En la inauguración del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández criticó con dureza a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Judicial. En lo que fue el último discurso ante el Congreso de su mandato iniciado en 2019, Fernández resaltó que la Corte se entrometió en cuestiones presupuestarias del gobierno al resolver a favor de la Ciudad en el caso de los fondos coparticipables y tomó "por asalto el Consejo de la Magistratura". Defendió a CFK por la persecución que sufre en el caso Vialidad e hizo una referencia implícita al caso del viaje a Lago Escondido y a la filtración de presuntos chats que involucran al ministro porteño Marcelo D’Alessandro y a Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano. El presidente y el vice del alto tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, habían concurrido al Parlamento y lo escucharon impávidos.
“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, cuestionó a la Corte el primer mandatario y defendió el juicio político que impulsa contra los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
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Fernández resaltó cómo la Corte se extralimitó en su funciones al resolver a favor del gobierno porteño en el caso de los fondos coparticipables: “Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos”, resaltó alzando la voz mientras la oposición lo criticaba. “Es un enorme honor que usted me insulte diputado Iglesias”, le dijo al diputado de JxC Fernando Iglesias, que lo cruzó a viva voz.
Luego, el Presidente dijo que “si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, añadió. Y preguntó: “¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”. Fue uno de los momentos más efusivos de su alocución.
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El Presidente también defendió a CFK por la persecución que sufre en el caso Vialidad, en el que fue condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos, e hizo una referencia implícita a la filtración de presuntos chats que involucran a al ministro porteño Marcelo D’Alessandro y a Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano. Fundamentalmente, se enfocó en el viaje a la mansión de Joe Lewis que hicieron jueces federales, funcionarios porteños y un exespía que fueron invitados por dos altos ejecutivos del Grupo Clarín. En esa línea, señaló: “Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”. Y agregó: “Miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.
“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, señaló el jefe de Estado. Y puso ejemplos concretos como la medida cautelar a favor del Grupo Clarín que le permite seguir aumentando las tarifas a pesar de que el Gobierno lo había regulado: “Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”, indicó Fernández.
Respecto al juicio político que se les sigue a los cuatro ministros supremos, remarcó: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y apuntó al macrismo: “Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”.
Con Rosatti y Rosenkrantz en el Parlamento, recordó: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto”. Esos dos ministros de la Corte son los que fueron designados por el expresidente Mauricio Macri por decreto algo que luego debió modificarse por el escándalo que generó.
Finalmente, cerró el apartado judicial: “Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política”.
Todas las críticas de Alberto a la Justicia y la defensa de CFK
Atentado contra CFK
El Presidente exigió a la Justicia “que profundice la investigación” del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que a seis meses del hecho solo apuntó contra los autores materiales pero nada se sabe de quiénes estuvieron detrás del ataque. El Presidente pidió “que juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”. “Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”, agregó.
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La Corte y la coparticipación
“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, señaló Alberto Fernández al hacer referencia a la medida cautelar de la Corte que elevó los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, explicó el Presidente.
“No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido”, señaló Alberto. Y dijo que “los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”.
“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”, agregó.
El espionaje ilegal macrista
En otro pasaje de su discurso se refirió al espionaje ilegal macrista: “Prometí al asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”.
Viaje a Lago Escondido y fallos a favor de Clarín
No obstante, el Presidente señaló que de “nada sirve” terminar con los sótanos de la democracia “si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.
Y recordó que “tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.
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Entonces fue cuando citó el ejemplo en el que el Grupo Clarín se vio favorecido. “Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”.
Toma por asalto del Consejo de la Magistratura
Luego Alberto se refirió a la intromisión de la Corte en el Consejo de la Magistratura: “Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”. Este jueves, por ejemplo, la Corte le tomó juramento a tres de los cuatro consejeros enviados por el Senado. Excluyó a Martín Doñate arrogándose facultades legislativas que no le corresponden.
“La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula”, remarcó.
También rememoró que convocó a un consejo de expertos para hacer una reforma judicial y que envió iniciativas al Congreso que quedaron trabadas en la Cámara de Diputados. “Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”. Fue entonces cuando preguntó: “¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”.
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Juicio Político a la Corte
El Presidente defendió el juicio político a los jueces de la Corte, Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. “Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, dijo.
“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó.
También hizo una diferencia entre los jueces cuestionados y el resto del Poder Judicial: “No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales. Pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles”.
Mesa judicial M y persecución
Tras remarcar que el Gobierno respeta la Constitución sostuvo que “los que atentaron contra la Constitución son los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”. El contraste con el macrismo fue claro.
“Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se pro fugan de la Justicia alegando persecuciones”, enumeró. La última referencia es a Fabián “Pepin” Rodriguez Simón, el asesor de Macri hoy prófugo en Uruguay.
Y continuó con el contrapunto con el macrismo: “Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república” y “los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial.”
“Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, criticó.
El caso de Vialidad y la defensa de CFK
El Presidente también hizo una defensa de Cristina por la condena en el caso de Vialidad, causa paradigmática del Lawfare donde la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de forma perpetua a ejercer cargos públicos. “Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Alberto.
“Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. ‘No pudo no haber sabido’ sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho”, sostuvo en referencia al caso Vialidad.
El Presidente les dijo a los jueces que “los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”.
Para cerrar el apartado judicial destacó que “no importan las cercanías o afinidades políticas, se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra constitución”. “Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política”, concluyó.
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