Se agudiza la interna en la Corte por la Obra Social de los judiciales y desplazan a poderoso secretario

Un día después de elevarle al presidente de la Corte Horacio Rosatti un informe detallado que expone los desmanejos en la Obra Social de los judiciales, el poderoso secretario de Administración Héctor Daniel Marchi fue desplazado del cargo que ostentó por 15 años. Rosatti junto a sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda lo trasladaron a la Cámara Federal de la Seguridad Social con la excusa de reformar toda el área administrativa. Ricardo Lorenzetti votó en disidencia y acusó a sus colegas: “Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la Obra Social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia”, señaló. El cortesano rafaelino también apuntó a sus colegas de gastos millonarios innecesarios. Días atrás, en un caso que lo enfrenta con Elisa Carrió y está en el Alto Tribunal, el ahora exsecretario de Administración había recusado a los tres supremos que este jueves lo corrieron.

“Es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado”, sostuvo Lorenzetti en su voto en disidencia al desplazamiento de Marchi, que es contador, a la Cámara Federal de la Seguridad Social. “La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de Abril, que no parece gustar”, señaló el supremo rafaelino. Ese trabajo cuenta con al menos 4 informes de supervisión y 30 notas de observaciones y recomendaciones hechas al directorio de la prestadora médica. Para tener una dimensión: en formato digital Marchi envió a Rosatti 94 cuerpos (más de 18.000 fojas) con información complementaria de los informes de supervisión. Allí se remarca que hubo pérdidas por 3 mil millones de pesos en apenas 6 meses por no invertir el dinero de la OSPJN en plazos fijos, que se perdieron miles de medicamentos y que la compra de medicamentos se hace por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente. Marchi señala que mensualmente por esas operaciones se pagan 400 millones de pesos.

“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, agregó Lorenzetti, quien advirtió que “la negociación de salarios, la administración de contratos, vehículos, fondos anticíclicos, elaboración del presupuesto, relación con los bancos, temas impositivos de funcionarios y magistrados; todo (está) en riesgo por una decisión precipitada”.

Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales indicaban que el destino en el que se ubicó a Marchi era una forma de invitar al exsecretario de Administración a renunciar. Para Lorenzetti “esta resolución es inaplicable y no tendrá ningún efecto jurídico. Un secretario de Corte tiene el mismo grado que un Juez de Cámara, con lo cual se va a agregar un camarista más a la Cámara Federal de Seguridad Social”. “De este modo es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión. Sólo la explica la sanción”, concluyó.

Este escándalo se da a la par que la Comisión de Juicio Político comenzó a abordar el último martes los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. De hecho, desde la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard ya se le solicitó a la Corte el informe de Marchi, a quien se va a convocar a prestar testimonio. También se cursaron las citaciones para la audiencia del 25 de abril donde vuelve a aparecer el denunciado exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, quien intenta evitar declarar en el Parlamento.

El informe del escándalo

Este último miércoles, Marchi le envió al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, informes sobre la situación de la Obra Social de los judiciales que había sido requerida por la comisión de Juicio Político. Se trata de información que expone los desmanejos en la prestadora de salud. El material incluye “todas las observaciones y recomendaciones” que la secretaría que estuvo a cargo de Marchi envió al directorio de la OSPJN  “conforme las facultades de supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médica asistencia social y del estado económico financiero de la Obra Social”. Al día siguiente de esa presentación fue desplazado. Por eso Lorenzetti afirma que su apartamiento está relacionado a este trabajo que cuenta con al menos 4 informes de supervisión y 30 notas de observaciones y recomendaciones hechas al directorio de la prestadora médica. Para tener una dimensión del trabajo: en formato digital Marchi envió a Rosatti 94 cuerpos (más de 18.000 fojas) con información complementaria de los informes de supervisión.

La Comisión de Juicio Político, que comenzó a tratar los desmanejos en la Obra Social el martes pasado, ya solicitó el informe en cuestión y citará a Marchi a prestar testimonio.

En la primera audiencia sobre el tema en la Cámara de Diputados declararon los peritos contables y médicos que a pedido de la Corte realizaron la auditoría económica, financiera, de legalidad y gestión de la OSPJN que arrojó “disfuncionalidades de diverso orden”; afiliados que sufrieron las consecuencias de las irregularidades; y funcionarios de la Obra Social. Todos dieron cuenta de graves deficiencias y desmanejos. Brilló por su ausencia Aldo Tonón, el exdirector de la prestadora médica, quien pidió vía un escrito que se lo exima de prestar testimonio porque está siendo investigado en sede penal por las irregularidades en la OSPJN y hasta envió a un abogado en su nombre a la comisión. La solicitud fue rechazada y se lo volvió a convocar.

La excusa de la reforma

Para desplazar a Marchi, los supremos Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda decidieron reconfigurar el área administrativa. “El Tribunal considera necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas. A tal fin se requiere, entre otras medidas que serán adoptadas en el futuro, disponer el traslado del Secretario General de Administración, quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”, escribieron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en la Resolución 723/2023 por la que se corrió a Marchi.

El disparador de esa resolución fue la Acordada 11/23 por la que se crearon distintas secretarías y reubicaron dependencias. La razón que esgrimió la tríada Rosatti-Rosenkrant-Maqueda para realizar los cambios fue “un importante proceso de modernización” que busca “afianzar y mejorar el servicio de justicia a través de una mayor transparencia en la gestión administrativa y nuevas políticas institucionales”. En lugar de Marchi fue nombrado de forma transitoria Damián Ignacio Font, de la Secretaría Judicial Nº 1.

Lorenzetti se opuso a estas modificaciones. Manifestó sus disidencias tanto en la acordada como en la resolución y definió al reemplazante de Marchi como “un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración”.

El supremo oriundo de Rafaela sostuvo que en la Acordada 11/23 "se decide exactamente lo contrario que se resolvió en el año 2015, quebrando la regla que prohíbe ir contra los propios actos y alterar las reglas del proceso”. Recordó que a través de la acordada 39/15, el 21 de diciembre de 2015 (firmada por Lorenzetti, Elena Highton, y Maqueda), la Corte suprimió la Secretaría de Gestión y pasó todas las dependencias a la Secretaría de Administración. “Se consideró prudente suprimir la secretaría porque no era necesaria y generaba costos para el erario público. La Acordada que ahora se propone, crea nuevamente la misma secretaría con funciones similares, lo cual no tiene justificación alguna”, indicó. Y añadió: “El mensaje que se desprende de ello es que las instituciones no tienen estabilidad, porque pueden ser alteradas por razones circunstanciales o de mera conveniencia”. Además denunció que “también se aumenta el gasto público de manera innecesaria”.

En esa línea, y en el marco de la interna feroz que agrieta a la Corte, acusó a sus colegas de gastos millonarios innecesarios. Por ejemplo, dijo que el 11 de octubre de 2018, a pedido de Rosenkrantz, que recién asumía la presidencia del tribunal, la Corte creó la Secretaría de Desarrollo Institucional que prácticamente no tuvo funcionamiento: “Con el paso del tiempo se advirtió que no tuvo un funcionamiento real ni respondía a necesidades concretas. Esa secretaría tiene, considerando sólo los sueldos, un costo anual de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000)”. Desde su creación, destacó Lorenzetti, “no ha presentado ningún informe de actividades que justifiquen ese costo”.

Una de las razones para rediseñar el área administrativa fue la necesidad de mostrar una mayor transparencia. Lorenzetti se opuso a ese argumento: “Si se trata de controlar el funcionamiento de la Corte de modo transparente, no se crearía una secretaría con un secretario que seguramente será una persona de confianza, sin concurso, con lo cual el control quedaría en manos de personas que dependen de los controlados”. Luego dijo que los organismos de control son siempre externos.

En una clara discusión con sus colegas sostuvo que “por omitir los controles de legalidad internos, se incurre en errores administrativos”.

Vale recordar que ya tres votos en disidencia de Lorenzetti de noviembre de 2022 y por el tema de la Obra Social derivaron en la apertura de una causa penal que podría comprometer a sus colegas.

Carrió versu Marchi

El desplazamiento de Marchi hay que ubicarlo en el enfrentamiento a cielo abierto que mantiene con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

Marchi tiene un juicio por daños y perjuicios con Elisa Carrió que llegó al Alto Tribunal. Y en ese marco, pidió la excusación de todos los cortesanos. El exsecretario considera que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda están siendo defendidos en el juicio político por los diputados que responden a Carrió. Marchi sostiene que ante ese escenario, no tiene garantía de imparcialidad en el pleito que mantiene con la cofundadora de Cambiemos que está en la Corte.

“La Corte sabe que Marchi va a venir a declarar" dijo Rodolfo Tailhade en El Destape Radio el 13 de abril pasado. Para Tailhade, Marchi complicará a los supremos cuando preste testimonio en la comisión, "sobre todo, a Maqueda”, que era quien estaba a cargo de la supervisión de la OSPJN en la Corte. “Están tratando de condicionarlo desde la Corte para que cuando venga esté más tranquilo. Por eso hay una guerra larvada”, había considerado el diputado que integra la comisión de Juicio Político.

En el marco del proceso que Marchi mantiene con Carrió, el último jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda aceptaron la excusación de Lorenzetti. En los argumentos que esgrimieron dejaron entrever que no harán lugar al pedido de Marchi de que ellos mismos también dejen la causa. La tríada aceptó el desplazamiento de Lorenzetti pero por la recusación que le hizo Carrió. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron apartarlo por los motivos que esgrimió Marchi, que el 30 de marzo pasado había pedido el apartamiento de todos los miembros de la Corte. La tríada dijo que el hecho de que un supremo esté involucrado en un juicio político no es causal de excusación “ni se advierte que pueda generar motivos graves de decoro o delicadeza”.

En uno de sus votos disidentes de este jueves, Lorenzetti retomó el caso Marchi-Carrió. “Lamentablemente, debo escribir palabras que no desearía, pero hay una serie de decisiones que se han apartado ostensiblemente de los principios jurídicos de la Corte y del Derecho. Que en este sentido ha sido mi disidencia en el proveido dictado el día 31 de marzo de 2023 (Marchi, Daniel c. Carrio, Elisa Maria Avelina y otro s. daños) en el que se resolvió en 24 hs una recusación planteada el día 30 de marzo, alterando así las reglas del proceso, porque no se habían resuelto las recusaciones presentadas dos años antes”, escribió el cortesano respecto al primer planteo recusatorio de Marchi. “Debo llamar la atención, porque si estas decisiones fueran dictadas por un Juez/a de Primera Instancia, serían descalificadas por esta Corte Suprema”, añadió el supremo.

Citaciones en el Congreso

Ante este escenario, la comisión de Juicio Político prepara las citaciones para el próximo martes a las 13. Según pudo reconstruir El Destape, se busca notificar a:

• Aldo Tonón (ex Director de OSPJN), a quien se volvió a citar después de su faltazo del último martes.
• Gustavo Montanini (Docente UBA).
• Dr. Sebastian Clerici (Secretario letrado CSJN).
• Dr. Enrique de Vedia (Prosecretario letrado CSJN).
• Dr. Enzo Canónaco (Médico Legista).
• Valeria Díaz (Afiliada OSPJN).
• Laura Ambrosio (Afiliada OSPJN).

En la agenda de la comisión también figura convocar al secretario de administración Héctor Marchi. En este contexto, su concurrencia, que aún no tiene una fecha precisa, genera gran expectativa.