Sin salario no hay paraíso

25 puntos. Eso fue lo que ganó el salario real entre 2003 y 2015, y lo que se pulverizó a partir de entonces. Más precisamente, fueron 25,5 puntos de incremento durante las gestiones kirchneristas, un aumento que sólo se repitió en el 2017, donde ganaron 2,1 puntos, pero con pérdidas en 2016, cuando se retrajeron 6,75 puntos; en 2018, con 12,2 puntos negativos; otros 8,4 en 2019; 2,3 puntos más de pérdida en 2020, y otros 0,8 en lo que va del primer cuatrimestre de este año, de acuerdo a datos del Indec, y los Centros de Estudios de la CTA y la UB.

La política de reducción salarial, fue consecuente con la línea económica que privilegió la alianza Cambiemos, pues el propio Macri afirmó alguna vez que “los salarios son un costo más” y que “para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace”.

En efecto, la idea de “competitividad”, que dentro de los programas neoliberales hace referencia a la baja salarial para disminuir el costo de las exportaciones, es de alguna forma opuesta a la propiciada por los programas nacionales y populares, que plantean la necesidad de mejorar salarios para robustecer el consumo interno, responsable del 70 por ciento del PBI. Eso fue lo que señaló Alberto Fernández durante su campaña, cuando en declaraciones radiales afirmó que “Lo que he planteado y sigo planteando y voy a hacer es recomponer el salario de jubilados y de asalariados para que se recomponga la capacidad de consumo de los argentinos”.

Si bien el primer año del actual gobierno estuvo marcado por el confinamiento sanitario, que dificultó al gobierno llevar adelante una política económica que no esté subordinada a la sanitaria, en el actual 2021, donde se comenzó a privilegiar la marcha de la economía por sobre las restricciones sanitarias, se logró que tanto el sector industrial como el de la construcción se encuentren en niveles que superan incluso la etapa pre pandémica, mientras que el agro continúa su muy buen desempeño por factores climáticos y de precios internacionales, por lo que solo el sector servicios continúa con dificultades, aunque en constante recuperación. Sin embargo, nada de ello implicó un cambio en la tendencia de disminución en el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, y planes sociales, dificultando al gobierno cumplir con los objetivos enunciados en campaña.  

¿Es posible la suba salarial?  

Obtener una mejora en los ingresos puede depender tanto de factores económicos como políticos. Entre los primeros, la teoría económica plantea que a medida que crece la economía, se reduce la desocupación y por ende cae la oferta laboral. Como en cualquier otro mercado, en el laboral la menor oferta implica una suba de los precios, en este caso salarios. Fue, de hecho, lo que en parte sucedió durante el kirchnerismo, cuando la reducción de la desocupación fortalecía al movimiento obrero en sus demandas salariales.

Con todo, durante etapas de menor crecimiento, otros gobiernos peronistas ensayaron diversas respuestas, de índole política, para acelerar la recomposición salarial. La de mayor éxito, fue sin dudas la llevada adelante en 1973 por Perón y Gelbard, recordada por Cristina Kirchner durante la presentación de su libro "Sinceramente". Entonces, un acuerdo empresarial-sindical, conocido como "Pacto Social", llevó a una suba salarial promedio del 19 por ciento. Más cerca en el tiempo, otro gobierno peronista, el de Eduardo Duhalde, emitió en junio de 2002 el decreto 1273/2002 para que “todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo” reciban un aumento de 100 pesos, 28 dólares de aquel entonces, para “corregir el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial”, y porque además se proponía “impactar positiva y directamente en la demanda agregada y en el consumo”. La medida era también en respuesta a la falta de paritarias, que habían sido canceladas durante el menemismo, y es por eso que en diciembre de ese año volvió a replicarse el decreto, en esa ocasión por 130 pesos, e incluso el gobierno de Néstor Kirchner aplicó otro similar por 150 pesos.  

En los inicios de 2020, el actual gobierno propuso pactos sociales y decretos para modificar la trayectoria descendente del salario, pero ninguno de ellos llevó a resultados positivos. Sucede que mientras que en el Pacto Social de 1973 se buscó empoderar y tomar como representante del capital a la burguesía nacional, esto es a los pequeños y medianos empresarios nacionales interesados en fomentar el consumo interno. Alberto Fernández eligió como interlocutor al sector del capital concentrado, el cual en reiteradas oportunidades se manifestó en oposición a los acuerdos corporativos, lo que condujo a diversos desaires a su gobierno. En tanto, a inicios del año pasado, el decreto 14/2020 impuso un aumento de 4.000 pesos para los trabajadores privados, pero los mismos fueron en rigor un adelanto a cuenta de las futuras paritarias y no un incremento salarial.

Durante el presente año, el gobierno no hizo mención a acuerdos sociales ni a decretos, por lo que la respuesta estatal a la continua caída salarial fue intentar elevar el nivel del paritarias del 30 al 40 por ciento, un guarismo que en rigor solo alcanza a los trabajadores registrados de los gremios más poderosos, y que luce estrecho en relación a la inflación proyectada, que según el relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales -ENAC-, el cual no tiene vínculo con las consultoras criticadas por el ministro Guzmán, llegaría al 50,7 por ciento.

En cualquier caso, y sea la herramienta que elija, la suba salarial continúa siendo una materia pendiente en los compromisos asumidos por el actual gobierno