La Reforma Judicial está empantanada. Lo reconoció el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas cuando explicó que el proyecto que envió en 2020 ya perdió estado parlamentario, aún pese a que no era un cambio de paradigma de los tribunales sino poco más que una reformulación de Comodoro Py sin garantía de que se licuara su poder. El capítulo Justicia del discurso del presidente no habló de nuevos proyectos: le insistió a la oposición para que vote los ya enviados como la nueva conformación del Consejo de la Magistratura e insinuó que este año se tiene que analizar “la conformación y el funcionamiento de la Corte Suprema”, pero sin adelantar ninguna definición. Además, insistió con, hasta ahora, su único logro en materia judicial, la intervención de la vieja SIDE.
En cambio, el presidente no mencionó otro proyecto frenado en el Congreso, la reforma del Ministerio Público Fiscal, ni la anómala situación de la falta de Procurador General, cargo aún bajo el interinato de Eduardo Casal.
El capítulo judicial de la apertura de sesiones comenzó con una crítica a los favores judiciales a Clarín vinculados a las tarifas de sus servicios. “En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios -explicó Alberto- Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”. Y agregó: “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.
“Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario”, dijo el presidente. El proyecto tuvo una rápida media sanción en el Senado pero luego quedó frenado en Diputados, donde faltaban apenas media docena de votos. Hoy no sólo perdió estado parlamentario, sino que el oficialismo tiene menos chances de aprobarlo que antes por el poroteo post elecciones de medio término.
El presidente le dedicó un párrafo a los motivos de la oposición para frenar el intento de morigerar el poder de los jueces de Comodoro Py: “Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”. Es dato, no opinión: en cada causa en la que Mauricio Macri o algún funcionario de su mesa chica estuvieran comprometidos hicieron todo lo posible por mudarlas a Comodoro Py. Hasta ahora lo lograron con todas excepto la de la "Gestapo antisindical".
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“Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial”, afirmó el presidente.
Inteligencia
De aquello que el presidente Fernández anunció el día de su asunción, allá por diciembre de 2019, sólo pudo concretar algo: la intervención de la vieja SIDE y la prohibición de que los espías intervengan en causas judiciales.
“Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia”, dijo Alberto. Y agregó: “En la Argentina de hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana. El secreto no puede ser NUNCA MÁS la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”.
La gestión de Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) blanqueó por primera vez su presupuesto, denunció cada caso de espionaje ilegal que encontró en esas catacumbas, puso a los escasos y mal formados recursos que quedaron en la casa de los espías a hacer tareas de inteligencia estratégica y ahora, según anunció el Presidente, elaboró un proyecto para modificar la Ley de Inteligencia que será enviado al Congreso.
“Es indispensable que el Congreso acompañe este camino”, dijo respecto al proyecto que enviará para cambiar la ley de Inteligencia. “Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico”, planteó.
La reestructuración de la Corte
En otro pasaje de su discurso, Alberto Fernández señaló que “durante este ejercicio legislativo” el Congreso debe analizar cambios en “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia”. Lo escuchaban atentamente los cuatro ministros cortesanos, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes finalmente concurrieron al Parlamento para ser parte del acto institucional. Habían pedido ser parte pero de forma virtual lo que no fue permitido.
En sintonía con la solicitud del Presidente, El Destape constató que un sector del gobierno trabaja en un proyecto que contempla una ampliación del Alto Tribunal para llevarlo a 25 integrantes y una división por salas “temáticas”. La ecuación de esa iniciativa es que haya un representante cortesano por provincia más un representante de la Ciudad de Buenos Aires. Una apuesta ambiciosa ya que a la luz de la relación de fuerzas vigentes hoy en el Congreso, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar una reforma de esa envergadura. Requiere de acuerdos con la oposición pero también de sanear las relaciones internas en la alianza gubernamental.
En la actualidad, el Tribunal Supremo cuenta con cuatro integrantes ya que desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco el quinto sillón del cuarto piso del Palacio de Tribunales no fue cubierto. El Gobierno debiera enviar el pliego de su reemplazante pero aún no lo hizo porque requiere dos tercios de los votos en el Senado para aprobarlo y no los tiene. “¿Para qué vamos a postular un nombre, para que la linchen en los medios?”, indicaron fuentes del gobierno ante la consulta de este medio respecto a una posible candidata.
Esa falta de votos asoma como un gran obstáculo para cualquier tipo de reforma judicial que apunte a romper los privilegios que tiene Cambiemos en el tercer poder del Estado.
Un nuevo Consejo de la Magistratura
Al hacer referencia a los proyectos de reforma judicial que pidió al Congreso que trate este año, el presidente resaltó el del Consejo de la Magistratura. “Ya hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura”, destacó. La mención no es menor. La Corte Suprema declaró inconstitucional la actual conformación de 13 miembros del Consejo y dispuso que si al 15 de abril no se aprueba una nueva ley en el Congreso o no se implementa la ley anterior (derogada) y se amplían los consejeros a 20 con el presidente de la Corte al frente del Consejo, todos los actos del órgano que selecciona y sanciona jueces serán declarados nulos. Es decir, hay una carrera política contrarreloj.
En pos de evitar una avanzada de la Corte sobre el Consejo, el Poder Ejecutivo envió en diciembre pasado, adelantándose al fallo adverso de la Corte, un proyecto de ley que eleva la integración de consejeros de 13 a 17, sin que ingrese el presidente del alto tribunal. Pero si bien la intención del gobierno era tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias, eso no ocurrió. Otra vez, la falta de votos fue el problema.
El debate en torno al Consejo de la Magistratura es uno de los ejes centrales de la discusión judicial que se avecina. Desde aquel órgano no solo se les paga el sueldo a los jueces sino que también se elaboran las ternas para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, vacantes que hoy llegan al 25% de los cargos para jueces.
Entre los concursos que están resueltos y solo resta votar en el Consejo se destacan los que busca ocupar tres juzgados de primera instancia de Comodoro Py, entre los que figura el juzgado que ocupaba Claudio Bonadío. Además, incluye a los que deben ocupar los sillones que hoy tienen en la Cámara Federal porteña dos jueces puestos a dedo por Macri: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Por decisión de la Corte, Bruglia y Bertuzzi pueden quedarse en el cargo al que llegaron de forma irregular hasta que se designe a sus reemplazantes. El oficialismo está a dos votos de poder aprobar esas ternas que cambiarían un poco la fisonomía de los tribunales de Retiro. Pero en un mes y medio se modificarán las relaciones de fuerza por decisión de la Corte. Bruglia y Bertuzzi son dos de los jueces aliados que tiene Cambiemos en la justicia federal, es decir, son un ejemplo de la alianza de la oposición con la Justicia a la que hizo referencia el presidente en su discurso de este martes.
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