A cuatro años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, su familia sigue esperando Justicia. El caso continúa encerrado en un laberinto judicial a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva quién es el juez que debe estar a cargo de la pesquisa y qué debe investigarse, esto es, si existió una desaparición forzada. Mientras, la causa se encuentra en el juzgado de primera instancia a cargo de Gustavo Lleral, recusado por la familia.
La pesquisa está virtualmente trabada. La familia Maldonado apunta al juez Lleral por la paralización de la causa. Considera que fue funcional al gobierno de Mauricio Macri. “La Mesa Judicial en el caso Maldonado está probada”, afirmó a El Destape la abogada de la familia, Verónica Heredia. La letrada recusó a Lleral en reiteradas ocasiones pero las instancias superiores lo respaldaron. La familia recurrió a la Corte Suprema para que se expida sobre la situación del magistrado en este expediente que investiga la muerte de Santiago. Lleral no quiere seguir con la causa hasta tanto y en cuanto la Corte resuelva su situación, que no tiene plazos para resolver. Esto paraliza la pesquisa.
Tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal del 12 de diciembre de 2019, la investigación debe, de mínima, hacer foco sobre la Gendarmería por su rol en el operativo del 1º de agosto de 2017 en el Pu Lof de Cushamen. Es decir, la muerte de Santiago no puede investigarse disociada del operativo. Fue en el marco de ese procedimiento ilegal que desapareció Santiago, cuyo cuerpo apareció 78 días después en la zona donde actuó la fuerza de Seguridad al mando de Patricia Bullrich. En aquel fallo, el máximo tribunal penal del país (con los votos del visitante de Macri en Olivos, Mariano Borinsky, y Javier Carbajo) descartó la posibilidad de una desaparición forzada lo que provocó que la familia acuda a la Corte con otro planteo: pide que se investigue esa hipótesis. Si para la Justicia no existió una desaparición forzada, la familia requiere que el Estado explique por qué sostiene esa posición.
Hasta el momento, los supremos no abordaron estos puntos claves del proceso. Y no tienen plazo para hacerlo.
El juez recusado
La asunción del juez Lleral al frente del caso Maldonado llegó tras el apartamiento de su colega Guito Otranto, también cuestionado por la familia de Santiago porque su accionar siempre estuvo en sintonía con los intereses del gobierno de Macri, es decir, el principal acusado en la desaparición de Santiago.
El 22 de septiembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió el planteo de las querellas y apartó al juez Otranto de la causa. El expediente pasó a manos de Lleral, titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson. Con un agregado: Lleral tendría dedicación exclusiva para este caso. Aquel 22 de septiembre, tal como publicó este medio, el secretario de Macri, Darío Nieto, anotó en su celular que el nuevo juez del caso era propio y que lo visitaría el operador judicial PRO Juan Bautista Mahiques.
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El cuerpo de Santiago apareció 25 días después de la designación de Lleral. El magistrado, finalmente, cerró la pesquisa sobre la muerte de Santiago en noviembre de 2018 y se inhibió de intervenir cuando sus superiores le ordenaron reabrir el caso. Incluso aceptó la recusación de los familiares cuando la causa le volvió. La familia siempre lo criticó por cómo resolvió la investigación. “Santiago no murió cruzando el río tal como afirmó Lleral el 29 de noviembre de 2018”, aseguró Heredia a este medio. “Para el juez no hubo ninguna persona responsable de nada, no hay delito para investigar y la causa se tiene cerrar”, explicó.
La sentencia de Lleral fue apelada por las cinco querellas que tiene el caso. Hubo distintos argumentos. La familia exige que el caso se investigue como una desaparición forzada algo que las instancias superiores (la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de Casación Penal) no compartieron. Por eso, la familia acudió a la Corte.
No obstante, tanto la cámara de Comodoro Rivadavia como la de Casación coincidieron en que se debe seguir investigando el caso. Esto obliga a Lleral a seguir con la pesquisa, que tuvo novedades este año.
Por un lado, estaba la causa por el operativo de la Gendarmería, que fue cerrada y se reabrió. Y por otra la de la muerte de Santiago. En junio pasado se declaró la conexidad entre ambas. Esto implica que cuando la Corte se expida sobre quién es el juez que debe investigar la muerte de Maldonado, ese magistrado tendrá que investigar todos los acontecimientos, de forma global.
En agosto del 2020, tras hacer una investigación interna, el ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic presentó una denuncia en Comodoro Py por el operativo ilegal de la Gendarmería que se desató como antesala a la desaparición de Santiago. Apuntó contra Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo. También acusó a Gerardo Otero, ex Director de Gendarmería, y al Comandante General Ernesto Oscar Robino, ex Subdirector Nacional de la misma fuerza. La presentación se terminó enviando en abril pasado a la justicia federal de Esquel.
En este marco, el fiscal subrogante que ahora interviene en la causa Maldonado, Federico Baquioni, pidió en mayo pasado la indagatoria de un grupo de gendarmes por su accionar en el operativo ilegal. Pero como Lleral no actúa hasta que la Corte se expida sobre su situación en la causa, el planteo no fue resuelto. Un claro ejemplo de la parálisis que envuelve al caso.
El accionar de la fuerza de Seguridad que comandó Bullrich en el caso Maldonado también se investiga en Comodoro Py. Esto se debe a una denuncia que se inició por una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y que apunta a un plan criminal general contra las comunidades mapuches ejecutado por el gobierno de Macri. Engloba diversos casos.
Reclamo ante la CIDH
“Cuando la Cámara de Comodoro Rivadavia dice que no se puede sostener el archivo del caso y que hay que investigar algo pero no la desaparición forzada recurrimos a la Casación”, explicó Heredia. En diciembre de 2019, la sala IV del máximo tribunal penal del país, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, consideró, según aseguró Heredia, “que hay que investigar el accionar de la Gendarmería pero no la desaparición forzada”. “Nosotros fuimos a la Corte diciendo que no se puede descartar la hipótesis de la desaparición forzada cuando es obvio que no se investigó nada. Lleral archivó la causa diciendo que no hay nada porque Santiago se ahogó solo. Hasta que no se sepa qué pasó, la hipótesis de la desaparición forzada no se puede descartar”, indicó la abogada de la familia Maldonado. El planteo está en la Corte desde marzo del 2020.
Heredia aclaró que en el contexto actual “la causa podría continuar adelante con Lleral a la cabeza investigando cualquier cosa menos la desaparición forzada”.
Por eso, la familia acudió ante la Comisión Interamericana de DD.HH. Considera que no hay una investigación imparcial, que nunca se investigó una desaparición forzada. En su presentación agregó lo que reveló El Destape en abril pasado: que en el celular del secretario privado de Macri hay una nota que revela que el entonces Presidente intervino en la investigación judicial por la desaparición de Santiago.
El 22 de septiembre de 2017, el mismo día que el caso cambió de juez y pasó a manos de Lleral, Darío Nieto anotó en su teléfono: “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques va a verlo el lunes”. Mahiques es Juan Bautista Mahiques, uno de los operadores judiciales de Macri.
Las escuchas
Otro planteo de la familia Maldonado que está en la Corte Suprema de Justicia está vinculado a las escuchas telefónicas que se practicaron sobre Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y otros testigos en los inicios del caso. El 22 de septiembre de 2017, el juez Otranto -justo cuando se lo iba a correr- "ordenó la intervención telefónica con escucha directa del abonado correspondiente a Sergio Maldonado", de acuerdo a la documentación judicial a la que accedió este medio.
Las escuchas a Sergio se dieron en un expediente paralelo al “central”: en el que se aborda el habeas corpus que se presentó por Santiago. “Allí, el juez Otranto empieza a investigar a la Comunidad Pu Lof en un legajo oculto para las partes”, explicó Verónica Heredia.
“El habeas corpus se hace cuando la desaparición de una persona está en manos de una autoridad pública. El juez (Otranto) lo abre porque las sospechas recaían sobre la Gendarmería pero por abajo, escondido, había un legajo desprendido que tenia por objeto investigar a la comunidad Pu Lof y ahí se le pincha el teléfono a Sergio”, señaló Heredia. La letrada, indicó: “Fuimos a la Corte para cuestionar que en el ámbito de un habeas corpus se investigó a la víctima”. Resaltan la condición ilegal de esas escuchas.
La abogada además explicó que las escuchas “no sabemos dónde están. Mi pedido fue que destruyan todo”. Pero según afirmó, todo indica que eso no sucedió.
Cuando el juez Lleral asume el caso se encuentra con el expediente de la pinchadura de teléfonos. El 30 de septiembre de 2017 ordena que se termine la intervención telefónica. La familia recién se anotició de su existencia en mayo de 2018. Y esto se dio porque la entonces fiscal del caso, Silvina Ávila, quiso utilizar esas escuchas en otra causa que se inició por una denuncia impulsada por el gobierno de Macri. “Quería usar esas escuchas para imputar a integrantes de la comunidad mapuche”, explicó Heredia. “Ávila se las pide a Lleral, quien rechaza esa decisión y ordena destruirlas”.
Pero la decisión fue apelada por la fiscal Ávila y la Cámara de Comodoro Rivadavia resolvió que no debían destruirse. Es decir, revocó lo resuelto por Lleral. El planteo escaló a la Cámara de Casación, que no hizo lugar a los planteos de la familia Maldonado. Intervino la sala III. Por eso, la familia presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte pero también fue rechazado. Terminó acudiendo en queja al Alto Tribunal.
“Nunca pude escuchar nada de lo grabado”, explicó Heredia.
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