Represión por la Ley Bases: la cámara porteña confirmó 6 faltas de mérito pero sumó un nuevo procesamiento

La Cámara Federal porteña rechazó revocar 6 de las 7 faltas de mérito que había dictado la jueza María Servini y cuestionó la fiscalía de Carlos Stornelli en el caso de la represión del 12 de junio en los alrededores del Congreso, cuando se votaba la Ley Bases en el Senado. Este jueves, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron el planteo del Ministerio Público Fiscal en 6 casos pero ordenaron dictar el procesamiento por “atentado a la autoridad” en el restante, aunque sin fundamentos. El camarista Roberto Boico votó en disidencia respecto a este último punto. Este caso paradigmático de la represión mileísta, que tramita en la justicia federal cuando debiera hacerlo en la justicia ordinaria y tuvo como tesis fiscal que una protesta social fue un atentado contra la democracia, en la actualidad cuenta con 2 detenidos (llegó a tener 33), 4 personas procesadas, 28 con falta de mérito y ahora la cámara ordena a la jueza que sume un quinto procesamiento.

Luego de que se desvaneciera el intento del fiscal Stornelli de transformar una protesta social en un atentado contra la democracia, que insinuó como un golpe de Estado, tal como denunció el gobierno de Javier Milei, el Ministerio Público Fiscal (MPF) apeló solo 7 de las 28 faltas de mérito que había dictado la jueza Servni. Se trata de los casos de: Sofía Ottogali, Sasha Lyardet, Juan Spinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz. Este jueves, la Cámara Federal porteña se expidió sobre ese planteo.  

Los camaristas Martín “Doctrina” Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que en ese grupo de 7 personas hay “casos diferenciados” que “llevarán a conclusiones, también, distintas”. Los camaristas distinguieron los casos de Ottogali, Lyardet, Spinetto, Juárez Oliva y Mayorga del de Famulari y Ortiz.

Respecto al primer grupo de 5 personas dijeron que “en lo relativo a las circunstancias previas a sus detenciones, se carece de elementos que los individualicen personalmente cometiendo delitos”. Es decir, no hay elementos que los comprometan con algún delito. Lo único que hubo en su contra fue el testimonio de policías, que fue lo que motivó su detención arbitraria. De acuerdo a Irurzun y Farah, respecto a sus casos, “las razones esgrimidas por la policía apuntan a grupos -no identificados por sus rostros- que arrojaban elementos contundentes, en un contexto de tumultos, desorden y agresiones generalizadas; a la par no se secuestraron en poder de ninguno de ellos, cosas que de algún modo refuercen la hipótesis del acusador sobre una presunta participación criminal”. Es evidente que fueron detenidos “al voleo”. “Desde esta perspectiva, el criterio expectante adoptado en el fallo debe ser compartido, pues el actual curso de la instrucción está dirigido a reunir demostraciones independientes para reconstruir aquello respecto de lo cual subsisten dudas. La falta de mérito es correcta”, consideraron.

Con Famulari pasa algo semejante para estos dos camaristas: “Si bien un policía sí lo señaló expresamente y puntualizó supuestas agresiones previas a que sea detenido (fs. 143 sumario, dec. de Oficial Inverardi), la negativa que esgrimió en su descargo es consistente con lo que surge de filmaciones de canales de aire, relativas a los instantes en que se produjo su aprehensión”. Es decir, no se comprobó lo que dijo el policía. Por el contrario, en diálogo con El Destape Famulari había contado: “Yo recibí violencia física por parte de la Policía Federal en el momento del arresto hasta que me suben al camión. Ahí la violencia física terminó pero comenzó la psicológica. Querían sacarnos a toda costa una confesión de si éramos de una orga y cosas así”. Eso se agudizó cuando fue trasladado al penal de Marcos Paz: “Cuando llegamos a Marcos Paz, era de noche todavía, y en el ingreso otra vez nos interrogan de si éramos de una orga, de si militábamos en un partido. Eso volvía una y otra vez”.

Camila Juárez Oliva, que integra el primer grupo descripto por Irurzun y Farah, también relató a este medio los maltratos que sufrió. Camila, que es estudiante de Sociología, narró que “dentro del penal se daban todo el tiempo entrevistas de distinto personal de la penitenciaría y en todas las entrevistas siempre una y otra vez nos preguntaban sobre a qué organización política pertenecíamos, por qué estábamos ahí, por qué había sido detenida e insistían mucho con eso. Incluso el último día nos hicieron salir a todas sin darnos explicación de a dónde nos íbamos. Y nos llevaron a un aula en donde había un pizarrón en el que decía ‘Ahora que están presas, piden por Dios y por sus hijos, piperas, politiqueras baratas, con B corta, ya van a ver, vende humo, ya van a ver’”. Camilia recordó que “después de eso nos iban llamando de a una y nos iban llevando a otra aula, en donde se encontraba mucha gente de no sé qué servicios, porque la ropa no era la misma de la gente de la penitenciaría, donde también se encontraban hombres, y era una rueda de preguntas. Había más de 20 personas en esa aula y también insistían con lo mismo, preguntándonos a qué organización pertenecíamos, qué habíamos hecho, por qué estábamos ahí”. Juarez Oliva prestó declaración ante la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, presidida por el diputado de UxP Leopoldo Moreau, que abrió un sumario para investigar si dentro del Servicio Penitenciario Federal, que ahora depende del ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, se violó la Ley Nacional de Inteligencia. “Las fuerzas de seguridad tienen expresamente prohibido por la ley de inteligencia confeccionar archivos referidos a la militancia política o las preferencias ideológicas de los ciudadanos”, explicó Moreau a este medio. Al de Juarez Oliva se sumaron en la bicameral los testimonios de Nora Longo y Nicolás Mayorga.

A esto se suma un informe del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa que da cuenta de los hechos de violencia y maltratos que llevaron adelante las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal durante aquellas jornadas de protesta. Desde ese programa se presentaron 4 denuncias penales por lo sucedido el 12 de junio. Se trata de expedientes que quedaron registrados en los tribunales federales de Comodoro Py y Lomas de Zamora.

Un gesto para Stornelli

Para Irurzun y Farah, el caso de Brian Ortíz “posee características diferentes a las anteriores”. Dicen que el policía de la Federal “Diego N. Fernández indicó que el imputado, antes de ser detenido, arrojó ‘golpes de puño y patadas’ en perjuicio del personal que intervenía en el operativo de prevención y había dado la directiva de subirse a la vereda”. Únicamente con eso dijeron que el caso “permite detectar semejanzas entre este caso y el de David Sica (cuyo procesamiento se confirmó el 11 de julio de 2024), pues los elementos de cargo superan en fuerza de convicción a los de descargo” y que por ende lo que hizo Ortiz fue un “atentado a la autoridad”. Por lo que ordenaron su procesamiento por ese delito. Dejaron a criterio de la jueza el establecimiento de la suma del embargo. “Nada se dirá sobre la no disposición de prisión preventiva, pues ello no fue motivo de pedido del recurrente”, agregaron.

Boico, que votó en disidencia, coincidió con sus colegas con respecto a ratificar la falta de mérito en los primeros 6 casos. En la situación de Ortiz se diferenció de Irurzun y Farah. Dijo que Servini postuló “su falta de mérito sin efectuar valoración o juicio sobre el material probatorio que pesa sobre éste” por lo que esa decisión “carece de motivación”. Acto seguido señaló que por eso “corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento que recae sobre Ortiz y devolver las actuaciones a la Sra. Jueza de grado” para que fundamente su decisión.

Como Boico quedó en minoría se impuso la voluntad de la dupla Irurzun-Farah. Si bien esto llevó que en contra de la voluntad de la fiscalía se confirmara la falta de mérito de Ottogali, Lyardet, Spinetto, Juárez Oliva, Mayorga y Famulari, el fiscal Stornelli no se quedó con las manos vacías. Esos dos camaristas ordenaron “revocar la falta de mérito de Brian E. Ortiz y dictar su procesamiento”.

Así las cosas, el caso por la represión durante la Ley Bases queda aún con 2 personas procesadas y detenidas, que son: Patricia Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. Ambos se encuentran detenidos en la cárcel federal de Ezeiza. A la par hay otras dos personas también procesadas pero ya no presas, que son: Cristian Valiente y David Sica. A este grupo de procesados ahora la cámara sumó a Ortiz. Por el contrario hay 28 faltas de mérito.

Consultada por El Destape, María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada que interviene en la causa, señaló: “La Cámara Federal reconoció que no hay elementos concretos que permitan sostener que las personas cuya falta de mérito apeló la fiscalía cometieron algún delito. Por eso confirmó, salvo en un caso, lo resuelto por la jueza Servini, lo que nos deja más cerca de obtener el sobreseimiento y cierre de la causa. En el único caso que hizo lugar al pedido fiscal, además de no disponer la prisión preventiva, la única ‘prueba’ considerada es la declaración del personal policial que hizo la detención, sin apoyo en ningún otro elemento objetivo”. Los abogados que integran la CORREPI defienden a Camila Juárez, Diego iturburu, Sharif Sleme, Cristian Ferreyra, Juan Pablo Colombo y Fernando Claus.

Lo que surge de esta causa es que la cacería que se desató el 12 de junio fue un ensayo del gobierno para amedrentar cualquier tipo de manifestación en su contra en tiempos de crisis y ajuste económico. Los delitos que se achacan son comunes y no federales. La injerencia de Comodoro Py, que abrazó este expediente que criminaliza la protesta social cuando debiera tramitar en la justicia porteña, evidencia lo que hay detrás.