiar su policía. Pasó del histórico 1,4% al 3,75% de coparticipación, que luego redujo al 3,5%. Pero el gobierno de Alberto Fernández concluyó que esa cifra estaba muy por encima de lo que requería ese servicio. Luego de un pormenorizado trabajo que realizó la entonces secretaría de Provincias a cargo de Silvina Batakis se le destinó una suma fija a la Ciudad que se va actualizando periódicamente. Rodríguez Larreta acudió a la Corte Suprema para frenar el recorte. El máximo tribunal dispuso una serie de audiencias de conciliación de las que participó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que fracasaron y ahora debe resolver quién tiene razón. Un dato político a tener en cuenta es que todos los gobernadores del oficialismo y de los partidos provinciales se expresaron a favor del Ejecutivo nacional en la disputa, importante en caso de que la discusión se traslade al Congreso.
Los juristas que se expresaron sobre esta controversia afirmaron que la autonomía de la Ciudad está fuera de discusión en tanto no se cambie la Constitución. "No hay nada que discutir en torno a la autonomía de la CABA conceptualmente hablando", sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Pero lo que no estaría tan claro es la definición en torno al rol que le toca jugar a la Policía de la Ciudad en cuanto a la custodia y seguridad de las autoridades federales con asiento en la Capital, un punto al que hizo referencia el juez Andrés Gallardo en su fallo, que el Ejecutivo porteño desconoció. "En lo que atañe a la custodia de la vicepresidenta, es claramente competencia de las fuerzas federales que dirige en términos operacionales el Ministerio de Seguridad de la Nación", explicó el juez en diálogo con El Destape Radio. Y añadió que el fallo diferenció la custodia de la vicepresidenta del resto de las cuestiones policiales que podrían ocurrir en el barrio de Recoleta, que seguirían siendo competencia de la policía porteña.
Así las cosas, la discusión, más que jurídica, se perfila como política. “¿Puede un organismo como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impedir la libertad de un integrante del Gobierno Federal? Cristina pidió discutir esto. La libertad de circulación de la vicepresidenta estuvo parcialmente interrumpida por una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una jerarquía inferior al Gobierno nacional. Son derechos que entran en condicionamiento”, planteó el titular de la AFI, Agustín Rossi, otra de las voces que se expresaron a través de El Destape Radio sobre esta cuestión. Añadió que "nos mintieron cuando nos dijeron que tienen una policía profesionalizada y en realidad tienen una policía politizada". Fueron varios los funcionarios y legisladores del Frente de Todos que se expresaron en similar dirección. Por otro lado, cada vez salen a la luz más irregularidades del accionar. Desde los volquetes con piedras que aparecieron en las cercanías, a las filmaciones de militantes desde los balcones hasta la utilización de balas de plomo que denunció la legisladora Ofelia Fernández.
Juntos por el Cambio respondió con un comunicado en el que hablaron en nombre de los bloques de sus bancadas legislativas, pero que en verdad sólo suscribieron dos senadores y 15 diputados. "Hoy la República y el estado de derecho están en peligro por los permanentes ataques a la justicia independiente que realiza el oficialismo", expresaron allí, justo en el día que el Ejecutivo porteño decidió desconocer la decisión tomada por el juez Gallardo, tildándolo de kirchnerista. En los bloques del Frente de Todos explicaban que habían comenzado a estudiar la situación y que la semana que viene avanzarán en las propuestas que presentarán para que el Congreso intervenga sobre esta controversia, una nueva entre oficialismo y oposición.
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