La muerte de 23 personas y decenas de internados en grave estado por el consumo de cocaína envenenada generó, entre los múltiples enfoques para encarar el debate, el impulso de especialistas y organizaciones para profundizar una regulación legal, y un cambio de paradigma en el abordaje del Estado para reducir riesgos y daños, más enfocado en la salud pública y los derechos humanos de usuarios de sustancias, frente a lo que consideran un fracaso del modelo de prohibición.
El abogado Mariano Fusero, presidente de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, plantea que “no resulta una excepcionalidad que las personas que consumen sustancias ilícitas no sepan qué están consumiendo, y es motivo de la clandestinidad del mercado y la prohibición”.
Fusero considera que una regulación integral de las sustancias “brindaría un golpe de mercado a las redes ilegales de abastecimiento”. Así se quitaría “ese monopolio de regulación mafiosa del narcotráfico, y el Estado asume su rol de controlar la pureza de las sustancias, quién produce, quién distribuye”, detalla en diálogo con El Destape.
El ex titular de Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina, dice que “el Estado no está presente como debería estar. Hay que dar el debate, no puede ser que hablemos de este tema solamente cuando hay muertos. No nos animamos a dar el debate porque no tenemos ganas, porque hay intereses, porque hay corrupción, porque no conviene, y mientras tanto el narcotráfico ocupa los lugares que dejamos libres nosotros”.
Molina advierte en diálogo con este medio que “legalizar sería un caos”, aunque considera que “con un Estado que regula no baja el consumo, pero lo que baja son las muertes”. Plantea que “hay que cambiar las leyes, son vetustas y no sirven porque criminalizan y condenan, siempre los que caen son los perejiles”.
El Ministerio de Salud bonaerense mantiene vigente la alerta epidemiológica para los hospitales bonaerenses para el tratamiento de pacientes con una probable intoxicación por opiáceos. El responsable de esa cartera, Nicolás Kreplak, destacó en diálogo con El Destape Radio que de esa manera “pudimos prevenir una situación muy trágica y logramos reducir las internaciones en terapia Intensiva”.
Kreplak, dijo que desde el punto de vista sanitario, el objetivo es “contener, reducir el daño, prevenir y curar lo que se pueda”, y consideró que está demostrado que “la política de lucha contra las drogas ha fracasado desde Richard Nixon hasta acá”.
También el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reconoció en conferencia de prensa que “la guerra contra el narcotráfico fracasó en el mundo, lo dicen los mismos que lo han generado”, y llamó a “discutir nuevos paradigmas”.
Por el contrario, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo este jueves que no comparte el pensamiento de que la legalización sea un camino posible para combatir al narcotráfico. "La única droga o sustancia sobre la que yo he hablado y he presentado recursos siendo senador de la Nación fue la marihuana", aclaró en un intercambio con periodistas en la puerta del ministerio.
Organismos de derechos humanos como Amnistía Argentina y el CELS también solicitaron esta semana un cambio de paradigma en las políticas de respuesta del Estado al control de drogas y su impacto.
“En todo el mundo y a lo largo de los años, la ‘guerra contra las drogas’ no disminuyó ni el consumo ni la disponibilidad de estupefacientes, sino que vulneró derechos, exacerbó los riesgos de consumo e intensificó la violencia asociada a los mercados ilícitos”, advirtieron de Amnistía Internacional Argentina, y agregan que la prohibición y criminalización tiene un impacto directo en el derecho a la salud.
“Criminalizar a las personas usuarias o negar el tratamiento médico a quienes lo necesitan no es una forma eficaz de abordaje. Por el contrario, los gobiernos deben situar su obligación de garantizar el derecho a la salud en el centro de las políticas de control de drogas”, completó Amnistía en un comunicado.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideran que es necesario cambiar el abordaje estatal sobre las situaciones de consumos, y que “si bien el prohibicionismo rige en casi todo el mundo, hace varios años surgieron modelos alternativos que abordan los consumos desde una perspectiva de derechos apartando al sistema penal”.
El CELS señala que otros sistemas legalizan el consumo de todas las sustancias, como en Portugal, y marca ejemplos de regulación estatal del mercado del cannabis como en Uruguay, Canadá y Estados Unidos. “Estos enfoques proponen no demonizar a los usuarios de sustancias, posibilitar tener información sobre la calidad y los efectos de las drogas, facilitar el acceso al sistema de salud, y no tener que recurrir al mercado ilegal para acceder a las sustancias”, finalizaron.
El abogado Mariano Fusero aclara que advertir sobre “los daños y el fracaso de la prohibición y la guerra contra las drogas” no es hacer apología del consumo ni las sustancias. “No hay ninguna sustancia inocua, pero es mejor como política de salud pública y sanitaria brindar información a las personas que consumen para reducir riesgos y daños”, agrega.
“Hay que dejar de ser hipócritas. Por lo general se es duro contra los frágiles y frágil contra los duros. Las cárceles están plagadas de pobres. Es una guerra contra los pobres”, señala Fusero.
Cuando se observan las estadísticas de criminalización, explica que una amplia mayoría de las detenciones son de “consumidores, eslabones menores de la cadena de comercialización, personas que están en una economía de supervivencia y pobreza, de mujeres que son madres de familia y son utilizadas por el crimen organizado como las mal llamadas ‘mulas’ para traspasar fronteras”.
La contrapartida de la “guerra contra los pobres” está en la cúspide de un negocio multimillonario y una estructura criminal organizada que mueve “alrededor de 3.2 billones de dólares y de lavado de activos un 5 por ciento del PBI mundial, de los que Naciones Unidas dice que solo se logra confiscar el 0,2 por ciento”. Y agrega que “a los grandes lavadores de dinero los tenemos que ir a buscar a los grandes bancos de paraísos fiscales, de Estados Unidos o de Europa, y finalmente nunca son criminalizados”.
El sacerdote Juan Carlos Molina señala que un camino alternativo y necesario es el de la reducción de daños. “Cuando estábamos en Sedronar, fuimos a una fiesta electrónica, no podíamos decirle a los pibes que no se droguen porque van a eso. Pero informamos sobre los riesgos, repartíamos botellas de agua, hacíamos lo posible para que no se maten”.
El colectivo de científicos El Gato y la Caja señaló en sus redes sociales que “las sustancias ilegales tienden a estar adulteradas, precisamente, porque no hay un marco de control sobre ellas”.
“¿Esto significa que hay que legalizar la cocaína? Por lo menos, despenalizarla y regularla”, plantearon, ante “un mercado enorme, no regulado, en manos de mafias, donde el Estado no puede participar ni velar por la salud de los consumidores. Y cuando lo hace, lo hace articulando un el triángulo policía / política / narco, el único beneficiado de la prohibición”.
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