El Frente de Todos pidió el juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia por una decena de hechos que consideró causales de mal desempeño. Así se desprende del proyecto que presentaron este viernes en el Congreso 15 diputados del oficialismo y que será tratado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Además del caso de la coparticipación, con el que la Corte benefició económicamente a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, se menciona la toma por asalto del Consejo de la Magistratura, el 2x1 con el que se buscó beneficiar a los genocidas de la última dictadura, presuntos desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial y los supuestos chats de la mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti con el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, donde se coordinan estrategias político judiciales, entre otras cuestiones.
“Los Dres. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti han perpetrado -en forma reiterada- ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, invadiendo competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes del estado. Han puesto en riesgo el equilibrio republicano, han afectado la gobernabilidad y la estabilidad institucional, configurando ello, conductas encuadrables en la figura de mal desempeño en sus funciones y, para el caso del Dr. Rosatti también se podría interpretar que nos hallamos ante la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones”, sostuvieron los 15 diputados del FdT que firmaron el proyecto con el que se pide la apertura del juicio político.
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La acusación se basó en el documento que firmaron el Presidente y casi la mitad de los gobernadores, pero también sumó otros elementos.
Una por una, las causales del pedido de juicio político
Los 15 legisladores reprodujeron las causales de juicio político que incluyeron el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que son las siguientes:
- La amenaza de Rosatti que se materializó en los hechos
Se trata de las declaraciones que realizó el presidente de la Corte en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales celebrado en Catamarca. ¿Qué dijo? Que “la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
De acuerdo a los denunciantes “las afirmaciones del Presidente de la Corte encierran un verdadero alzamiento contra el orden constitucional, el pretender que el Poder Legislativo subordine el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para sancionar normas legales relacionadas con el Poder Judicial, a una suerte de ‘acuerdo previo’ con el máximo Tribunal de Justicia”. “La pretensión de actuar como una suerte de órgano colegislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la República”, añadieron.
En la acusación se señaló que la expresión “no puede ser interpretada de otra manera que como una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales”. Y se destaca que “la ‘advertencia formulada’ se ha materializado en decisiones del máximo tribunal del país que ha extralimitado sus funciones constitucionales de modo inadmisible”.
- La toma por asalto del Consejo de la Magistratura
El 18 de abril del año pasado, la Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano clave del Poder Judicial. Con los votos de los supremos Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, se ordenó que se reviva una ley derogada y vuelva a constituirse el consejo de 20 integrantes, que es presidido por el presidente de la Corte, es decir, por el propio Rosatti.
Esta jugada tuvo un movimiento previo, el 16 de diciembre de 2021, cuando el máximo tribunal consideró inconstitucional la integración de 13 miembros del Consejo que estuvo vigente desde 2006 hasta aquel día. En esa resolución, los supremos habían ordenado al Congreso que sancione una nueva ley que "respete" los "equilibrios" de los estamentos que integran el organismo que designa y sanciona jueces. Los cortesanos pusieron un plazo de 120 días para que salga esa ley y si eso no sucedía ordenaron que se restablezca la anterior conformación de 20 consejeros, que fue lo que terminó pasando, con la ayuda de la oposición que obstaculizó cualquier tratamiento legislativo. Así, se revivió una ley que había sido derogada.
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Los denunciantes mencionaron diversas causales de mal desempeño en este capítulo:
-Los presuntos chats de Robles y D’Alessandro por el Consejo
Por un lado, los denunciantes destacaron la vinculación de Rosatti con el gobierno porteño. Se hicieron eco de los presuntas comunicaciones entre Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, hoy bajo licencia, que salieron a la luz en la segunda filtración de chats del celular del funcionario de la Ciudad.
Para los denunciantes “no es una mera amistad lo que une” a Robles y D’Alessandro “sino que existe una espuria convivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”. “La convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”, se destacó en la denuncia.
En la acusación se afirmó “que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal”, según la cual “asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas”. Y se agregó: “Todo ello orquestado junto a la alianza política opositora a este gobierno”.
“En los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura. Es el propio Rosatti el que indica a la alianza política Cambiemos, a través de los operadores mencionados, cómo debe actuar en el Senado de la Nación” para quedarse con las bancas que el Frente de Todos reclama para así en el órgano de designación y sanción de jueces, continuó el texto.
Es que en los presuntos chats filtrados se lee cómo Robles le indica los pasos a seguir para obstaculizar que el oficialismo se quede con tres bancas de las cuatro que corresponden a la Cámara Alta en el Consejo “resucitado”. Es que el FdT en el Senado había partido sus bloques y conformado un interbloque para poder quedarse con 2 bancas de la mayoría y 1 de las 2 que corresponden a las minorías. Se tratóa de una jugada similar a la que hizo JxC en Diputados. Al final del supuesto intercambio, Robles le dice al funcionario de Larreta sobre la información que le había pasado: “Usala como tuya”. D’Alessandro contesta: “Entendido”. La mano derecha de Rosatti también le aconsejó dónde debía presentar sus denuncias el senador Luis Juez para obstaculizar la estrategia del FdT en el Senado.
“La estrategia desarrollada por Rosatti y ejecutada a través de Robles y D’Alessandro consistía en desconocer los decretos emitidos por la Presidencia del Senado a través de los cuales se designaban a los senadores respectivos en el Consejo de la Magistratura. Como se sabe, la maniobra fue seguida al pie de la letra por los senadores de esa alianza política”, se indicó.
En la denuncia se agregó “que la esposa de Silvio Robles, Laura Latorre, también tiene íntimas vinculaciones con el partido político PRO, lo que da cuenta del contexto de íntima vinculación que existe entre Rosatti y dicho espacio político”.
-La toma por asalto del Consejo propiamente dicha
En este apartado se hace referencia a la mentada sentencia del 16 de diciembre de 2021 en la que la Corte revivió el Consejo de 20 integrantes, que había sido derogado.
“El fallo contó con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”, se mencionó en la denuncia.
“Queda claro que en el dictado de ese fallo los magistrados mencionados decidieron arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional”, se añadió en el pedido de juicio político. “De esa manera, el Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de otro Poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional, que a partir de la aplicación de ese fallo pasaría a ser presidido por uno de los miembros que lo firmó, como se señaló anteriormente”, se apuntó.
-Avanzar sobre la autonomía del Senado
En la presentación se menciona que la Corte luego decidió intervenir para cuestionar la partición del bloque del FdT en el Senado porque tenía consecuencias directas en el reparto de bancas en el Consejo. Así, “la Corte avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”. Es que tras la judicialización que hizo JxC (siguiendo la letra de Robles a D’Alessandro) la Corte intervino y le dio la razón a la oposición.
En síntesis: “La Corte avanzó indebidamente sobre las facultades del Poder Legislativo de la Nación al declarar la validez de una norma que había sido expresamente derogada por éste; posteriormente invalidó resoluciones de las presidencias de ambas cámaras, desconoció sentencias de jueces inferiores competentes en causas vigentes y análogas, lo hizo por fuera de una decisión jurisdiccional (mediante una Acordada) y de esa forma conformó de manera ad hoc una integración del Consejo de la Magistratura que sea afín a los objetivos políticos que la Corte persigue desde el dictado del primer fallo”.
-Avanzar sobre la autonomía de Diputados
En este punto se cuestiona que la Corte tomó juramento a los diputados que en un primer momento habían sido designados como consejeros desconociendo que la Cámara Baja había retirado esos pliegos luego de un fallo judicial que cuestionaba la distribución de bancas para el consejo por fuerza política. La Corte tomó esta decisión “en abierto desconocimiento de lo resuelto, en ejercicio de sus facultades constitucionales, por la máxima autoridad de una de las Cámaras del H. Congreso de la Nación”. También se enfatizó que Rosatti, como presidente del Consejo, se debía haber abstenido de intervenir.
- El caso de la Coparticipación: dinero para la campaña de Rodríguez Larreta.
A fines de diciembre de este año, la Corte a través de una medida cautelar ordenó que el Estado nacional le gire el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad. Son entre $70.000 y $153.000 millones más que lo que le corresponde a la ciudad más rica del país. El jefe de gobierno porteño y Macri, como era de esperar, festejaron la resolución por las redes sociales. La Ciudad recibirá esa suma, que se definió sin ninguna justificación ni cálculo ni índice, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, esto es, si se amplían los fondos coparticipables para la Ciudad al 3,50% al cuál lo había elevado Mauricio Macri por decreto cuando era presidente.
Según los denunciantes, la cautelar por la coparticipación “fue una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Este caso, como el del Consejo de la Magistratura, también tiene distintos capítulos.
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-Los presuntos chats de Robles y D’Alessandro
En este apartado se vuelven a mencionar los intercambios entre la mano derecha de Rosatti y el ministro de Rodríguez Larreta. Es que en el intercambio de chats filtrados se da una mención a este tema.
“En el intercambio entre ambos funcionarios, el funcionario de la Corte y principal colaborador del doctor Horacio Rosatti, le envía un link con una nota periodística en el que se informa que el Presidente del Máximo Tribunal seguiría interviniendo en este caso. El pedido de apartamiento de Horacio Rosatti se dirigía, justamente, a cuestionar los vínculos entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro. Ambos funcionarios habían arribado juntos y compartido un cumpleaños en un hotel porteño. Se trataba nada menos que del festejo celebrado en honor del doctor Juan Ignacio Mahiques, Fiscal Federal y hermano del Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques”, se destacó en el pedido de juicio político. “La presencia del principal colaborador del Presidente de la Corte en este ágape justificó un temor de parcialidad que, a la luz de la información ventilada luego por la prensa, estaba efectiva y visiblemente fundada”, se añadió.
“El doctor Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con su histórico colaborador, han terciado desde su Vocalía por los intereses de una de las partes en causas de altísimo impacto institucional”, se menciona en la presentación que ingresó el viernes al Congreso.
-El fallo de la coparticipación en sí
Respecto al fallo por el que se eleva la coparticipación de la Ciudad al 2,95%, los denunciantes sostuvieron: “El Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020. Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”. Es decir, se la vuelve a acusar por legislar.
La decisión de la Corte, por ejemplo, deriva en la modificación de la Ley de Presupuesta, “dado que al exigir que sea de cumplimiento inmediato, se tendrán que reformar las partidas presupuestarias”.
“La Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones. El Máximo Tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos”, se añadió.
También se menciona que para disponer que la ejecución a favor sea inmediata, la ley de Medidas Cautelares establece que se acredite debidamente el peligro en la demora algo que no sucedió en este caso. Esa misma ley dice que “jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado”. “Fue lo que ha ocurrido en el caso en cuestión”, aseguraron los denunciantes.
“Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal. La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país”, se denunció. Y se aclaró que “el Estado Nacional, con el apoyo de la mayoría de las Provincias, estableció y demostró la arbitrariedad manifiesta del aumento que recibió la Ciudad Autónoma”.
Para los denunciantes, la decisión de la Corte “promueve el fortalecimiento irregular de un distrito, de una estructura partidaria y del financiamiento de futuras candidaturas”. Es decir, de Horacio Rodríguez Larreta.
- El 2x1 y desmanejos en la Obra Social del PJN
Al documento del presidente y los gobernadores, los legisladores sumaron como causales de mal desempeño.
-El "caso Muiña", conocido como 2x1, que benefició con la salida anticipada de prisión a criminales condenados por delitos de lesa humanidad
“Entendemos aplicable la solicitud de promoción de Juicio Político a los Jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por la suscripción, con fecha 3 de mayo de 2017, del fallo ‘Muiña’”. Aquel fallo, que tuvo también la firma de la ahora jubilada Elena Highton, “provocó un verdadero escándalo jurídico y la legítima indignación social en nuestro país”.
“La lectura e interpretación que hicieron en sus votos los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton formando mayoría, en beneficio del represor Muiña, resulta írrita por diametralmente opuesta a la literalidad normativa de valor supremo en el Derecho, la pirámide jurídica encabezada por los instrumentos internacionales de DDHH”, remarcaron los denunciantes.
También indicaron que en el caso “Rufino Batalla”, del 4 de diciembre de 2018, donde la Corte Suprema vuelve sus pasos y rechaza el beneficio de la ley del “2 por 1” para las condenas por delitos de lesa humanidad, Rosenkrantz “reafirmó en su voto en minoría que los aberrantes lineamientos del caso ‘Muiña’ seguían vigentes y eran aplicables al caso”. “Con un ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana, este juez se mantuvo firme en su postura, absorto y ajeno a la realidad social de nuestro país, e ignorando nuevamente los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la búsqueda y Juzgamiento de los delitos más aberrantes de nuestra historia”, se indició en la denuncia.
-Incumplimientos y desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)
En 2021, la OSPJN, que depende de la Corte, se vio envuelta en diferentes denuncias penales y sospechas de irregularidades en su gestión y administración.
En el pedido de juicio político, los legisladores se hacen eco del escándalo que envuelve a la OSPJN. Se denuncia que la Corte “se reservó para sí atribuciones y funciones que hacen imposible escindir a sus integrantes de las responsabilidades por el control sobre la administración y gestión de la OSPJN”. Esto es así porque la Obra Social “estaba obligada a elevar cierta información a la CSJN con una periodicidad fijada con precisión, lo que le asignaba indefectiblemente una evidente función de contralor de aquél sobre ésta”.
Entre septiembre y diciembre de 2021, se iniciaron dos investigaciones por distintos hechos en los juzgados federales de Comodoro Py, lo que derivó en que la Corte mediante una acordada dispusiera una auditoría interna sobre la gestión en la OSPJN, entre septiembre de 2008 y 2021.
En la denuncia se recuerda que “dicha tarea fue concluida el 4 de agosto de 2022 y los resultados confirman que durante los 13 años que fueron objeto de estudio, la OSPJN fue administrada de manera deficiente, señalando irregularidades que no son más que la continuidad y profundización de muchas de las deficiencias marcadas por la Auditoría General de la Nación con anterioridad al 2008”.
“Entendemos que el mal desempeño y los constantes incumplimiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia han ocasionado una clara vulneración del derecho a la salud de los y las trabajadoras judiciales, quienes se han visto seriamente afectados. En tal sentido, el propio Informe de Auditoría revela que el índice de litigiosidad para el período 2008-2021 creció más del 300%. En 2008 se iniciaban 3 causas judiciales contra la OSPJN cada diez mil afiliados, mientras que en 2021 se iniciaron 11 causas cada diez mil afiliados”, destacaron los legisladores denunciantes.
Entrecruzamiento de llamados y citaciones
Con este marco, en el proyecto de pedido de juicio político se solicitaron distintas medidas de prueba. Entre las principales, se destaca darle intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) “para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”. Según indicaron desde el Congreso a este medio, esa medida se puede solicitar mediante un oficio dirigido a la Dajudeco, que depende de la Corte.
En el proyecto también se pide citar a los cuatro ministros supremos denunciados y a 35 personas y organismos como testigos, entre los que se destacan Robles y D’Alessandro así como gobernadores y Abuelas de Plaza de Mayo.
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