EN VIVO: Diputados avanza con el pedido de juicio político a la Corte

Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura, mostró que Horacio Rosatti nunca echó de la intendencia de Santa Fe a su secuestrador, Eduardo Alberto Ramos, pese a que la propia municipalidad inició una investigación acerca de por qué había ingresado y a que existía un pedido de detención contra él en la justicia de España. 

Según relató Isasa, Ramos recién fue echado cuando se lo detuvo por unos días en 2001, ya durante la intendencia de Marcelo Álvarez. Finalmente, fue detenido de manera definitiva en 2005 y condenado múltiples veces por delitos de lesa humanidad. 

La testigo cerró con un pedido de destitución a Rosatti por "mal desempeño". "No pido un castigo para Rosatti sino la protección de los intereses públicos contra el peligro de los abusos de poder y de una conducta incompatible con el cargo", explicó.

Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura, mostró diversos recortes de diario que exponían públicamente a su secuestrador, Eduardo Ramos, como funcionario de la municipalidad de Santa Fe mientras Horacio Rosatti era intendente, pese a lo cual el actual presidente de la Corte no lo removió de su cargo.

"No puede ser que no haya visto los recortes", afirmó Isasa en referencia a Rosatti y acerca de las notas contra Ramos que aparecieron en diarios como El Litoral y Clarín. En ese marco, agregó que en esos meses otro represor denunciado en esos artículos, Héctor Colombini, sí fue separado de su cargo en la gobernación santafesina.

Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura, contó que se entrevistó con Rosatti en 1998 cuando el actual presidente de la Corte era intendente de Santa Fe para contarle que su secuestrador, Eduardo Alberto Ramos, era empleado municipal.

Isasa relató que, en esa ocasión, le dijo a Rosatti que Ramos no podía ser empleado municipal porque no cumplía con el requisito de "idoneidad" del estatuto, porque había sido exonerado de la Policía y porque había sido condenado por un hecho doloso, debido a que lideró una banda de delincuentes en la ciudad entre 1976 y 1977. Incluso, agregó la denunciante, Ramos tenía causas abiertas por corrupción de menores. 

"Además de todo esto, esta persona (por Ramos) es quien entró a mi casa, me secuestró y me torturó", contó Isasa que le dijo a Rosatti en esa ocasión. Sin embargo, la denunciante agregó que el actual presidente de la Corte "no respondió nada" respecto a su pedido de apartamiento de Ramos.
 

Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura, expuso que su secuestrador, Eduardo Alberto Ramos, era funcionario municipal en la Secretaría de Cultura de Santa Fe mientras Horacio Rosatti era intendente de esa ciudad, entre 1995 y 1999. "Era amo y señor", afirmó Isasa en relación al control que Ramos tenía del centro clandestino en el que ella estuvo secuestrada. 

Patricia Isasa, sobreviviente de los centros clandestinos de la última dictadura, expone ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados acerca de la supuesta protección de Horacio Rosatti a su secuestrador, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés denunció que los jueces de la Corte Suprema "violaron" artículos de la Constitución Nacional. Además, advirtió que mostraron "idoneidad" en el fallo por los fondos de la coparticipación para beneficiar a la ciudad de Buenos Aires, al restituir la ley del Consejo de la Magistratura derogada por el Congreso, en la aplicación de la ley del dos por uno en causas de lesa humanidad y en el manejo de la obra social judicial. El legislador del Frente de Todos (FdT) dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte "deben administrar justicia bien y legalmente".

Valdés abrió su discurso al ratificar el proyecto de resolución por el juicio político de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rozenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. También señaló que a Rosatti se lo acusa por el "delito en la comisión de sus funciones", proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores.

Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que "distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores". En esa línea, el legislador señaló que "es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal".

"¿Por qué no escuchó a los gobernadores?, ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?", preguntó el diputado.

Valdés marcó que "en el artículo 116 de la Constitución Nacional se establece que los jueces solo pueden decidir en una causa, y una causa es una disputa concreta entre partes contrarias" y dijo que "además no deben emitir declaraciones ni consultas, solo deben hablar a través de las sentencias, y éstas deben ser de acuerdo al derecho vigente y a la prueba presentada".

Sobre esto, manifestó que "si no se cumplen esos artículos, entonces se transforma en un acto irracional, eso configura el mal desempeño y demuestra la falta de idoneidad para el cargo". Asimismo, citó el artículo 16 de la Constitución Nacional, según el cual "todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

Sobre el Consejo de la Magistratura, Valdés apuntó que a partir de la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pone en marcha "el asalto al Consejo de la Magistratura". Recordó que "15 años estuvo vigente esta ley, de los cuales 6 años estuvo durmiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para descubrir o no un vicio manifiesto -es claro que no es manifiesto- y si no es manifiesto, no es inconstitucional, por eso es que hay mal desempeño. No contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación".

En esa línea, agregó: "Horacio Rosatti nunca debió intervenir en el amparo presentado por el Colegio de la Ciudad que, recordemos, tenía como único objetivo recomponer el equilibrio entre los estamentos en el Consejo de la Magistratura".

En cuanto al manejo de obra social judicial, Valdés aclaró que el juicio político es contra los miembros del tribunal -a diferencia de la Coalición Cívica que solo apunta a Lorenzetti-, ya sea "por la comisión de delitos conforme lo determinen las investigaciones judiciales penales en curso, o en el menor de los casos por 'mal desempeño'". En ese marco, afirmó que "se deberá investigar y comprobar si los magistrados omitieron conformar en debida forma el directorio de la Obra Social para de ese modo poder realizar un incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables que les correspondía realizar en virtud de la Acordada 5/2008".

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, aseguró que el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia "llega muy tarde" y señaló que "estos jueces han hecho mucho daño ya". Cortiñas habló ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que trata distintas denuncias, como la del pedido del Poder Ejecutivo, para analizar la conducta de Joracio Rosatti, Ricardo Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Tras asegurar que el juicio político es "admisible", Cortiñas opinó que "las voces que se escuchan y leen en contra de este juicio político son interesadas y se difunden por quienes son los beneficiarios en el proceder de los jueces". En este sentido citó a "los grupos mediáticos, como Clarín, y los grupos económicos concentrados; muchos de ellos fueron clientes de (Carlos) Rosenkrantz", uno de los jueces del tribunal. Y sumó en alusión al fallo Muiña, sentencia avalada por la Corte y que conmutó la pena a represores: "También los represores, los genocidas, los violadores de derechos humanos en Argentina, como lo prueba la sentencia del dos por uno".

Cortiñas apuntó asimismo contra el juez de la Corte Horacio Rosatti, y pidió "no olvidar nunca" el caso de Patricia Isasa, una detenida-desaparecida que acusó al juez Rosatti de haber apañado como intendente de Santa Fe al represor que la torturó y violó durante la última dictadura, quien se desempeñaba en esa dependencia municipal.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó a las 11.10 para recibir los argumentos de legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

Al abrir la segunda reunión, la presidenta de ese cuerpo parlamentario Carolina Gaillard, dijo que hoy expondrán autores de 14 expedientes e informó que no concurrirá la senadora Juliana Di Tullio, quien lo comunicó a través de una nota.

Los argumentos que hoy expondrán legisladores, asociaciones y juristas serán clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y comenzar la etapa de recolección de pruebas.

La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.

La lista de expositores fue abierta por la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, quien aseguró que el pedido de juico político contra Lorenzetti "pertenece a nuestro bloque data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió".

La segunda jornada de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que investiga el desempeño de los jueces de la Corte Suprema, fue dedicada a que legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados den los argumentos para sostener sus acusaciones. 

La lista fue abierta por la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, quien aseguró que el pedido de juico político contra Lorenzetti "pertenece a nuestro bloque data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió".

"En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia Germán Garavano", agregó y destacó el "respeto" de sus compañeros de otros bloques que conforman Juntos por el Cambio. Asimismo, la legisladora detsacó que se presenteó el pedido de juicio político "más allá de cualquier especulación política o necesidad de un Gobierno para condicionar a un poder de la República” y aclaró que “ahí está la diferencia sustancial en relación a este momento”, en alusión a los pedidos del oficialismo.

En relación a esto último, Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento "no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión". En su larga alocución, enumeró “los 29 hechos que se imputan” a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias; una  evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema; y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”. 

En la antesala del comienzo del tratamiento del juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, el gobierno nacional amplió el miércoles  la recusación a los jueces de la Corte Suprema en la controversia por los fondos coparticipables redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en una presentación en la que además pidió que por "decoro" los miembros del tribunal "se excusen de intervenir" en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por "conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país".

El gobierno liderado por Alberto Fernández incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Al mismo tiempo, se señaló -en gran parte de la presentación- la filtración de los supuestos chats que se enviaban un estrecho colaborador del titular de la Corte, Silvio Robles, y el exministro porteño Marcelo D´Alessandro.