El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, destinó una inversión de casi 150 millones de pesos para atender las necesidades de tres sectores que resultan cruciales para atravesar la crisis provocada por el coronavirus: trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad y los docentes.
Con un aumento equivalente a un 25% de los salarios de los efectores de la salud, aplicó un ajuste a las guardias y estableció una diferenciación de las “Guardias COVID-19” por un lapso de 4 meses, destinando para ello 40 millones de pesos. También dispuso un aumento para la totalidad de los docentes de 3.000 pesos por cargo (con tope en dos cargos por docente) hasta que se concreten las paritarias nacionales, hecho que ocurrirá en el mes de noviembre próximo. El gobernador aclaró que, en la provincia, la mayoría de los docentes tiene dos o más cargos, de modo que en líneas generales puede hablarse de un incremento del ingreso de 6.000 pesos para buena parte de los trabajadores de la educación.
Además, amplió una línea de créditos exclusivos para docentes para la adquisición de notebooks anunciado un mes atrás, de 50.000 a 100.000 pesos, a través del Nuevo Banco de La Rioja y anunció una inversión de 56 millones de pesos para garantizar la conectividad en la totalidad de las localidades de la provincia para posibilitar así, la actividad docente en forma virtual. Insistió en manifestar su voluntad sobre el tema, al expresar que “queremos ser una provincia que esté a la vanguardia de la conectividad”, tal como lo había reflejado meses atrás al suscribir un convenio con la empresa estatal que presta el servicio de Internet para colocar más de 86 antenas que cubrirán el territorio provincial.
Tras la turbulencia institucional que en la semana anterior provocaron una cuarentena de agentes policiales en actividad y retirados, el gobernador reconoció públicamente un retraso salarial para el sector, pero hizo un fuerte reproche a la forma en el planteo de este grupo minoritario. De inmediato, encaró el conflicto con decisiones en ambos sentidos: ordenó a la ministra de Seguridad iniciar los sumarios correspondientes a los agitadores, actualmente en curso; y dispuso el otorgamiento de un bono de 8.000 pesos a la totalidad de los trabajadores policiales, quienes lo percibirán en una sola entrega, a diferencia de provincias vecinas que lo desdoblaron en tres meses. También percibirán el beneficio los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial. El bono demandará de las arcas del Estado unos 35 millones.
En la mañana del sábado, entrevistado por Radio La Torre, el gobernador adelantó que, en octubre, se realizará el esperado anuncio de aumentos en los salarios de los trabajadores de la Administración Pública Provincial, aunque declinó dar detalles cuantitativos, ya que “eso todavía lo estamos evaluando” aseguró.
En otro orden, el mandatario riojano dio detalles del encuentro virtual que tuvo con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien agradeció el apoyo de la provincia al presidente Alberto Fernández, tras el insólito alzamiento de la Policía bonaerense. Quintela insistió ante la Nación sobre la recuperación del punto de coparticipación perdido durante la década del ochenta, y también sobre la consolidación de obras que se desarrollan en la provincia con apoyo de la Nación, como la ampliación del Parque Eólico Arauco y la renegociación del préstamo, conocido como Bono Verde que, de llegar a término, aliviará y permitirá el crecimiento de la provincia durante los próximos tres años.
En el ámbito de la salud, Quintela anunció que, en relación con los protocolos de aislamiento y circulación, no habrá modificaciones durante los próximos siete días, de manera que los comercios de productos no esenciales permanecerán cerrados a pesar de ser el sector con el que más dificultades tiene el gobierno para llegar a un acuerdo. El Gobernador pidió que “no tomen los paliativos que les proporciona el gobierno como una dádiva” porque “en defensa de la salud de todos es lo que tenemos que hacer” precisó. El anuncio lo hizo en una situación que ha puesto al límite a la paciencia de importantes sectores de la sociedad riojana, por lo que es de suponer que, la próxima, será una semana de presiones para el gobierno y en la que deberá extremar las medidas de contención. Sin embargo, nadie discute la necesidad de reducir el número de contagios diarios que supera la centena y son cada vez más difíciles de rastrear.
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