Juntos por el Cambio apuesta por una parálisis del Consejo de la Magistratura

Lo que sucedió este jueves en el Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo no pudo aprobar una serie de concursos clave de Comodoro Py, expuso la estrategia de la oposición. Quedó claro que Juntos por el Cambio pretende anular al órgano de selección y sanción de jueces hasta que se modifique su actual integración de 13 miembros. Espera un cambio en la relación de fuerzas en ese organismo y cuenta para ello con el guiño de la Corte Suprema de Justicia.  

El máximo tribunal del país resolvió en diciembre pasado que la actual conformación del Consejo es inconstitucional. Los supremos resolvieron que el Congreso debe sancionar una nueva ley que regule su integración de una forma más “equilibrada” entre los estamentos o volver a la conformación anterior de 20 integrantes en la que el presidente de la Corte, es decir, Horacio Rosatti, pasa a presidir el órgano que designa y remueve a los jueces. Esa estructura anterior se basa en una ley que fue derogada, algo que poco les importó a los cortesanos. Para presionar al cambio, el Alto Tribunal sentenció que si no se concreta alguna de estas dos vías, a partir del 15 de abril todo acto que emita el Consejo será declarado nulo. Fue un ultimátum.

Con este marco, durante el plenario de este jueves hubo consejeros como Ricardo Recondo (juez e histórico operador judicial del sector más conservador de la Asociación de Magistrados) que propusieron que no se vote ningún concurso hasta que cambie la conformación del Consejo. Postuló una parálisis del órgano. Esto produjo un fuerte intercambio. Por ejemplo, la consejera Graciela Camaño se opuso y consideró que si el fallo de la Corte provocaba la suspensión de la actividad de un área estratégica del Estado entonces habría que hablar de “gobierno de los jueces”. La tensión escaló a tal punto que el representante del Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, propuso tratar los concursos más conflictivos. La mayoría oficialista acompañó esa moción y el resultado de los concursos tratados, entre los que estaban los que definen 5 cargos para Comodoro Py, fue un rechazo cerrado de la oposición. La votación se repitió en cada uno de los concursos: fue un 7-6 a favor del oficialismo, que debía sumar 9 votos para alcanzar los dos tercios de las voluntades para aprobar las ternas.

Entre los concursos que se trataron este jueves estaban los que son para ocupar los juzgados 6, 11 y 12 de Comodoro Py. Se trata del 25% de los cargos de primera instancia de los tribunales de Retiro. Con un adicional: el juzgado 11 es el que ocupaba Claudio Bonadío, que hoy subroga Julián Ercolini, uno de los impulsores del Lawfare. Y el 6, es el que estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que actualmente es subrogado por Daniel Rafecas.

También se votó este jueves el concurso 461 para la Cámara Federal porteña. Se trata de los dos lugares de la Sala I que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Estos dos magistrados fueron puestos a dedo por Mauricio Macri en la estratégica instancia revisora de Comodoro Py. La Corte, en otro fallo polémico firmado en noviembre de 2020, consideró que ambos jueces fueron nombrados de forma irregular pero los mantuvo en el cargo hasta que finalice el proceso de designación “natural” de sus reemplazantes. El concurso para nombrar nuevos jueces en la sala I se hizo, las ternas con los mejores posicionados están finalizadas pero como la oposición vota todo en contra en el plenario, el Consejo no puede darle un cierre al proceso. Es decir, no puede elevarlo al Poder Ejecutivo, por lo que el Presidente no puede optar por un candidato y mandar su pliego al Senado para completar el desarrollo legal de designación.

Esto hace que Bruglia y Bertuzzi permanezcan en sus cargos y puedan seguir fallando en sintonía con los intereses de Cambiemos.

Por ejemplo, recientemente Bertuzzi votó la tesis del “cuentapropismo” en una megacausa de espionaje ilegal que compromete a Macri. Con su firma y la de Mariano Llorens, otro camarista nombrado por el expresidente –en su caso la designación fue legal-, se benefició a la mayoría de los imputados en este expediente en que se investiga el espionaje ilegal y masivo a dirigentes políticos, sociales, sindicales, eclesiásticos, empresarios, periodistas y hasta detenidos. Entre las víctimas figuran CFK y Horacio Rodríguez Larreta, por citar solo dos ejemplos.

En pos de desactivar la línea investigativa que apuntaba hacia la Casa Rosada, Bertuzzi y Llorens suscribieron –en contra de lo que demuestran las pruebas- que las tareas de inteligencia ilegal eran producto de “cuentapropistas”. Esta causa, que había sido frenada cuando llegó de los tribunales de Lomas de Zamora a Comodoro Py, volvió a primera instancia tras su paso por la cámara porteña y fue reimpulsada en los últimos días por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ordenó una serie de medidas de pruebas. Entre ellas, citó a Mariano Macri, hermano de Mauricio, a prestar declaración testimonial el próximo lunes. Y el martes a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. ¿Por qué es importante para Juntos por el Cambio que Bertuzzi permanezca en el cargo? Porque desde la Cámara Federal revisa lo que pasa en la primera instancia. Por ejemplo, será quien revise lo que haga Martínez de Giorgi en este caso.

La jugada de la oposición en el Consejo de la Magistratura se complementa con la obstaculización de cualquier cambio en materia judicial que intenta el Gobierno. El oficialismo aún no pudo designar al Procurador General de la Nación ya que no posee los dos tercios de los votos en el Senado. Por tal motivo, continúa en el cargo el interino Eduardo Casal, quien quedó al frente del Ministerio Público Fiscal luego de que el macrismo corriera a fines de 2017 a Alejandra Gils Carbó. Casal siempre dictaminó de acuerdo a la voluntad de Juntos por el Cambio.

Algo similar ocurre en la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con cuatro integrantes luego de la partida de Elena Highton de Nolasco. El Gobierno no envió el pliego de su reemplazante porque no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para aprobar su pliego en la Cámara Alta. Es el mismo escenario que se da con el Procurador y que se repite en el Consejo de la Magistratura. “¿Para que vamos a tirar un nombre, para que la linchen en los medios hegemónicos?”, se pregunta una fuente del Gobierno consultado sobre la posible reemplazante de Highton de Nolasco. En pos de destrabar esa situación en la Corte, en la Casa Rosada se analiza un proyecto para reformar el Alto Tribunal y llevar su número a 25 integrantes. La idea del Ejecutivo es negociar un ministro cortesano por provincia. La cifra de 25 es porque la cantidad de integrantes del tribunal debe ser impar. Pero el problema es siempre el mismo: la oposición tiene decidido no acompañar ningún cambio en materia judicial. Por lo que cualquier medida que modifique el status quo –que beneficia a Juntos por el Cambio- difícilmente pueda prosperar. Lo que sucedió este jueves en el Consejo es un claro ejemplo de ello.