En pleno verano, a través de un artículo deslizado en el proyecto de ley de finanzas rectificativas, y en nombre de las medidas de “defensa del poder adquisitivo”, los diputados de la mayoría relativa macronista, de Los Republicanos y de RN (el partido de Marine Le Pen), aprobaron el 23 de julio, por 170 votos a favor y 57 en contra, la supresión de la "contribución al sistema audiovisual público", una promesa electoral de Emmanuel Macron. El 2 de agosto el Senado francés aprobó igualmente su supresión por 196 votos a favor y 147 en contra.
Los debates sobre el canon que financia actualmente a “France Télévisions”, “Radio France”, “RFI”, “France 24”, el “INA” (Instituto Nacional del Audiovisual) y la cadena “Arte”, fueron especialmente acalorados, con la oposición casi exclusiva de la NUPES (coalición de izquierda). El canon existe desde 1933 para los aparatos de radio y desde 1948 para los televisores.
Cada año, hasta el 2021, 23 millones de hogares (pero también 79.000 empresas) pagaban el canon, que ascendía a 138 euros anuales en Francia metropolitana y 88 euros en los territorios de ultramar, con lo que se recaudaban 3.200 millones de euros y se financiaba prácticamente la totalidad de los programas informativos y de entretenimiento de todas las cadenas públicas, por no hablar de las demás misiones reservadas al servicio público.
Esta contribución nunca fue cuestionada por la ciudadanía ya que el canon francés cuesta menos que el de muchos países vecinos: 173 euros en el Reino Unido, 180 euros en Dinamarca y 300 euros en Austria. En Alemania, es de 210 euros al año, y una comisión independiente evalúa los recursos necesarios para el funcionamiento de la cadena pública.
Según el medio digital Mediapart, la diputada de la NUPES de Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian, denunció, en la apertura de los debates, un "acto bastante grave" contra el servicio público audiovisual y ello "en un momento en que la independencia de los medios de comunicación está declinando, amenazada por una concentración extrema de los medios en manos de diez multimillonarios que poseen el 80% de los diarios nacionales y el 47% de las radios generalistas".
Por su lado, el diputado de La Francia Insumisa, Alexis Corbière, sostuvo que "No se trata sólo de un debate presupuestario. Este debate es un debate sobre la democracia. La independencia del audiovisual público es una condición para cualquier vida democrática y republicana. Esto no es negociable", añadió anunciando que su grupo someterá el asunto al Consejo Constitucional.
Lamentablemente, el Consejo Constitucional acaba de pronunciarse este 12 de agosto a favor de la supresión del canon con dos salvedades: para el año 2022, "los ingresos de la cuenta de ayuda financiera deberían estar constituidos por una fracción del producto del IVA" en una cantidad equivalente a los ingresos del canon audiovisual para el mismo año, y que esta cantidad debería determinarse en 2023 y 2024 por la Ley de Finanzas para ese año. Corresponderá al legislador "fijar el importe de estos ingresos para que las empresas públicas de radiodifusión y televisión puedan llevar a cabo las misiones de servicio público que se les han encomendado". En su comunicado, el Consejo Constitucional afirma que "será él quien estará encargado de hacer respetar estos requisitos".
La diputada del Reagrupamiento Nacional por el Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, ex jefa de redacción del periódico de extrema derecha “Présent”, explicó que esta supresión era una "buena noticia", coherente con el programa de Marine Le Pen, pero que la propuesta del gobierno podría mejorar con "la privatización de France Télévisions y Radio France". [...] Una gran democracia como la nuestra ya no necesita un servicio público".
Los trabajadores del sector público audiovisual se mostraron especialmente activos en las últimas semanas de junio y julio contra la supresión del canon. El 20 de julio, tras una serie de tribunas, figuras emblemáticas de “France Télévisions” publicaron un vídeo en el que se advertían las consecuencias nefastas del fin del canon en términos de independencia y calidad de los contenidos editoriales. Los sindicatos de periodistas también están muy preocupados por esta supresión.
Durante los primeros cinco años del mandato de Emmanuel Macron, los recursos de la radio-televisión pública ya se habían reducido en 190 millones de euros, lo que llevó a “France Télévisions” a prever un recorte de mil puestos entre 2019 y 2022, y a “Radio France” a hacer lo mismo con trescientos puestos.
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Como señalan algunos opositores a la reforma, el riesgo evidente ligado a esta dependencia económica es convertir la radio-televisión pública en el equivalente apenas disimulado de una administración sujeta a la voluntad, no sólo financiera sino también política, de un responsable nombrado por Macron o por un futuro/a presidente/a.
Otra amenaza en ciernes es la de una fusión de los dos grandes grupos de servicios públicos. “Radio France” y “France Télévisions”. Los sindicatos de ambas entidades se oponen firmemente a la fusión, que podría suponer un ahorro en el tamaño de las redacciones y podría alterar la diversidad, si no la calidad, de la producción editorial de los medios públicos.
En medio del mas tórrido de los veranos, con temperaturas altísimas, incendios devastadores y una sequía histórica, el gobierno de Macron avanza con medidas reaccionarias apoyado por todo el espectro conservador y de la extrema derecha. Solo la coalición de izquierda de la NUPES (Nueva Union Popular ecologista y social) se opone a este rumbo derechista.
Impuestos a los superbeneficios de las empresas
El 2 de agosto, durante la primera lectura del proyecto de ley de finanzas para 2022, el Senado rechazó de plano todas las enmiendas que proponían gravar los superbeneficios.
La publicación, el 28 de julio, de los beneficios récord obtenidos por las multinacionales francesas en el primer semestre del año, proporcionó argumentos de peso a la izquierda: 18.500 millones de euros para Total, 6.500 millones para LVMH, 8.000 millones para Stellantis, 5.000 millones para Engie...
La propuesta de la izquierda fue rechazada definitivamente en el Parlamento por muy pocos votos de diferencia. Francia se sitúa en una posición retrógrada en relación a otros países y organismos internacionales. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a "todos los gobiernos a gravar estos beneficios excesivos y utilizar los fondos para apoyar a los más vulnerables".
Los representantes electos de la NUPES cuentan ahora con una "misión relámpago": el insumiso Manuel Bompard acaba de ser nombrado co-relator en la Asamblea Nacional y no desespera para lograr cambiar la situación. En efecto, Manuel Bompard cree que "las fronteras empiezan a moverse": "Espero que la misión nos permita hacer una evaluación objetiva de lo que son los superbeneficios, las actividades que se realizan en Francia o no, o cómo se hacen las cosas en otros países europeos. Aprovecharemos cualquier oportunidad legislativa posterior para volver a poner el tema sobre la mesa".
La Francia insumisa tiene prevista una marcha sobre el costo de vida y la justicia fiscal en octubre. La exigencia de gravar los superbeneficios formará parte, sin duda, de las consignas.
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