Se profundiza la interna en la Corte por los desmanejos en la Obra Social

Se profundiza la interna en la Corte Suprema de Justicia por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). Este jueves, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda firmaron una resolución en la que salieron al cruce de su colega Ricardo Lorenzetti por una nota en la que había afirmado que el directorio de la OSPJN no explicó ni subsanó las irregularidades detectadas por una auditoría hecha a pedido del Alto Tribunal.

El cortocicuito ocurre a la par que la Comisión de Juicio Político citó a los primeros testigos para abordar las irregularidades en la obra social del Poder Judicial en el proceso que se les sigue en el Congreso a los cuatro ministros supremos. Entre los convocados se destaca el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonon -un hombre muy cercano Maqueda-, a quien el 30 de marzo pasado se le aceptó la renuncia condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite y se le recordó que tiene 30 días hábiles para presentar su declaración jurada patrimonial.

La referencia a Maqueda no es menor. La Comisión de Juicio Político tiene en su poder un mail interno de la Corte en el que el propio Maqueda reconoce que supervisó la obra social durante 13 años por lo que es supremo que está en el centro de la escena. No obstante, su supervisión surcó las presidencias cortesanas tanto de Lorenzetti y como de Rosenkrantz.

Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda versus Lorenzetti

A través de la resolución 702/2023, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda salieron al cruce de la nota que Lorenzetti firmó el 4 de abril pasado. Aunque le dieron curso. Es que es tal el escándalo que envuelve a la Obra Social que si no lo hacían hubiesen quedado más expuestos.

Los tres supremos intervinieron sobre la nota de Lorenzetti luego de que uno de los directores de la obra social, el doctor Mariano Althabe, les diera intervención. En la resolución que suscribieron este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le remarcaron a Lorenzetti que su escrito en el que cuestiona al directorio de la OSPJN no tiene fuerza de resolución porque se necesita una “mayoría de tres de sus miembros" para que tenga esa validez. “Se descarta de plano que el ministro Lorenzetti haya adoptado algún tipo de resolución o acto dispositivo por sí y ante sí, pues en tal hipótesis se trataría de una decisión manifiestamente nula por carecer quien la suscribe de competencia”, resaltaron sus tres colegas.

También destacaron que Lorenzetti tomó conocimiento del informe del directorio de la OSPJN que cuestionó el pasado 4 de abril “el mismo día en que fue recibido en la Corte. Sin embargo, pese a que decidió no tomar intervención formal en el marco de las citadas actuaciones administrativas, efectuó la presentación bajo análisis”. Es decir, le critican la forma en que decidió intervenir en el asunto.

En otro pasaje de la resolución de 5 páginas, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda afirmaron que “la única calificación válida de la presentación bajo análisis, acorde a las competencias del ministro Lorenzetti, conduce inexorablemente a tramitarla como un requerimiento adicional de información al Directorio de la Obra Social sobre las observaciones allí formuladas”.

Acto seguido, resolvieron canalizar los cuestionamientos realizados por el jurista rafaelino y remitieron su nota a la Obra Social del Poder Judicial “para que manifieste lo que estime corresponder respecto a las observaciones realizadas por el doctor Lorenzetti”. De alguna forma, buscaron bajarle el tono y quedar lo menos expuestos posible.

La nota de la polémica

Como publicó Ari Lijalad en este medio, la nueva escalda de este conflicto interno puede ubicarse el 7 de octubre de 2021, justo después de que Maqueda renunciara a continuar como supervisor de la obra social. En aquella jornada la Corte ordenó una auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión sobre la OSPJN. Esa auditoría arrojó “disfuncionalidades de diverso orden” y la Corte resolvió publicarla y pedirle un informe y una serie de medidas al Directorio de la prestación médica para los judiciales. La solicitud se hizo el 24 de agosto de 2022, es decir, durante gestión presidencial de Rosatti.  A través de la Resolución 2095/2022, la Corte le ordenó al directorio de la OSPJN, entre otras cosas, que hiciera un presupuesto anual, estados contables profesionales, que tuvieran un software de gestión, medidas de transparencia, procedimientos de actuación interna, un organigrama y un reglamento de contrataciones. Lo firmaron los 4 cortesanos.

El directorio respondió a ese petitorio el 13 de febrero pasado. Entre otras cosas, informaron que la Obra Social del Poder Judicial de la Nación nunca elaboró un presupuesto en su historia institucional; que recién en 2022 se avanzó en la elaboración de un Sistema Presupuestario; que la OSPJN nunca había certificado sus balances ante los organismos pertinentes; y que todos esos balances habían sido confeccionados por contadores con contrato de locación, entre otras cuestiones. También informaron que se dispusieron incrementos arancelarios a prestadores que se encontraban desactualizados; transferencias de remanentes al Fondo Anticíclico; y se redujo la litigiosidad, por citar otros ejemplos.

Ante esa respuesta, Lorenzetti decidió publicar una nota en el Centro de Información Judicial (CIJ) el 4 de abril en la que sostuvo que los directivos de la Obra Social “dicen contestar la resolución 2095/2022” con “un informe (que) es irregular en muchos sentidos”.

Por un lado, señaló que los incumplimientos mencionados por el Directorio respecto de la gestión previa de Aldo Tonón nunca fueron notificados a la Corte. Recordó, por ejemplo, el correo de Maqueda donde deja la supervisión de la OSPJN mencionando sus logros. En ese sentido, había manifestado: “Tampoco ello es reflejado en la nota que enviara el Dr Maqueda el 31 de agosto de 2021, mediante la cual dejó de actuar en la supervisión de la Obra Social. Por el contrario, (Maqueda) señala que ‘estábamos con una Obra Social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones reducidas’... y señala varios logros importantes: las finanzas están saneadas, y se han incorporado prestadores, se eliminaron prácticas corruptas, etc.” cuando la supervisó.

Respecto de la gestión de Althabe, Lorenzetti criticó la falta de presupuesto del año 2022 y 2023, la falta de balances de los años 2021 y 2022, la falta de licitación de software de gestión y la asignación a la contadora Melisa Solanas de la elaboración un sistema de contabilidad, quien luego renunció de manera abrupta. En su escrito había dicho lo siguiente: “En la auditoría, se relevan incumplimientos durante la gestión del Dr Althabe, que no han sido respondidos (…) Así mismo, no explica porqué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”.

También criticó que la contestación del directorio de la Obra Social fuera extemporáneo, cuestión que ya había mencionado en su voto en disidencia en la Acordada 28/2022 que modificó el Estatuto de la OSPJN. Ese voto suyo derivó en la apertura de una nueva causa judicial, luego de que el fiscal Guillermo Marijuan se tomara de una serie de afirmaciones de Lorenzetti y realizara una extracción de testimonio de la causa “central”. El nuevo expediente recibió impulso penal este último martes por parte del fiscal Ramiro González.

En la causa “central” de los desmanejos de la Obra Social se investigan dos hipótesis delictivas:

1) Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI) por $100.000.000 anuales desde 2008, sin haber cumplido sus obligaciones de emergencia médica en todo el país.

2) Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Fandamant S.A.”, domiciliada en la ciudad de Córdoba, cuya prestación consistía en el control de recetas y no contaba con la infraestructura necesaria. De acuerdo la denuncia sería una empresa “fantasma”.

Finalmente, en la nota de la polémica con sus colegas, Lorenzetti resaltó que el actual directorio de la OSPJN se compone por cinco personas y que dos integrantes no asumieron.

Por todo ello, Lorenzetti consideró incumplido el informe que había pedido la Corte.

En ese contexto, intervinieron sus tres colegas. Y decidieron responderle.

La comisión se enfoca en la OSPJN

En el marco del proceso que se les sigue a los 4 ministros supremos, la comisión de Juicio Político comenzará a abordar a partir del próximo martes 18 de abril los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, convocó para esa jornada a:

• Aldo Tonon (el exdirector de la OSPJN).
• La contadora Melisa Solana (quien renunció de forma abrupta a la OSPJN).
• María Cristina Interlandi (Médica Legista y Perito de la CSJN).
• Al contador Gustavo Montanini (Docente UBA).
• Laura Coulin (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN).
• Liliana de Brito (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN).

La convocatoria ya encendió las alarmas en la Corte.