El Gobierno movió fichas y se adelantó a un inminente fallo de la Corte Suprema que, como había informado El Destape, iba a meterse con la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve a los jueces.
Ya era vox populi que antes de fin de año los cortesanos resolverían un expediente que tienen cajoneado hace tiempo y que iban a declarar inconstitucional la actual conformación de 13 miembros del Consejo, establecida por ley durante el primer gobierno kirchnerista. Eso implicaba volver a la ley anterior y ampliar los consejeros a 20 con el presidente de la Corte al frente del Consejo. La Casa Rosada jugó antes y anunció este lunes el envío al Congreso de un proyecto para ampliarlo a 17 pero manteniendo a la Corte afuera. Una maniobra audaz: ahora la Corte tiene que demostrar que no falla para golpear al Gobierno, algo difícil.
La jugada se hizo en la previa al primer encuentro que mantendrá este martes a las 10 el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, con los cuatro ministros supremos: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Hay una situación que es clara: el 25% de los cargos para jueces está vacante. Insostenible para cualquier sistema de Justicia que desee funcionar. Parte de la explicación de ese vacío está en el diseño institucional del Consejo de la Magistratura. Para nombrar a un juez tiene que realizarse un concurso y luego el plenario del Consejo aprobar la terna que se envía al Presidente, que elige entre los 3 mejores puntuados y envía el pliego al Senado para que finalmente lo apruebe. El problema es que para elevar la terna se requieren dos tercios de los 13 miembros del Consejo, es decir 9, y en un país polarizado políticamente ese requisito es impracticable. Falla el diseño institucional y el consenso son los padres.
Ante esta situación desde la Corte se perfilaba un golpe doble: torcerle el brazo a CFK, declarar inconstitucional la actual conformación de 13 miembros y, a la vez, volver a la conformación anterior de 20 integrantes donde el presidente del máximo tribunal, hoy Horacio Rosatti, ejerce también la presidencia del Consejo de la Magistratura. Pero el Gobierno se adelantó y jugó bien.
Desde el ministerio de Justicia explican que, obviamente, la presentación del proyecto no tiene efectos jurídicos pero que le da la posibilidad a la Corte de tener en cuenta la novedad (una ampliación a 17 que debe pasar por el Congreso aún) y moderar su fallo.
Desde el Ejecutivo aseguran que la presentación no busca retrasar el fallo de la Corte pese a que la cronología evidencia que sí y, vale decir, no tiene nada de criticable. Al contrario: la Corte especuló 4 años con este expediente, mientras el macrismo hizo uso y abuso del Consejo de la Magistratura donde se robó una banca e incluso manipuló las mayorías en complicidad con Ricardo Lorenzetti para lograr apartar en su momento al camarista Eduardo Freiler. Nota al pie: Freiler fue el único juez en la historia que se atrevió a pedir una indagatoria para Héctor Magnetto, nada menos que en la causa Papel Prensa. Es que desde el Consejo, el macrismo arrasó -entre otras cosas- con la estratégica Cámara Federal porteña e impulsó la designación irregular de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Un dato de contexto: este martes el ministro de Justicia Martin Soria tiene una reunión institucional con la Corte para hablar de distintos proyectos de Reforma Judicial. Aunque quiera, será difícil que este proyecto que el propio Poder Ejecutivo envía al Congreso no esté arriba de la mesa de discusiones. Todos juegan: la Corte con los tiempos, y bien hace el Gobierno en meterse en la cancha.
Otra novedad: es evidente que este proyecto lo tratará la nueva conformación del Congreso, donde el oficialismo no contará con quórum ni en Diputados ni en Senadores. La oposición incluso reclama para sí la presidencia de la Comisión de Justicia en Diputados. Que el Gobierno logre números para esto sería extraño. Todo abona más al mensaje para el inminente fallo de la Corte.
Una combinación “equilibrada”
La propuesta del Gobierno parece una combinación entre los aportes que hizo el Consejo Consultivo para la Reforma Judicial y la antigua conformación del órgano que selecciona y sanciona jueces.
En la actualidad hay:
- 3 jueces
- 3 diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría)
- 3 senadores
- 2 abogados (uno por la matrícula de la Capital Federal y otro del Interior)
- 1 académico
- 1 representante del Poder Ejecutivo
Una mayoría de 7 miembros del consejo de “expertos” que asesoró al Presidente (en total eran 11 sus integrantes), consideró que hay que modificar la integración del órgano que selecciona y sanciona jueces. Se inclinaron por esa idea Marisa Herrera, Claudia Sbdar, León Arslanián, Carlos Beraldi, Raúl Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez y Omar Palermo. ¿Qué le plantearon a Alberto Fernández? Que haya 16 integrantes: 4 por cada estamento. La propuesta del Gobierno toma parte de esa idea.
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De acuerdo al proyecto que envía el Ejecutivo al Congreso, se propone una integración de 17 consejeros, cuatro más que los actuales. Se suman: 1 juez, 2 abogados y 1 académico que puede ser un científico. De esa forma se busca lograr un mayor “equilibrio” entre los estamentos que conforman el consejo. La “falta de equilibrio” fue la clave que utilizó la Cámara en lo Contencioso Administrativo para declarar inconstitucional la conformación actual. Esa resolución del fuero contencioso es la que llegó a la Corte en 2015 y no se trató durante todo el macrismo. No es casual que Cambiemos haya tenido una mayoría automática en el órgano que selecciona y sanciona jueces y que el Alto Tribunal no se haya entrometido. Fue una decisión política. La misma que implicó tratar el tema ahora.
El proyecto del Ejecutivo también contempla la paridad de género y establece que, al menos, la mitad de las integrantes sean mujeres.
No obstante, en lugar del 4-4-4-4 que planteó el Consejo Consultivo, se propone un 4-4-6-2-1 que mantiene ciertas coincidencias con la antigua integración. Es que en el Consejo de 20 miembros también había 4 representantes de los jueces, 4 de los abogados, 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y había 8 legisladores lo que ahora se reduce a 6. La gran diferencia en torno al antiguo régimen es que no se contempla a un ministro cortesano. Es decir, si la cuestión era la falta de equilibrio entre los estamentos por una preminencia de la pata política (que es ni más ni menos que la representación popular), la nueva propuesta del Ejecutivo es más "equitativa" que la antigua de 20 integrantes (que podría dejar vigente la Corte) porque quita dos legisladores.
Esta presentación legislativa resignifica lo que pueda resolver la Corte, que puso el tema en su agenda el pasado 25 de noviembre. Hasta esta iniciativa, se esperaba que los supremos decreten la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo para antes de fin de año. Incluso se arriesgaba como fecha de resolución el próximo 16 de diciembre. ¿Habrán cambiado esa decisión? ¿Con la reciente iniciativa, exhortarán al Congreso a que dicte una ley en un plazo específico?
Lo que está claro es que ahora lo que estimaban resolver los cortesanos tiene una contrapropuesta. La duda es si la tomarán como modelo o seguirán con su plan de golpear al Gobierno.
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