Consejo de la Magistratura: una ley necesaria pero insuficiente para terminar con el lawfare

Este jueves la Cámara Federal porteña firmó una insólita resolución en contra de CFK por la que busca entorpecer la investigación sobre el ataque a piedrazos contra el despacho de la vicepresidenta y dejó en evidencia, una vez más, que los mecanismos del Lawfare siguen intactos en los tribunales de Comodoro Py. La resolución lleva la firma de Martín “Doctrina” Irurzun y Eduardo Farah, dos históricos del edificio de Retiro, lo que refleja que casi nada cambió en los tribunales federales porteños. La media sanción que también este jueves recibió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado expone más bien un movimiento defensivo necesario del oficialismo contra la avanzada que impulsó la Corte Suprema de Justicia sobre aquel órgano estratégico del Poder Judicial que una ofensiva para lograr cambios de raíz en el tercer poder del Estado. Y mientras que esto último no suceda, fallos como los de Irurzun y Farah se seguirán repitiendo.

En una resolución de apenas 3 páginas, la sala II de la cámara porteña anuló una decisión de primera instancia y decidió que no se puede aceptar a Cristina Fernández de Kirchner como querellante en el caso de los piedrazos al Congreso. De esta forma, dejó al caso sin querellantes, es decir, sin damnificados particulares por lo que la pesquisa quedó atada a la suerte que le deparen los magistrados a cargo de la causa: la jueza María Eugenia Capuchetti –designada por Macri- y el fiscal Carlos Rívolo, quien compartió con el procesado Carlos Stornelli la instrucción de la causa de las fotocopias de los Cuadernos y el 16 de noviembre de 2017 llegó a decir en la agencia estatal de noticias Telam “que Cristina Kirchner ‘puede ir presa’".

Uno de los firmantes de la resolución de este jueves es Doctrina Irurzun, protagonista del Lawfare durante el macrismo, que presidió la instancia revisora de Comodoro Py por más de una década y es hacedor de la doctrina del “poder residual”, según la cual todo exfuncionario kirchnerista podía ser encarcelado mientras era investigado bajo el pretexto de que seguía manteniendo poder. Fue la excusa que usó Comodoro Py en la era Macri para encarcelar vía la prisión preventiva a decenas de dirigentes entonces opositores. La doctrina que lleva su apellido ya cayó en desgracia pero Irurzun permanece en el cargo. Y sigue firmando fallos que cercenan derechos de CFK. En este caso, el derecho a defensa.

Farah, por su parte, regresó a la instancia revisora de Comodoro Py durante el gobierno de Alberto Fernández luego de que Macri lo desplazara tras fallar a favor de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del Grupo Indalo que fueron perseguidos judicialmente por el expresidente. De resoluciones zigzagueantes, este jueves se alineó con Irurzun.

El tercer integrante de la sala II es Roberto Boico que tuvo que excusarse de intervenir por haber sido abogado de CFK. Es el único juez de los seis que tiene la cámara porteña que fue designado durante la gestión de Alberto Fernández. La sala I del mismo tribunal sigue integrada por tres jueces nombrados por Macri, dos de manera irregular: Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes fueron puestos a dedo por el entonces jefe de Estado, vía traslado. El tercero es Mariano Llorens, nombrado legalmente por el líder del PRO pero que fue denunciado penalmente por visitar a Macri en la Quinta de Olivos, tal como reveló este medio.

Bruglia y Bertuzzi permanecen en el cargo a pesar de su nombramiento irregular porque la Corte Suprema trató un per saltum que presentaron los jueces y estableció que ambos pueden seguir en la cámara porteña hasta que se designe a sus reemplazantes por concurso. El concurso para reemplazarlos ya está concluido en el Consejo de la Magistratura pero el oficialismo no reúne los 9 votos necesarios en el plenario para aprobar las ternas para esas dos vocalías. Le faltan dos votos. La paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición provoca que se mantenga el statu quo que quedó vigente durante el macrismo en el Poder Judicial.

En ese contexto, la integración actual del consejo (13 miembros) está por llegar a su fin, también por un fallo de la Corte. El Alto Tribunal estableció que el órgano que selecciona y sanciona jueces debe cambiar su conformación por ley o volver a la antigua normativa (derogada) de 20 miembros, en la que el Presidente del Tribunal Superior es quien preside el Consejo. Si ninguna de estas dos opciones se implementa antes del 15 de abril, el Consejo se paralizará ya que los supremos definieron que todo acto que se disponga desde esa fecha en adelante será decretado nulo.

El oficialismo buscó adelantarse a ese revés de la Corte y envió al Congreso un proyecto de reforma del Consejo en diciembre del año pasado. El Ejecutivo propuso un órgano de 17 miembros y sin supremos en su interior.

Este jueves, la Cámara de Senadores le dio media sanción a esa iniciativa, que asoma más como una medida defensiva pero necesaria para el oficialismo ante el fallo cortesano. Es un intento por bloquear la avanzada suprema (bloqueo que recién se concretará cuando la Cámara de Diputados transforme el proyecto en ley). También busca evitar que se paralice este órgano clave para el Poder Judicial.

Todo indica que cualquiera de las dos variantes, la de 17 miembros o la de 20 (para la que ya se realizaron elecciones en los estamentos de abogados y jueces), no cambiará la paridad que hoy rige en el órgano que selecciona y sanciona magistrados. Porque lo que falta no es una ley sino fuerza política para romper el statu quo.

Por lo tanto, de una u otra forma, seguirá obstruida la designación (y sanción) de jueces. Y Bruglia y Bertuzzi podrán seguir en la Cámara porteña hasta que la oposición decida acompañar por consenso las ternas aprobadas para esas vocalías. Es tal la voluntad de obstruir el recambio de esos dos jueces que Juntos por el Cambio votó en contra de los dictámenes de minoría que propusieron consejeros de su propio espacio. Su objetivo es que todo siga igual.

Este medio publicó el 12 de julio de 2020 una nota que daba cuenta de que el Lawfare seguía intacto a pesar del triunfo electoral del Frente de Todos. Se trata del artículo “Poder residual: los jueces y fiscales del lawfare que siguen activos” donde se hacía un recorrido sobre la vigencia de los distintos magistrados que fueron parte de la persecución judicial durante el macrismo. Nada se modificó en Comodoro Py. Fiscales como Carlos Stornelli, Carlos Rivolo y Eduardo Taiano o jueces como Bruglia, Bertuzzi y los visitantes de Macri, Gustavo Hornos y Marano Borinsky -denunciados en el Consejo de la Magistratura por esos encuentros- continúan en sus cargos.