Es un rasgo muy, con permiso, kirchnerista de Alberto Fernández esto de tomar decisiones estratégicas urgido por la necesidad. Salir por arriba de los laberintos que presenta la coyuntura, usándolos como impulso. El contraataque como modus operandi; no deja de ser lógico en una fuerza política que se plantea, desde el vamos, en desventaja asimétrica ante los poderes corporativos, más robustos, más desinhibidos y sin que corra, para ellos, el reloj de arena que se vacía cada cuatro años y condiciona las decisiones de todos los gobiernos.
Néstor Kirchner lo hizo al pagar la deuda con el FMI y también cuando aprovechó el rechazo al ALCA para impulsar la integración regional en Sudamérica. CFK salió de la 125 con la estatización de las AFJP y un año más tarde respondió a la derrota electoral con la ley de Medios. El Presidente intentó algo similar con Vicentín: transformar la necesidad de salvataje de la empresa en una oportunidad para que el Estado intervenga en el comercio de granos. El cálculo falló y esa aventura no tuvo un buen final para ninguno de los involucrados.
La necesidad hizo parir, también, el DNU publicado ayer para declarar como públicos los servicios de telecomunicación (internet, telefonía celular y televisión paga), quizás el paso más rupturista del status quo que haya dado Fernández en lo que va de su mandato. La medida se propuso, redactó y anunció en menos de 72 horas, ante la falta de herramientas en manos del Estado para frenar el aumento que las empresas de telefonía móvil planeaban aplicar a partir del primero de septiembre y ya habían comenzado a informar a sus clientes.
“Estábamos atados de pies y manos. No teníamos ningún resorte para cuidar a la gente”, explican desde el Enacom, donde se regulan las telcos. En el gobierno evalúan que la conectividad, en el marco de la pandemia, es la puerta de acceso a otros derechos, como la educación, la salud y la posibilidad de trabajar y de acceder a vínculos sociales. Por eso, una suba de esos servicios no sólo hubiera impactado en la inflación sino que también habría acentuado la desigualdad estructural y tenido un rebote muy negativo en el humor social.
La urgencia por frenar el aumento
El martes, las empresas proveedoras de telefonía celular anunciaron la nueva tarifa, con aumentos de hasta el quince por ciento a partir del primero de septiembre, cuando vence el congelamiento que habían pactado en marzo con el gobierno. El miércoles, durante una reunión del directorio de Enacom para tratar este tema, entró un llamado de Cristina Fernández de Kirchner, que preguntó si había alguna manera de evitar la suba. Le informaron que el Estado no tiene herramientas legales para hacerlo.
Un rato más tarde, Alberto Fernández ordenó a los equipos de Enacom y de la secretaría Legal y Técnica que redactaran el decreto que se anunció el viernes por la noche. Se decidió esa vía porque los tiempos no daban para pasar por el Congreso, que en pleno tratamiento de la reforma judicial parece un campo minado. En el gobierno recuerdan, además, que la novedad solamente repone artículos que ya figuraban en la ley Argentina Digital de 2014 y que Mauricio Macri había eliminado con el mismo DNU con el que deshizo la Ley de Medios.
Lejos de la estatización que denunciaron algunos referentes de la oposición tuitera, el decreto de Fernández tiene efectos acotados en el corto plazo, permitiendo que se extienda el congelamiento de tarifas hasta fin de año, en el marco de la emergencia. Luego, habilita al Estado establecer topes máximos dentro de un mercado de libre competencia entre privados, como sucede con las empresas de medicina prepaga. No se plantea la imposición de un cuadro tarifario sino que cada compañía tendrá su propia estrategia comercial.
La otra novedad importante en el DNU es la implementación de una prestación básica, universal y obligatoria. Según explican en la Casa Rosada, se trata de una suerte de “tarifa social” para teléfonos celulares, internet y tevé paga, que permitirá el acceso a un paquete mínimo de minutos y datos por un precio mínimo y regulado. El Enacom estará a cargo de definir los parámetros de este plan. Los precios, en algunos casos, podrían estar por debajo de los valores más bajos que existen en el mercado en la actualidad.
Una decisión estratégica
En el largo plazo, el decreto atiende a una necesidad concreta. Con avances tecnológicos copernicanos en el futuro inmediato (5G, inteligencia artificial, nanotecnología), la conectividad de punta se vuelve cada vez más imprescindible para el desarrollo nacional y al mismo tiempo más costosa. Tener una infraestructura de telecomunicaciones competitiva implica un nivel de inversión de tal magnitud que no puede recaer exclusivamente en manos privadas y que el Estado tampoco puede afrontar por sí solo.
Las dificultades para llevar la conectividad a todo el país son evidentes, no sólo en lugares remotos del extenso territorio nacional, como de hecho sucede, sino también a menos de una hora de auto de la Casa Rosada, en barrios privados donde no hay dinero que pueda comprar una conexión que se banque el stream de una película en HD sin sobresaltos. Falta poco para que las fábricas, los quirófanos, las aulas, las fábricas y los vehículos funcionen 100% online; el acceso a internet es tan necesario para el desarrollo como un cable a 220.
La declaración de servicio público se complementará con programas de inversión estatal. El Enacom aprobó una partida de 3800 millones de pesos para llevar internet de calidad a barrios populares, escuelas, instituciones de salud y de seguridad. Otra, de 3000 millones, bajo el paraguas de ARSAT, se dedicará a renovar las placas de la red federal de fibra óptica, que no habían sido actualizadas durante cuatro años de administración Macri. El Presidente tiene, entre sus postergadas 60 medidas de relanzamiento, un Plan de Conectividad Federal.
El Estado, socio necesario en la instalación de una red compatible con el desarrollo, encuentra en la declaración de servicio público una plataforma para pulsear con las empresas del sector en igualdad de condiciones. El decreto publicado ayer por la mañana no contempla herramientas específicas en ese sentido pero al reconocer la necesidad del derecho (Evita diría) sienta las bases para dar la discusión. Del otro lado de la mesa aparecen las mismas caras de siempre.
Discutir el rol del Estado
La superposición de la identidad de los dueños de las principales empresas de telecomunicaciones y los de los outlets noticiosos más importantes del país permitirá que la oposición intente plantear ante la opinión pública, una vez más, un conflicto entre el gobierno y la prensa. Ese solapamiento, en sí mismo, es ilegal en la mayoría de los países que suelen poner como ejemplo y en este caso funciona como un arma humeante, la prueba en flagrancia de la necesidad de una intervención estatal más enérgica en el sector.
Resulta inevitable que los mismos que esta semana inventaron una cláusula imaginaria en la reforma judicial vayan a forzar la interpretación de los hechos. Están a bordo de un tren descarrilado que anima a sus pasajeros a exponerse al contagio en manifestaciones absurdas para desgastar al gobierno, los invita a curarse bebiendo dióxido de cloro, juega para los acreedores el partido de la deuda y apuesta contra el peso en el mercado paralelo. Políticos, periodistas y empresarios: kamikazes en el negocio del boicot.
Sin embargo, el gobierno debe procurar que esto no termine, como Vicentín, engullido por la grieta. Tampoco caer, de nuevo, en peleas con nombre propio, como las que hundieron la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación antes de que Macri la terminara de un plumazo. No hay margen para hacer fulbito para la tribuna. Y, a veces, tener razón no es lo más importante. Ya sabemos cuál es el rol de los medios (y esa discusión ya se ganó y ya se perdió y luego se volvió a ganar). Hay cosas que no van a cambiar. Ahora discutamos el rol del Estado.
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