Juicio de Vialidad: Crónica de una sentencia anunciada y viciada contra CFK

Este martes, con la sentencia del juicio de Vialidad, comienza el intento de deslegitimar a Cristina Kirchner de cara a las elecciones del año próximo. Los recientes pedidos para reabrir casos paradigmáticos de persecución contra la Vicepresidenta que están cerrados, como Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, indican que en plena campaña electoral de 2023 se vendrá una avanzada contra CFK. La sentencia de este martes es el punto de largada de esta nueva etapa del Lawfare, ejecutada desde los tribunales de Comodoro Py.

¿El TOCF 2 podría condenar a Cristina en el caso Vialidad a pesar de que la fiscalía no pudo sostener su acusación, que fue derribada por los testigos que prestaron declaración en el debate oral y rebatida punto por punto por las defensas? Sí, desde una perspectiva estrictamente política y no jurídica. Desde un ángulo político es difícil imaginar que semejante farsa judicial, que se abre a partir de una denuncia de dirigentes de Cambiemos en 2016 y está repleta de inconsistencias, se haya realizado para que todo termine en una absolución de la vicepresidenta.

Desde la óptica judicial, este proceso se debiera haber caído mucho tiempo atrás como sucedió con las tres causas contra CFK que ahora se pretende resucitar con el objetivo de volver a sentar a Cristina en el banquillo de los acusados de un nuevo juicio. Es decir, si los jueces del tribunal se ajustaran a Derecho no debieran condenar a la expresidenta.

Por la forma en que se creó la causa y se desarrolló el juicio, el caso de Vialidad tuvo y tiene un único fin: complicar el desempeño electoral de Cristina Kirchner. Si no se condenase a CFK ¿ese objetivo se habrá cumplido? ¿Alcanza con haberla sometido a un proceso judicial durante 6 años para deslegitimarla ante la opinión pública? Algunos creen que sí porque además de estar más de un lustro acusada si se la llegara a absolver se agitaría la tesis de la impunidad a lo largo de la campaña que se avecina. Recordemos: el fiscal Diego Luciani pidió al tribunal que se la condena a 12 años de prisión y se la inhabilite de forma perpetua a ejercer cargos públicos. Es decir, solicitó cárcel y su proscripción –que de aplicarse sólo entraría en vigencia cuando el fallo quede firme, es decir, confirmado por la Corte-. Una de las versiones que se dejaron correr desde tribunales en los últimos días es que desde el TOCF 2 se preparaba una condena contra la vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta y no por el de asociación ilícita (son los dos por los que está acusada). El de la administración fraudulenta es un delito que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión e incluye la inhabilitación perpetua si es en perjuicio de una administración pública.

El inicio y el final de una causa política

La causa de Vialidad, que se inicia por una denuncia de dirigentes de Juntos por el Cambio en 2016, es decir, en pleno gobierno macrista, versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El impulsor fue Javier Iguacel, quien entonces era director de Vialidad nacional. Al día siguiente de asumir al frente de ese organismo, Iguacel ordenó una auditoría solo para las obras viales de la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director de Vialidad. El caso fue bien recepcionado por Comodoro Py: se terminó instruyendo en el juzgado que comanda Julián Ercolini, uno de los jueces emblemáticos del Lawfare, que este fin de semana tras una filtración de chats quedó envuelto en el "affaire de Lago Escondido". La filtración expone cómo Clarín invitó a jueces del Lawfare a la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis y cómo los protagonistas -magistrados, ejecutivos del multimedios, funcionarios porteños y hasta exespías- buscaron encubrir su estadía gratuita con facturas truchas y el direccionamiento de una causa judicial.

El caso de Vialidad fue elevado a juicio en 2019, año electoral. La acusación de los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola se tomó de la presentación de los denunciantes y sostiene que se dieron diversas irregularidades en las 51 obras, aunque solo se auditaron 5 y a pedido de la defensa. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por los diversos testigos que prestaron declaración en el juicio.

Por ejemplo, Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría de Vialidad en el que se basa la denuncia de Iguacel que dio inicio a la causa, demolió la acusación cuando atestiguó en el juicio: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista, quien también dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal.

¿De qué se la acusa a Cristina? De ser la jefa de una asociación ilícita que asignó supuestamente de forma irregular recursos para solventar esas obras adjudicadas a Báez en Santa Cruz. Es decir, se considera que los gobiernos kirchneristas fueron una asociación ilícita.

La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. En el juicio de Vialidad, de forma insólita, se consideran “instrumentos del delito” leyes del Parlamento –la ley de Presupuesto, por ejemplo- y decretos de necesidad y urgencia, que son ratificados por los legisladores para quedar vigentes. Esos serían los vehículos que se utilizaron presuntamente de forma irregular para transferir partidas presupuestarias en beneficio de Báez, según la letra de los denunciantes que replicaron desde el Ministerio Público Fiscal. En otra decisión política más que judicial, en la instrucción Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.

Todo el relato construido por la acusación se derrumbó cual castillo de naipes a lo largo del juicio y, sobre todo, de los alegatos de las defensas. Acaso, el más recordado de este proceso sea el alegato de la defensa de CFK encabezada por Carlos Beraldi, quien desarticuló punto por punto, con las declaraciones de los testigos y prueba documental, la acusación de la fiscalía.

Cristina Kirchner, quien intervino en la tercera audiencia de su alegato y en las palabras finales, apuntó contra el Poder Judicial por la persecución en su contra y remarcó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mintieron en su acusación. Resaltó que violaron la Constitución por lo que pidió se los investigue por prevaricato. Denunció que hubo “toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”. La vicepresidenta felicitó a sus letrados defensores, Beraldi y Ary Llernovoy, por el ejercicio profesional de la defensa: “Desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani”, enfatizó.

Esas “mentiras” serán de las que se tomarán los jueces del TOCF 2 para confeccionar su veredicto. Uno de los integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, había sido recusado por las defensas porque según reveló Pagina 12 jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal del juicio, Luciani. Se trata del equipo Liverpool, conformado por jueces y fiscales, que disputó partidos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Los pares de Rodríguez Uriburu rechazaron apartarlo del caso.

Las principales mentiras del juicio

"He redactado las 20 mentiras de la causa Vialidad. Este es el aporte que desde mi espacio político hacemos en esta causa que, no tengo ninguna duda, va a ser estudiada como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en Argentina en este período tan nefasto en donde los juzgados se convirtieron en partidos políticos", afirmó Cristina Kirchner en sus últimas palabras antes de darse a conocer el veredicto. Y subió las 20 mentiras a las redes sociales.

A continuación, las principales mentiras de un juicio armado para entorpecer una candidatura de Cristina el año próximo:

• Néstor Kirchner y Cristina Kirchner asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria.

Se trata de una acusación nodal de la fiscalía. "La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras", planteó la vicepresidenta en su escrito en el que expone las 20 mentiras de esta farsa. También señala que "ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición".

•  El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto.

Con esta acusación se buscó instalar que el Parlamento no intervino en la adjudicación de obras cuando en el juicio quedó demostrado que esto no es cierto. Por eso, en respuesta a esa información insólita de los fiscales, Cristina explicó que la Ley del Presupuesto "resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso" y que esto "quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo".

• Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto.

Es lo que la fiscalía llamó “apagón informativo” y agregó en su alegato cuando veía que la acusación se desvanecía por la falta de sustento probatorio a lo largo del juicio. CFK y sus abogados defensores derribaron esta acusación: "Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas". También la fiscalía, deliberadamente, "ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz".

En esa línea se resaltó que "el Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución". A esto se suma que "las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial".

• En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios.

"La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación", remarcó la vicepresidenta. Y agregó que "el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores". También reconoció que "la única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios". El perito oficial, Eloy Bona, que fue cuestionado por la defensa por sus escandalosos tuits en contra de Cristina antes de ser seleccionado para este caso, cometió fallas periciales de novato que fueron marcadas en los alegatos de las defensas.

• El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el “Plan limpiar todo”, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez.

La fiscalía interpretó mal una nota periodística de la que se tomó para sostener que existió este encuentro. Consideró que un vuelo de Cristina a Santa Cruz se dio el 30 de noviembre de 2015 y no cuando realmente ocurrió, que fue un día antes: "La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015". El 30 de noviembre y en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, "CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país".

Asimismo, marcó que los mensajes extraídos del teléfono de José López, que alimentan la falacia del “Plan limpien todo” demostraban, entre otras cosas, que "López mantenía una relación mucho más que fluida con el ‘hermano del alma’ de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía" y no así con Báez. "Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani", denunció Cristina.

¿La intención? Manipular elementos probatorios para perjudicar a la actual vicepresidenta de la Nación en un juicio armado para condicionar su juego electoral.