En la muy interesante nota “Una Justicia con falta de paridad y resistencia a la perspectiva de género”, publicada por este medio el pasado 3 de junio, el periodista Ari Lijalad realizó un análisis del sistema de administración de justicia en términos de cuánta (o cuán poca) presencia tienen en él las mujeres y la perspectiva de género.
La intención de estas líneas es complementar ese mapeo exponiendo algunas de las medidas que, como Defensora General de Nación y cabeza del Ministerio Público de la Defensa (MPD), he tomado para intentar subsanar la situación de disparidad que acertadamente describe la nota.
Uno de los problemas señalados se refiere al fenómeno conocido como techo de cristal. Allí se hace referencia a que “en la Defensoría General la cabeza es una mujer, Stella Maris Martínez, pero de los 202 defensores apenas 79 son mujeres, el 39%. En 2011 eran el 43%, involucionó. La falta de juezas, fiscales y defensoras tiene varias causas. Una son los concursos, que durante años no tuvieron en cuenta la paridad de género. Pero hay otro escollo, y es que aún si se envían ternas con mujeres al Poder Ejecutivo luego puede ser designado un hombre. No hay legislación vigente para promover la paridad de género, solo intenciones. Y con eso es claro que no basta.”
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El dato es correcto, así como lo son las causas mencionadas, pero es necesario aclarar que desde la Defensoría General de la Nación (DGN), lejos de contemplar con impavidez la situación, realizamos acciones concretas para que esa desigualdad cambie.
En 2021, cuando desde la DGN presentamos nuestra investigación “Análisis de género en el trámite de los concursos en el Ministerio Público de la Defensa”, advertí que son varias las razones que explican la pérdida de equidad en el organismo.
Por un lado, la investigación detectó una baja participación de mujeres en los concursos para cubrir cargos de magistrados/as. Por esa razón, se efectuaron modificaciones, tanto en el “Reglamento para el ingreso de personal al MPD” como en el “Reglamento de concursos para la selección de magistrados/as del MPD” para promover una mayor inscripción de mujeres en los exámenes y concursos que se toman en el organismo. Por ejemplo, se dispuso que cuando la cantidad de inscriptas sea inferior al 40%, se amplíe por única vez el plazo de inscripción de forma exclusiva para mujeres. Este mecanismo ya se aplicó el pasado 24 de mayo, cuando anunciamos públicamente que se extendió el período de inscripción del concurso convocado para cubrir el cargo de Defensor/a General Adjunto/a destinado a actuar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas regidas por el derecho público penal.
También se tomaron otras medidas para compensar condiciones inequitativas por razones de género en los concursos, que se derivan del uso desigual del tiempo por parte de hombres y mujeres (pues las últimas continúan asumiendo mayores responsabilidades de cuidado). La aspiración institucional es eliminar las barreras que atentan contra una competencia justa y lograr así que todas las ternas incluyan a mujeres.
Sin embargo, esas reformas serán insuficientes si no van acompañadas de un igual compromiso por parte de otros organismos que también intervienen en la selección de defensores/as. Hay que recordar que el MPD realiza un concurso y elabora una terna con los/as candidatos/as que tuvieron el mejor desempeño. Luego, el Poder Ejecutivo elige a cuál de esos/as candidatos propone para el cargo al Senado de la Nación, y el Senado, a su vez, debe brindar su acuerdo para concretar la designación.
En el tiempo abarcado por la investigación a la que vengo haciendo referencia (2008-2019), el 79% de las ternas remitidas al Poder Ejecutivo para que se designen defensoras/es, incluían al menos a una mujer. Sin embargo, la mayoría de las veces se eligió a un varón para el cargo (aunque en 8 de cada 10 casos había mujeres en condiciones de ser elegidas). Esa preferencia por varones en la etapa final de la designación provocó una importante pérdida de equidad de género entre los y las defensoras. Para que esa realidad cambie, es preciso que el Poder Ejecutivo y el Senado reparen en la necesidad de designar más mujeres como defensoras (y, también, como fiscales y juezas).
Otro de los serios problemas señalados en el artículo periodístico se vincula con la falta de una perspectiva de género en los procesos judiciales. Esta preocupación también es compartida. Por ello, en el año 2007 creamos en la DGN la Comisión sobre Temáticas de Género, primera oficina destinada a incorporar el enfoque de género en el sistema de administración de justicia nacional.
Con este mismo objetivo, en el 2009 se dispuso en el MPD la obligatoriedad, para todo el personal, de realizar capacitaciones en género. Como se consigna en la nota, desde ese año contabilizamos 6536 asistentes, que incluyen a quienes asistieron a los cursos brindados en el marco del cumplimiento de la Ley Micaela. Nuestra Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia ha medido el impacto que estas iniciativas han tenido: las encuestas realizadas muestran un aumento en la aplicación de la perspectiva de género en las actuaciones judiciales que llevan adelante las y los integrantes del MPD. Más de la mitad de las personas consultadas manifestaron que a partir de estas capacitaciones pudieron advertir situaciones de discriminación por razones de género que anteriormente no habrían podido identificar y más del 80% manifestaron que pudieron modificar sus prácticas cotidianas, tanto en lo que respecta al trato brindado a sus asistidos/as como en sus relaciones interpersonales.
Asimismo, en fecha reciente se introdujo en los reglamentos internos la obligación de incluir en el temario de todos los exámenes y concursos cuestiones que permitan evaluar la perspectiva de género de las y los postulantes. Además, se aprobó un Protocolo interno para la prevención y atención de casos de discriminación de género en el ámbito del MPD.
A partir de hechos concretos como los mencionados, desde la Defensoría General intentamos romper el techo de cristal que impide que las mujeres accedan a puestos jerárquicos y promover la inclusión del enfoque de género en la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.
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