Lo que faltaba: ahora comparan a Cristina con Videla

Si no fuera porque la proscripción judicial de Cristina Kirchner está casi resuelta desde el vamos, la divulgación de las fotografías que muestran al juez Rodrigo Giménez Uriburu -presidente del tribunal virtual que juzga la causa Vialidad- y al fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en el campo de Mauricio Macri tendría que servir de réquiem para una acusación a todas luces infundada.

Al argumento espectacular pero relativo del peso material de las pruebas (“tres toneladas”), se suma ahora el intento por trazar una analogía entre el histórico juicio a las juntas militares y este expediente viciado cuyo principal objeto es someter a la vicepresidenta a una amansadora procesal que lastime su figura hasta que la opinión pública acepte o perciba su injusta condena como merecida.

Acude en ayuda del fiscal Luciani, unas jornadas después de que se conocieran las fotos futboleras, otra pata del lawfare tardío, nada menos que el presidente de la Academia Nacional del Periodismo (hegemónico, les faltó agregar), el inefable Joaquín Morales Solá, quien fue capaz de escribir en su columna de La Nación del último domingo que Luciani “es el Julio César Strassera” de este tiempo.

El recuerdo del “inolvidable” fiscal del “Nunca más”, quien logró condenas ejemplares para los comandantes que ejecutaron un plan criminal con centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo y lo ancho del país, asociado a un fiscal obsesionado por un presunto direccionamiento de obra pública, que fue auditada y controlada por el Estado Nacional y Provincial, y cuyos presupuestos fueron aprobados por el Congreso de la Nación, es una banalización del genocidio, una licencia macabra con doble intención: subirle el precio a una causa sin pruebas y bajárselo al Terrorismo de Estado, del que La Nación y Clarin fueron justificadores seriales.

Pero Morales Solá también acusa a los abogados de Cristina Kirchner de crear “un delito de agenda para recusar a los fiscales y a los jueces. Luciani, que jugó campeonatos de fútbol amateur en una cancha que está en un amplio predio de la familia Macri, dejó de practicar este deporte ni bien llegó a sus manos la causa que está ahora en juicio oral. Nunca habló con Macri, y Macri ni siquiera lo conoce”.

Incurría en el “delito de agenda” aquella persona que figuraba como contacto de algún secuestrado o ejecutado previamente, dato aleatorio que los “grupos de tareas” de la dictadura cívico-militar tomaban como prueba indubitable para convertirlo en nuevo blanco de la represión criminal.

Al académico nacional del periodismo hegemónico podrá no gustarle el abogado Carlos Beraldi y sus métodos, que son legales, porque su trabajo no es perseguir, ni secuestrar, ni matar a nadie. Beraldi no es Astiz. En el marco de un debido proceso, su deber como defensor es hacer cumplir los derechos y garantías de su clienta.

Por eso recusó al fiscal Luciani y también el juez Giménez Uriburu: porque a su criterio la imparcialidad del primero y la objetividad del segundo están en duda por una afinidad indesmentible y documentada en imágenes, que a su vez fueron tomadas “en una cancha que está en un amplio predio de la familia Macri”, según escribió Morales Solá.

¿Qué es lo que se pretende negar si las causales de recusación son así de obvios? Decir que la cancha es “grande” no es lo mismo que negar que sea de Macri, un ex presidente y dirigente político que jamás ocultó su deseo de ver a Cristina Kirchner presa. ¿Y el juez y el fiscal juegan en el equipo que aparecía en el video que Macri le mostró a Xi Jinping, el Liverpool de Los Abrojos? ¿Y también Mariano Llorens, el camarista que visitaba al ex presidente en Olivos?

Son demasiadas sucesos imprevistos, todos juntos, como para ser casuales. Más bien desnudan un circuito de relaciones sociales, con espacio y actividades compartidas. Si lo que se busca son funcionarios judiciales que garanticen un juicio justo e irreprochable a los imputados, Beraldi está obligado a hacer su planteo porque con estos antecedentes la sospecha de parcialidad y subjetividad dejó de ser abstracta para ser concebible y materialmente probable.

Es menos explicable el rechazo airado de jueces y fiscales. Salvo que las fotografías estén diciendo mucho más del proceso que lo meramente visualizado y que el vaticinio de Cristina Kirchner, advirtiendo sobre una condena en su contra que ya estaría escrita, pase de la condición de verosímil a la de verificable en breve.

Bajo una lectura política, la culpabilidad de la vicepresidenta como “jefa de una asociación ilícita” es un pretexto fenomenal para proscribirla. En lo deseable, para siempre. En lo posible, hasta que el sector de la sociedad que con ella se identifica, cansado de resistir, decida ungir a otro líder o lideresa.

Los dueños del poder y del dinero lo intentaron con Juan Perón en 1945, cuando era vicepresidente y lo mandaron preso a la isla de Martín García, hasta que una multitud en la Plaza de Mayo logró su liberación y llegó a la presidencia. Y después del golpe del ’55, mediante el destierro y la proscripción durante 18 años, a la espera de que surgiera un peronismo sin Perón, que nunca terminó de cuajar.

En 1956, el juez Luis Botet bajo las órdenes de los dictadores libertarios Aramburu y Rojas inició la causa contra Perón caratulada “Traición a la patria y asociación ilícita”. En la foja 775, textualmente, se dice que en el gobierno de Perón “funcionaba un Comando Estratégico integrado por el ex presidente, sus ministros, la CGT y las ramas del Partido Peronista, que decidía sobre las leyes necesarias y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque”.

Así de absurda era aquella acusación, que sin embargo dio pie a la apertura de 120 procesos judiciales, entre ellos, uno por pederastia, que recién fueron desestimados durante su tercera presidencia, en la década del ‘70, según informó entonces Isidoro Ventura Mayoral, el Carlos Beraldi de Perón.

Según enumeró el diputado (FdT) Eduardo Valdez, Cristina Kirchner tiene 548 denuncias en su contra. ¿Tendrá que competir por una tercera presidencia para poder borrar el estigma impuesto por sus delirantes perseguidores que ya sin nada más que inventarle la comparan ahora con el genocida Videla, nada más y nada menos?