La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile dio luz verde a la reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo. Lo hizo en una sesión extraordinaria convocada por el presidente, Gabriel Boric, que denunció a la ultraderecha por no haberse sentado en el recinto pese a los acuerdos que habían alcanzado. La jornada de debate duró más de siete horas, hasta que pasadas las 18 se logró la votación con 110 votos a favor y 38 en contra. Ahora la iniciativa deberá pasar por la revisión del Tribunal Constitucional para que llegue a ser promulgada por el mandatario. Por primera vez en democracia, las empresas tendrán la obligación de aportar a las pensiones de las y los trabajadores, pero no logró ponerle fin a la administración privada de las pensiones.
"Pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultra derecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello he decidido hacer uso de la facultad presidencial establecida en el art 32 n°2 de la Constitución de citar a sesión extraordinaria del Congreso a la brevedad para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de dos años de debate en el Parlamento", escribió en la tarde del martes Boric en sus redes sociales, sobre la que fue una de sus promesas de campaña y una demanda histórica de la sociedad. Para esta mañana, la sesión ya había sido convocada por la presidenta de la Cámara, Karol Cariola.
"Va a marcar un hito en el desarrollo del sistema de pensiones en Chile, va a marcar un hito en los beneficios para los afiliados, va a cambiar la estructura del sistema, va a crear un pilar nuevo de seguridad social, va a agregar la cotización de los empleadores", sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para dar inicio a la votación.
En el país trasandino el sistema de pensiones fue establecido en la Constitución elaborada por el dictador Augusto Pinochet, de la mano con su mano derecha Jaime Guzmán. El grupo conocido como los Chicago boys selló en letras de molde el modelo de Estado subsidiario que transformó derechos en servicios.
Debido a esto, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, un 72% de las personas recibe pensiones inferiores al salario mínimo, que se ubica en unos 504 dólares mensuales. Ahora, por ejemplo, uno de los mayores logros es establecer que las empresas aporten a las pensiones de sus trabajadores.
Principales puntos de la reforma previsional
- La iniciativa contempla una suba gradual de la cotización: de un 10% que ahorran ahora todas y todos los trabajadores del país, se subirá a un 17%, para estrechar la gran brecha que existe entre lo que ganan mientras están activos y lo que reciben cuando jubilan.
- De la diferencia –un 8,5%–, un 7% deberá pagarla el empleador.
- La nueva ley supondrá, además, un incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) –un beneficio aprobado en el Gobierno de Piñera que consiste en la ayuda del Estado para las más bajas jubilaciones–, y, entre otros elementos, considera una compensación a las mujeres por las mayores expectativas de vida. Era uno de los grandes problemas del sistema que ahora se supera: la brecha de género entre los pensionados hombres y mujeres, que ganan menos a lo largo de su vida y tienen más vacíos por las labores de cuidados no remuneradas que desempeñan en sus hogares.
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El Frente Amplio busca crear un inversor público para ponerle fin a las AFP
Entre los puntos flojos, debido a las fuertes negociaciones que debieron llevar a cabo con sectores de la derecha, el Gobierno no consiguió sacar de la ecuación a las Administradoras de Fondos de pensiones (AFP) -similar a lo que eran las AFJP en Argentina-, empresas privadas que surgieron en los años 80 -de la mano del sistema subsidiario pinochetista- y que consiste en la capitalización individual de los fondos y en someterlos a la especulación financiera en busca de una mayor rentabilidad, pero sin trasladar ese capital a las y los pensionados.
Eliminar las AFP era lo que se buscaba -y el eje principal de la demanda social- con el proyecto de ley original, ahora la iniciativa permite la incorporación de nuevos actores en esta industria y abre las puertas a una mayor competencia en este negocio. En ese sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró en una conversación con Radio ADN, el martes, que ya no habrá “este monopolio de la administración de los fondos de las personas por parte de las AFP, porque vamos a tener el seguro social al lado”. Es decir, lo que se establece es un sistema mixto de administración.
Más allá de eso, el oficialista Frente Amplio (FA) se comprometió a presentar un nuevo proyecto para la creación de un inversor público de pensiones. Según publicó Emol, el diputado del FA Andrés Giordano catalogó a las AFP como una industria "parasitaria" que es la única alternativa que tienen las y los jubilados para administrar su pensión. "Acá ni siquiera estamos hablando de implementar un sistema sobre otro, estamos pidiendo que la ciudadanía sea libre y soberana de si no quiere que sus fondos estén administrados por una entidad privada que lucra y lucra muchísimo".
"No claudicamos en las banderas de 'no más AFP', es una cuestión que vamos a seguir levantando tanto desde el Congreso como junto a los movimientos sociales y esperamos que el Congreso esté a la altura", cerró.
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