La seguridad en el conurbano es tema de debate hace años. Esta problemática que atraviesa a todos los sectores de la sociedad, indudablemente apunta contra los valores ciudadanos. La seriedad del problema no debe estar supeditado a los picos de rating ni a la espectacularización. Menos aún en un campo donde lo que se pone en juego es sagrado: la integridad de las personas.
El conurbano bonaerense es un sector heterogéneo y a la vez particular. Su dinamismo requiere plasticidad en el diseño de políticas públicas. Estos procesos necesitan pluridad en el debate y contraposición de miradas. Hoy estamos viviendo un cambio de foco radical en la gestión de la seguridad a nivel nacional, que el presidente y la Ministra Sabina Frederic vienen implementando en claro contraste con el modelo circense e ineficaz que Cambiemos imprimió durante cuatro años.
El primer paso para retomar un modelo basado en la seguridad democrática fue recomponer la relación entre las fuerzas federales, la ciudadanía y la Constitución Nacional. La anulación de los protocolos para el uso de pistolas Taser, y el que facultaba a los efectivos policiales a pedir documentos en las estaciones ferroviarias sin ningún tipo de criterio, fueron pasos en ese sentido.
Pero sin dudas la conformación de un comando unificado para el abordaje de la seguridad durante el aislamiento es uno de los grandes avances. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno para el despliegue de las fuerzas, debe convertirse en la regla y no en la excepción. También es una gran oportunidad para iniciar un debate que fortalezca la capacidad de respuesta de los Estados municipales, que son los grandes perjudicados en la gestión de la seguridad: tienen pocos recursos, y son el primer canal de demanda de los ciudadanos.
La salida del estado atípico en el que estamos viviendo, requerirá también seguir desarrollando un modelo de seguridad integral que abarque desde la prevención, el cumplimiento de las penas, el acompañamiento de las víctimas y llegue a lo más importante, la inclusión definitiva de las personas que atravesaron contextos de encierro. Ninguna de estas cuatro etapas puede estar desmembrada una de la otra. Para que esta unidad funcione, es clave seguir abonando el trabajo en conjunto entre las fuerzas y la comunidad organizada bajo el inviolable Estado de derecho. Los encuentros con organizaciones sociales y la recuperación de una Dirección específica dentro del ministerio son muestras de esto. La seguridad policial y la seguridad social son inescindibles, es el mismo Estado el que debe garantizar políticas de seguridad que cuiden la vida de las personas, y a la vez propicie las condiciones para la justicia social.
Otra arista importante, es la dignificación de los trabajadores de la seguridad. Y esto no se consigue alabando un disparo por la espalda en los canales de televisión, sino restituyendo derechos. Durante esta gestión se creó el área de género, bienestar y derechos de la fuerza, que apunta a reparar derechos laborales, y acompañar a los efectivos en problemáticas que los atraviesan todos los días, trabajando por ejemplo sobre la salud física y mental y la violencia hacia las mujeres.
Por último, hay que recordar que el tratamiento de la inseguridad no puede ser relativizado. Es una preocupación transversal de nuestra comunidad. Si se hace una encuesta en un barrio popular de una ciudad del conurbano, el 80% pone en el tope de prioridades la preocupación por su seguridad. Y si la encuesta se replica en los sectores medios y altos de la misma ciudad, el resultado es idéntico. Esta problemática no puede quedar atrapada en discusiones partidarias ya que estamos ante una verdadera deuda de la democracia. Necesarios y bienvenidos son los aportes que persigan resolver este déficit. Necesitamos de todos para construir mejores herramientas. Estamos trabajando para saldarla.
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