AMIA: 30 años de impunidad y encubrimientos por parte del tridente Justicia-Medios-Espías

30 años del atentado a la AMIA y no hubo juicio, no hay por ende condenados, no se sabe aún quienes fueron los responsables. La sociedad argentina toda, no solo la comunidad judía, tiene esa herida abierta que tres décadas de democracia no ha cerrado por decisiones y omisiones. Es el propio Estado el responsable de esta injusticia. Fueron sus presidentes, sus ministros, sus servicios de inteligencia, sus jueces y sus fiscales, sus policías, los encargados de desviar la investigación del atentado y de encubrirlo. Embajadas extranjeras y empresas de medios hicieron su aporte. Y hoy, que se cumplen 30 años del asesinato de 85 personas, sus familiares tienen que afrontarlo con esta marca ya casi indeleble de impunidad.

El caso AMIA atravesó el 75% de los años desde el retorno democrático pero de una democracia que no lo pudo o no lo quiso resolver. Por el contrario, su derrotero es un cúmulo de irregularidades, manoseos, encubrimientos, negociados y operaciones mediático-judiciales promovidas por servicios de inteligencia que hacen que hoy la verdad sea casi imposible.

Aquel 18 de julio de 1994, hace 30 años, fueron asesinadas 85 personas. Repasemos la historia.

Galeano y el primer desvío

La investigación judicial del atentado a la AMIA quedó a cargo de Juan José Galeano, que por entonces tenía 36 años y era el último llegado a Comodoro Py con menos de un año como juez federal. Galeano fue designado por Menem bajo el padrinazgo de Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE. Los 3 serían parte del encubrimiento del atentado junto con los fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia.

Al día siguiente del atentado a la AMIA el gobierno de Israel pidió al gobierno de Menem "coordinar una versión coincidente". Consta en un cable del embajador José María Valentín Otegui enviado el mismo 19 de julio de 1994 a las 10.48 desde la Embajada en Israel. El documento revela que ya había partido de Israel un vuelo hacia Buenos Aires con el Subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Dov Schmorak a bordo. "Hombre de relación personal y directa con primer ministro Rabin ha sido designado para entrevistarse con el nivel más alto posible de nuestro gobierno", dice el cable.

El mismo documento detalla que el israelí Schmorak le comunicó a Otegui: "Para el gobierno israelí es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado -principalmente por el impacto que tendrá manera de presentar la cuestión ante opinión pública israelí". Agregaba que "Gobierno Israel no tiene queja alguna sobre manera en que el nuestro está manejando el tema. Objetivo de entrevista alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado efectos presentar a la prensa -inmediatamente después del encuentro-una versión unificada de lo ocurrido".

Efectivamente lo hicieron. Solo con revisar las tapas de los diario de época se lee que al día 2 "llegaron los especialistas israelíes". Y al día 5 ya apuntaban a Irán pese a que era imposible que en tan poco tiempo tuvieran alguna prueba. Al igual que en la era del lawfare, no habría encubrimiento sin los medios cómplices.

Galeano se acomodó a este escenario armado por el gobierno de Menem, ejecutado por la SIDE que seguía a su vez directivas de la CIA y el Mossad, los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, con apoyo de la Policía Federal, donde el hombre clave fue Jorge “el Fino” Palacios. Desde el primer minuto se construyó el encubrimiento del atentado.

Desde el inicio de la investigación había dos pistas, la iraní y la siria. Pero solo se siguió la iraní ya que la siria apuntaba a Alberto Kanoore Edul, cuya familia era amiga de los Menem. El día que le allanaban la casa su padre se reunió con Menem y poco después el juez Galeano abandonó esa pista y se concentró en la iraní, como empujaban desde Estados Unidos e Israel.

Varias semanas después del atentado a la AMIA, el único avance del juez Galeano era la detención de Carlos Telleldín, un oscuro personaje que en 1994 se dedicaba a reducir y revender autos. Fue el último poseedor de la Traffic presuntamente utilizada para el atentado a la AMIA.

Años después se supo que Telleldín aceptó 400.000 dólares provenientes de los fondos reservados de la SIDE que manejaba Anzorreguy para dar una versión falsa y desviar la investigación hacia un grupo de policías bonaerenses que fueron acusados de ser la conexión local del atentado. Tras la declaración de Telleldín, Galeano detuvo a un grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli. Los acusó de ser la conexión local del atentado y los envió a juicio oral.

Fue todo una puesta en escena. En diciembre de 2003 el propio Galeano fue apartado de la causa AMIA. El 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal N 3 declaró nula toda la causa y liberó a los policías bonaerenses. El tribunal determinó que el Estado actuó para desviar la investigación por el atentado a la AMIA y ordenó investigar a Galeano, Mullen y Barbaccia, al ministro del interior de Menem Carlos Corach, al jefe de la SIDE Anzorreguy, al titular de la DAIA Rubén Beraja y más tarde incluyó a Menem y al “Fino” Palacios, entre otros.

Bonadio, el encubridor

La investigación se partió en dos. Por un lado la causa madre, la del atentado. Por el otro la del encubrimiento del atentado a la AMIA que quedó a cargo del juez Claudio Bonadío. Desde 1992 hasta pocos días antes del atentado a la AMIA Bonadio fue funcionario menemista. Su cargo era Subsecretario de Asuntos Legales y estuvo bajo el mando de Carlos Corach, hombre de la mesa chica de Menem. Cuando Domingo Cavallo denunció la famosa servilleta en la que Corach escribió los nombres de los jueces y fiscales que dominaba el gobierno de Menem, Bonadío estaba en la lista. Corach se salvó una y otra vez de ser investigado por encubrimiento del atentado a la AMIA. Uno de esos favores se lo hizo el juez Ariel Lijo, que por demorar esa investigación fue apartado y ahora Milei quiere colocarlo en la Corte Suprema.

Bonadio no tenía ninguna experiencia judicial cuando Menem y Corach lo nombraron primero como juez de Morón. Pero cuando Menem amplió los juzgados de Comodoro Py de 6 a 12 nombró a Bonadío por decreto al frente del número 11. Fue el 1 de mayo de 1994, pocos días antes del atentado a la AMIA.

El rol de Bonadío para entorpecer el caso AMIA fue clave. Demoró la investigación por el encubrimiento del atentado durante 5 años. Finalmente fue apartado de la causa, con una durísima resolución de la Cámara Federal, y su actuación denunciada ante el Consejo de la Magistratura, donde un sector del peronismo liderado por Miguel Ángel Pichetto lo salvó de tener que dejar el cargo como juez. Algún día eso también deberán explicarlo por el daño posterior que hizo Bonadío en la persecución judicial a CFK.

Cuando le sacaron la causa por encubrimiento Bonadio intentó una maniobra que repetiría en otros casos como Hotesur y Los Sauces e incluso con la denuncia del fiscal Alberto Nisman: armó una investigación paralela para favorecer a sus amigos Corach, Galeano y el Fino Palacios. Nuevamente, la Cámara Federal lo apartó de esta causa paralela e irregular. En 2010, el propio fiscal Alberto Nisman denunció a Bonadío. Lo acusó de integrar una asociación junto al Fino Palacios y Corach para apartarlo de la investigación del atentado e incluso atentar contra su vida.

Encubrimientos

La causa por encubrimiento llegó a juicio oral y público recién en 2015. Fue a juicio todo el Estado al momento del atentado: el ex presidente Menem, el ex jefe de la SIDE Anzorreguy, el ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el “Fino” Palacios, Telleldín y su entorno, ex agentes de inteligencia. Todos ellos fueron protegidos por Bonadío.

En febrero de 2019 llegó el fin del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Menem, el “Fino” Palacios, Beraja, el espía Patricio Finnen y Victor Stinfale (abogado de Telleldín) fueron absueltos. El ex jefe de la SIDE Anzorreguy fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, Galeano a 6 años, los fiscales Mullen y Barbaccia a 2 años, Telleldín a 3 años y 6 meses, Ana María Boragni (pareja de Telleldín) a 2 años de prisión condicional, el comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a 3 años y el ex SIDE Juan Carlos Anchezar a 3 años.

Las condenas fueron apeladas por los familiares de las víctimas del atentado y en abril de este año fueron resueltas por la Cámara Federal de Casación Penal, en un episodio más del encubrimiento. Uno de los jueces de Casación, Carlos Mahiques, designado a dedo por Macri en el máximo tribunal penal del país, desató una operación mediática bajo el lema de que habían firmado un “fallo histórico” que confirmaba la responsabilidad de Irán en el atentado. Esto fue reproducido por todo el sistema de medios local e internacional, pero era falso: no podían confirmar nada ya que no era el objeto de la causa, solo tenían que revisar las condenas por el encubrimiento. Y para peor, el fallo fue “histórico” porque entre Mahiques y su colega Diego Barroetaveña absolvieron a Galeano y al ex jefe de la SIDE menemista Anzorreguy "respecto del hecho que fue calificado como encubrimiento por favorecimiento personal en la causa 'Pista Siria'" y les bajaron las penas. La jueza Ángela Ledesma votó por confirmarles esa parte de la condena pero quedó en minoría.

El juez Ariel Lijo quedó en su momento a cargo de continuar la investigación respecto a Corach, empleados de Galeano y otros imputados. Ante la falta de avance en este tramo, llamado “residual”, Lijo fue apartado en 2016 y la investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. Ahora Javier Milei quiere nombrar a Lijo en la Corte Suprema pese a que fue también parte de los múltiples encubrimientos del atentado a la AMIA. Dato que deberían recordar quienes hoy se manifiesten por los 30 años del atentado mientras pretendan levantar la mano para aprobar el pliego de Lijo para el máximo tribunal del país.

El caso del “Fino” Palacios es destacable y revela también el involucramiento de Macri en todo este entramado. Reapareció en la escena pública cuando Macri era Jefe de Gobierno porteño y lo al frente de la Policía Metropolitana. Según Macri, fue por recomendación de los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, el Mossad y la CIA, los mismos que habían intervenido en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA por el que fue acusado el “Fino” Palacios. La frutilla del postre es que Palacios armó una red es escuchas ilegales en las que espiaban, entre otros, a Sergio Burstein, referente de los familiares de víctimas de la AMIA.

Otra conexión del Fino Palacios con la causa AMIA es su relación con el juez Bonadio. En 2001, el juez Bonadio protagonizó un dudoso episodio en el cuál mató a dos personas que supuestamente querían robarlo. Bonadio utilizó su Glock calibre 40 y mató a los dos supuestos asaltantes, a uno por la espalda. Él salió ileso. Se sospecha que el Fino Palacios fue el encargado de limpiar la escena para que se acomodara a la versión de Bonadío. Bonadio se lo agradeció: visitaba como amigo al Fino Palacios a la cárcel cuando tuvo prisión preventiva en la causa de escuchas telefónicas.

CFK senadora y AMIA

En paralelo a los desaguisados judiciales al cumplirse un año del atentado a la AMIA se creó la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la investigación de los atentados a la Embajada de Israel (en 1992) y a la AMIA. Sin embargo, comenzó a funcionar recién en septiembre de 1996. Una de sus integrantes (la única mujer) fue Cristina Fernández de Kirchner, por entonces senadora. Esta Comisión elaboró 3 informes. El último, publicado en 2001, fue clave para desnudar el encubrimiento.

El testimonio clave fue el de Claudio Lifchitz, un ex policía federal que fue introducido en el juzgado de Galeano por el “Fino” Palacios. Allí actuó como secretario letrado del juez y fue testigo de todas las maniobras de desvío de la investigación. Lifchitz reveló la existencia del video de la reunión entre Galeano y Telleldín donde se hablaba del pago para desviar la investigación hacia los policías bonaerenses, el rol de Munir Menem (hermano del presidente) para desviar la pista Siria y muchas otras irregularidades.

El testimonio de Lifchitz hizo que, para el informe del 2001, la Comisión se dividiera. La mayoría optó por no mencionar las irregularidades que reveló Lifchitz y ratificar la investigación trucha de Galeano. Por el contrario, la senadora CFK advirtió ya en ese momento sobre las maniobras de encubrimiento del juez Galeano y firmó en solitario una disidencia al dictamen de la mayoría donde advertía las irregularidades.

Kirchner y AMIA

En 2004, tras años de encubrimiento, el presidente Néstor Kirchner impulsó la creación de la UFI AMIA, una unidad fiscal dedicada exclusivamente a investigar el atentado ocurrido 10 años antes. La UFI AMIA quedó a cargo de Natalio Alberto Nisman, que había integrado el grupo de fiscales que intervino en la investigación del atentado junto a Mullen y Barbaccia pero justo antes de la falsa acusación a los policías bonaerenses se había apartado de la operación de encubrimiento.

En un principio, la figura de Nisman fue bien recibida por los familiares de la víctimas, pero con el paso del tiempo advirtieron que no quería investigar determinadas líneas. Nisman centró su investigación principalmente en la pista iraní y se apoyó fundamentalmente en el Director General de Operaciones del a SIDE, Antonio Horacio Stiuso. Este dato es clave: más que una investigación, Nisman se guió por aportes de servicios de inteligencia argentinos (la SIDE), de Estados Unidos (la CIA) y de Israel (el Mossad).

En 10 años a cargo de la UFI AMIA Nisman presentó dos dictámenes, en 2006 y 2009, donde apuntó al Gobierno de Irán y pidió nuevamente las capturas internacionales de ciudadanos iraníes sospechados de haber participado en el atentado. Estas capturas fueron pedidas por el juez a cargo de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, y los iraníes fueron incluidos en el sistema de notificaciones rojas de Interpol.

En 10 años Nisman no aportó nada a la investigación por el atentado a la AMIA. Era su única tarea, pero se dedicó a cumplir con las líneas de los servicios de inteligencia mientras ni siquiera detectó los restos del muerto 85 que tenía entre las pruebas. Tiempo después sería parte de la operación para denunciar falsamente a CFK por encubrimiento del atentado pese a ser la única que había denunciado ese encubrimiento desde hacía años en el Senado.

El 2005 fue un año central para esta causa. El juez Galeano fue destituido, al igual que los fiscales Mullen y Barbaccia. El 4 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Kirchner reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado Argentino tanto en la fallida prevención del atentado como en su encubrimiento.

Kirchner firmó el decreto 812 del 2005 que daba cuenta de ese reconocimiento e informaba que se había abierto una instancia de diálogo cuya agenda comprendía, entre otros puntos, la difusión del acuerdo y el fortalecimiento de las unidades de investigación del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia, la creación de una unidad especializada de respuesta ante catástrofes, promover una ley de reparación a las víctimas del atentado, la transparencia de los fondos reservados de los servicios de inteligencia y la facilitación del acceso a sus archivos par ala investigación.

Algunos puntos se cumplieron enseguida, como la creación de la Unidad AMIA dentro del Ministerio de Justicia. En 2006, Kirchner instruyó al Ministerio de Justicia para que se presentara como querellante en la causa por encubrimiento. Kirchner también ordenó la desclasificación de información secreta del atentado, clave para la reconstrucción de esta historia de encubrimientos. Otros, como la eliminación de los fondos reservados, llegarían recién a finales de segundo mandato de CFK.

CFK presidenta y AMIA

Tanto Kirchner como CFK interpelaron año tras año a la comunidad internacional por el avance de la causa AMIA. En 2007 reclamaron a Irán que se someta a los pedidos de la Justicia argentina. En 2008, Interpol informó que Irán quería negociar un acuerdo con Argentina. Este pedido fue remitido al fiscal Nisman, que dejó asentado por escrito su conformidad. Nisman afirmó que veía esta negociación “con beneplácito y la encuentra altamente positiva”.

Esas negociaciones, finalmente, no avanzaron. En 2012, Irán solicitó a la Argentina una reunión diplomática en el ámbito de las Naciones Unidas. En su discurso ante Naciones Unidas, CFK aceptó el pedido de Irán, con la condición de que se tratara la cuestión AMIA y el sometimiento de Irán a los pedidos de indagatoria de los acusados por la Justicia argentina. Así se gestó el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Argentina no fue el único país que negoció acuerdos con Irán en esos años. Por entonces Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Gran Bretaña y Alemania comenzaban a negociar con Irán para impedir su desarrollo nuclear, acuerdo que se concretó en 2015. En 2013, CFK impulsó un memorándum de entendimiento con Irán para avanzar en la búsqueda de la verdad sobre el atentado a la AMIA.

El texto era corto, 9 artículos en los cuales se establecía una Comisión de la Verdad que, si bien no tenía el nombre más apropiado, su única tarea era analizar información judicial y elaborar un informe con recomendaciones para ambos países. El memorándum incluyó el compromiso de intercambiar información relativa a la causa AMIA y la posibilidad de que la Comisión y autoridades judiciales argentinas e iraníes interrogaran, en Teherán, a las personas sobre las que pesaba una notificación roja de Interpol. En ningún lugar pedía la baja de las notificaciones rojas ni la impunidad para los iraníes.

Para que el Memorándum entrara en vigencia tenía que ser aprobado por cada país según sus leyes. En el caso iraní nunca avanzó. En el caso argentino, fue aprobado por el Congreso al mes de su firma pero frenado por sectores del poder judicial. En primera instancia, juez federal Canicoba Corral (el mismo que tenía a su cargo la causa AMIA y era responsable de las notificaciones rojas) sostuvo que era constitucional. Pero en mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, lo declaró inconstitucional.

La Constitución establece que el Presidente puede firmar tratados con otros países y que el Congreso debe aprobarlos. Las dos cosas ocurrieron. Sin embargo, el lobby y las presiones tuvieron efecto. Los jueces, insólitamente, declararon inconstitucional la Constitución. Para colmo, el Memorándum nunca entró en vigencia.

El Memorándum, más allá que nunca se implementó, expuso las complicidades del letargo en la investigación del atentado. El 26 de enero de 2015 CFK dijo por cadena nacional: “comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la SIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo”.

Nisman, que trabajaba codo a codo con Stuiso, también criticó el Memorándum pese a que antes estuvo de acuerdo con la firma de acuerdos similares. La dupla Nisman-Stiuso empezó trabajar en contra de CFK. La entonces presidenta decidió un gran reordenamiento de la ex SIDE. Primero removió a Stiuso, que revistaba las filas de los servicios de inteligencia desde 1972. Luego, modificó el su estatuto, le cambió el nombre a Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, entre otras cosas, eliminó los gastos reservados.

Ese año, 2013, también fue clave para el lawfare y la causa AMIA fue utilizada otra vez para fines que nada tenían que ver con la verdad. El avance de la investigación podía dejar al descubierto, entre otras cosas, el doble rol de la SIDE de no prevenir el atentado y de encubrirlo después. Esto, combinado con las políticas económicas de distribución del ingreso que llevaron a la participación de los trabajadores ese año del 50% del producto más la negativa de CFK de pagarle a los fondos buitre más de lo que les correspondía por la reestructuración de deuda confirmó un combo que dio inicio al proceso del lawfare.

Durante la campaña electoral de 2015, el macrismo insistió en que había que derogar el Memorándum con Irán. Apenas asumió, fue una de sus prioridades y cumplió. Macri también le devolvió los fondos reservados a los servicios de inteligencia.

El caso fue tan manoseado que durante el proceso electoral incluso se metieron los fondos buitre, que financiaron una campaña a través de la American Task Force Argentina donde decían que CFK había hecho un pacto con el diablo, en referencia al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. ¿Les importaba la verdad sobre AMIA? No. Solo querían limar al gobierno de CFK para cobrar más dinero del que les correspondía. Y tanto la denuncia de Nisman como otras causas armadas fueron utilizadas para tapar la entrega de Macri a los Fondos Buitre de todo y más de lo que pedían.

El encubrimiento de Nisman

Llegó entonces la denuncia del fiscal Nisman contra CFK, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, denuncia que fue en realidad otro eslabón en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Denunciaron por encubrimiento para correr el eje del verdadero encubrimiento. El derrotero de la denuncia de Nisman muestra que se trata de un documento sin sustento, sólo apañado por el tridente conformado por sectores del poder judicial, servicios de inteligencia y medios de comunicación hegemónicos.

Nisman presentó su denuncia el miércoles 13 de enero de 2015, en plena feria judicial. El 14, Nisman fue a TN a relatar su denuncia, que hasta el momento no era pública. El 15, la jueza María Romilda Servini se negó a abrir la feria. "No se han acompañado las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes" le contestó Servini a Nisman cuando presentó la denuncia. La operación comenzaba a desmoronarse. Nisman fue citado al Congreso para exponer su denuncia ante diputados y senadores. Desde el kichnerismo querían que fuera pública. La oposición de entonces, encabezada por Patricia Bullrich y Laura Alonso, operaban para que fuera a puertas cerradas y presionaban a Nisman.

La expectativa estaba puesta en el lunes 19 de enero, cuando Nisman se presentara en el Congreso. Pero el domingo 18, a la noche, el fiscal fue encontrado sin vida en su departamento. La pericia del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema determinó que no había ninguna evidencia de homicidio. Pero como a Clarín y al macrismo no les gustó hicieron otro a medida a través de la Gendarmería, conducida por Bullrich, cuyo resultado fue adelantado varios meses antes por el holding de Héctor Magnetto.

Hubo marchas, operaciones mediáticas y presiones de todo tipo para que la investigación por la muerte de Nisman pasara de la Justicia ordinaria a Comodoro Py. Lo lograron. En Comodoro Py el expediente fue a sorteo. Le tocó al juez Sebastián Casanello pero en ese mismo momento se colgó el sistema. Pasaron 2 horas y 23 min entre que se sorteó la causa Nisman y pudieron ingresar al sistema a verificarlo. Hicieron de nuevo y le tocó al juez Julián Ercolini. Era 12 de abril de 2016, primeros meses de Macri en el gobierno.

Hace más de 8 años que Ercolini tiene el expediente por la muerte de Nisman. Era, supuestamente, el caso más importante que existía, la muerte del fiscal que denunció a la presidente, prioridad absoluta. Ercolini no movió un centímetro el expediente. Obviamente porque no tiene ninguna evidencia de que fuera un homicidio. Clarín, que anticipó por meses la pericia de Gendarmería que dijo que fue homicidio, se lo llevó a Ercolini de paseo a Lago Escondido. Coincidencia: el juez Mahiques, que armó esta última operación, también fue a Lago Escondido invitado por Clarín. Todo se encadena.

Tras la muerte de Nisman se habilitó la feria judicial para tratar Le tocó en principio al juez Lijo, que tenía a su cargo parte de la causa por encubrimiento del atentado que no fue elevada a juicio oral. Lijo se excusó, y finalmente le tocó resolver al juez Daniel Rafecas. A partir de este punto, la denuncia de Nisman tuvo 5 desestimaciones y sólo se mantuvo viva gracias al sostén mediático, a aportes de servicios de inteligencia y de ciertos jueces permeables a ellos.

Nisman sostenía que el Memorándum de Entendimiento con Irán tenía como objetivo la impunidad de los iraníes a cambio de negocios comerciales. El juez Rafecas resolvió que no había delito y desestimó la denuncia. El fallo de Rafecas marcó 3 ejes que revelaron la inconsistencia de la denuncia de Nisman:

1. Nisman denunció que la Comisión de la Verdad que creaba el Memorándum era para favorecer la impunidad de los acusados iraníes. El juez Rafecas mostró que nunca entró en vigencia. Si nunca funcionó, nunca pudo tener consecuencias ni cometer delito alguno.
2. El segundo eje era la obsesión de Nisman con las notificaciones rojas de Interpol. En su denuncia las menciona más de 100 veces. El juez Rafecas desechó también esta acusación. Toma para esto las declaraciones de Ronald Noble, secretario general de Interpol, que desmintió a Nisman y dijo que nunca el Gobierno de CFK cambió su posición respecto a las notificaciones rojas.
3. Por último, el juez Rafecas reveló la existencia de un segundo dictamen que Nisman dejó firmado y que decía exactamente lo contrario al que presentó para denunciar a CFK y sus funcionarios.

El fallo de Rafecas no fue suficiente. El derrotero de la denuncia de Nisman fue el siguiente:

• El fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo de Rafecas.
• El fiscal ante la Cámara Federal Gerardo Moldes impulsó la denuncia.
• El 26 de marzo de 2015, la Cámara Federal confirmó el fallo de Rafecas.
• El fiscal Moldes insistió y dijo en Radio Mitre “Muchachos, hice lo que pude”
• El 20 de abril de 2015, el fiscal de Casación Javier De Luca desistió de impulsar la investigación. El fiscal De Luca dictaminó que no había “delito alguno a averiguar y demostrar”
• En 2016, ya con Macri en el gobierno, la DAIA pidió reabrir la causa. Aportó dos elementos supuestamente nuevos. Uno, la ratificación de la inconstitucionalidad del Memorandum. Dos, una grabación ilegal de una conversación entre Timerman y el dirigente de la AMIA Guillermo Borger.
• En el medio, la DAIA también se presentó ante el juez Bonadio, que hizo su maniobra habitual: abrió una causa paralela, esta vez por traición a la Patria.
• El 5 de agosto de 2016 Rafecas rechazó reabrir la denuncia.
• Los fiscales Pollicita y Moldes insistieron en reabrirla.
• El 27 de septiembre la Cámara Federal rechazó reabrir la causa.
• El fiscal De Luca rechazó nuevamente reabrir la causa.
• Pero esta vez la DAIA fue aceptada como querellante, insistió y logró su objetivo.
• El 29 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación reabrió la denuncia de Nisman y desplazó a todos los jueces que intervinieron en su rechazo. Lo decidieron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que por esos días se reunían con Macri en Olivos. Macri estaba más que interesado en que siguiera la persecución a CFK.

Tras 2 años y 5 desestimaciones, la denuncia de Nisman quedó en manos del juez Lijo, el mismo que no investigó el encubrimiento. Bonadio aprovechó la oportunidad. Le pidió a Lijo que le enviara la causa porque él tenía más avanzada aquella causa paralela que inició por traición a la Patria. Lijo se negó, pero los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah resolvieron que Bonadio unificara las dos causas.

Bonadío, que demoró la investigación por el encubrimiento real del atentado durante 5 años, que fue desplazado y denunciado ante el Consejo de la Magistratura, que fue denunciado por el propio Nisman por entorpecer la investigación, quedó a cargo de la denuncia de Nisman por estas maniobras judiciales totalmente irregulares. Bonadío inventó la causa por traición a la Patria para lograr este objetivo: quedar a cargo de la denuncia de Nisman.

Esta es otra etapa del encubrimiento: Bonadío, cómplice de los encubridores y, por ende, él mismo responsable del encubrimiento, a cargo de investigar a CFK por un presunto encubrimiento que nunca existió. Un falso encubrimiento para proteger a los verdaderos encubridores. Bonadio llegó a elevar a juicio oral esta causa donde finalmente CFK y los demás acusados fueron sobreseídos por inexistencia de delito.

30 años

El 14 de junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Argentino por una demanda iniciada por Memoria Activa y el CELS. “A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, afirmó la Corte IDH en su sentencia.

Las bajas condenas por el encubrimiento del atentado serán revisadas finalmente por la Corte Suprema. Su presidente, Horacio Rosatti, visitó hace unos días la sede de a AMIA para manifestar su preocupación por el caso. Lo que no dijo es que el juzgado N 6 de Comodoro Py, a cargo del expediente por el atentado a la AMIA, está vacante. Y que las demoras para nombrar un juez se deben a las trabas en el Consejo de la Magistratura donde se autodesignó presidente.

Tras la muerte de Nisman la UFI AMIA fue integrada por varios fiscales. Desde el CELS destacan que "entre 2016 y 2017, la UFI AMIA realizó medidas importantes, que deberían haberse hecho en el primer momento, como los análisis que permitieron corroborar que hubo una camioneta cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos, identificar a una de las personas muertas y aislar material genético que no corresponde a ninguna de las víctimas. Estas medidas permitieron descartar hipótesis construidas por la inteligencia que se habían dado como válidas durante años. En este período, la UFI identificó certeramente a Samuel Salman El Reda, quien habría sido el puente entre quienes actuaron en la ciudad de Buenos Aires y quienes operaron en la Triple Frontera. Este fue el único período en el que la UFI AMIA hizo informes públicos sobre su trabajo".

Milei, por su parte, designó como ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona, que además de ser abogado de narcos, genocidas y violadores participó de la causa AMIA como letrado del comisario Ribelli. Y no solo eso: Cúneo Libarona terminó preso por el robo de uno de los videos donde se veía a Galeano con Telleldín. Ahora como ministro de Justicia Cúneo Libarona quiere impulsar el juicio en ausencia, algo no previsto por la ley argentina y no pedido por los familiares de las víctimas, ya que lo ausente no serían los responsables sino la verdad.

En sintonía con su alineamiento con Estados Unidos Milei se sumó a las operaciones mediáticas que dijeron que estaba confirmada la responsabilidad de Irán en el atentado. Es falso, lamentablemente falso, pero la Justicia argentina no resolvió el caso AMIA y ni siquiera la Corte Suprema el caso por el atentado a la Embajada de Israel que tiene bajo su órbita. Lo que es cierto es que una vez más un presidente se encuadra en el manoseo de esta causa que lleva 30 años sin verdad.