Con una cumbre en la Casa Rosada, el oficialismo comenzó a delinear cómo será el proceso electoral en tiempos de pandemia. Reunidos en torno a la mesa presidencial, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa desplegaron tres opciones para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): anularlas -como pide el consenso de gobernadores-, postergarlas unas semanas o realizarlas junto a las generales en la misma jornada electoral.
"Las autoridades nacionales y los partidos políticos deben establecer un criterio epidemiológico para luego decidir qué medidas adoptar en torno a las elecciones" resumen en el entorno de Máximo la posición que expuso en la cumbre el líder de la bancada de diputados del FdT.
En la reunión se evaluó que cualquier decisión sobre el cronograma electoral deberá estar basada en criterios epidemiológicos. En ese sentido, se postuló que el COFESA -que reúne a los ministros de salud de todo el país- debería realizar una evaluación según el nivel de contagios y, a partir de esa información, establecer las modificaciones en el calendario, en caso de que resultara necesario.
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Máximo, sin embargo, fue enfático sobre la importancia de las primarias. "Debemos garantizar la posibilidad de que los partidos o alianzas electorales puedan definir en internas a sus candidatos y candidatas" expresó, palabras más o menos, el líder de La Cámpora.
En ese contexto se deslizó la posibilidad de realizar PASO y elección general en la misma jornada. A grandes rasgos, el formato se aplicaría a la manera del sistema de lemas, donde compiten candidatos de un mismo espacio y gana el que consiga más votos. Los detalles, de todos modos, debieran establecerse por una ley que aún no tiene estado parlamentario.
En cambio sí ingresó al Congreso una propuesta del Ejecutivo para que las primarias se anulen por este año. El proyecto es impulsado por los gobernadores, que solicitaron la suspensión por escrito y en encuentros informales con el presidente Fernández. Cómo consecuencia de esos reclamos, el Ejecutivo solicitó incluir la suspensión de las PASO en sesiones extraordinarias.
La modificación del calendario electoral provoca discusiones en la coalición gobernante, tanto por cuestiones de forma como de fondo.
En las formas, el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández -en cuyo gobierno se establecieron las PASO- considera un error explicar la modificación del calendario con argumentos económicos. "Suspender un comicio por su costo no es válido. La elección de autoridades y la posibilidad de elegir de la gente no tiene precio" sostienen en el kirchnerismo.
La comunicación de un eventual cambio del cronograma en pleno año electoral -fuente de suspicacias y críticas opositoras- también debiera aventar sospechas de maniobras especulativas. Un ejemplo: resulta evidente que al gobierno, según sus propios pronósticos, le convendría estirar los comicios hasta bien entrado el último trimestre del año, cuando se supone que el crecimiento económico se sentirá en el bolsillo, la víscera más sensible del electorado. Es la razón por la cual se desaconseja realizar elecciones a fin de mes, cuando el salario ya escasea. Pero una cosa es calibrar esos detalles y otra es alterar drásticamente el proceso electoral: como se verificó en el pasado con las candidaturas "testimoniales" y otras martingalas fallidas, si la economía no tracciona las maniobras electorales especulativas serán pasto de campaña para la oposición, patrocinada por un formidable dispositivo mediático con ascendente sobre el electorado "blando" que se auto percibe republicano y puede resultar determinante en el conteo de votos.
Los criterios para modificar el calendario electoral deben ser estrictamente epidemiológicos, se estableció en la cumbre de la Rosada. También hubo consenso en el diagnóstico proselitista: la pandemia no permitirá realizar las campañas tradicionales, que incluye la movilización de candidatos y militantes a lo largo y ancho del país.
En el oficialismo imaginan una campaña eminentemente telemática, con especial impacto de los medios electrónicos de comunicación. En ese aspecto, en el encuentro se planteó la necesidad de que el Estado garantice que los partidos publiciten de manera gratuita en todos los formatos -televisión, radio, internet y vía pública-, de modo que las propuestas de los espacios políticos lleguen a la población. La intención es pluralizar y equilibrar la presencia de los candidatos en internet como ocurre actualmente con la radio y la TeVe.