Ya es sabido que la estrategia comunicacional del gobierno es mentir. Y que, en esa estrategia, la clave discursiva es apelar a la manipulación, la desinformación y la construcción de mitos, como hace tiempo denunció el gran semiólogo francés Roland Barthes. ¿Qué es un mito? Un mito es el discurso que naturaliza una visión interesada como si fuera universal. En esa lógica, comenzó hace algunos meses, previos al tratamiento de la ley que pretende declarar a la educación como un servicio esencial, una campaña para deslegitimar el funcionamiento de las escuelas. Informes contabilizando días de paros, títulos catástrofes en los medios de comunicación y redes sociales que hablan de escuelas cerradas, demonización de los dirigentes gremiales, calificaciones que exageran los resultados de las evaluaciones de rendimiento sin contextos. La última de esas generalizaciones la protagonizó la diputada Lilia Lemoine, que, con la honestidad e ignorancia que la caracteriza, se preguntó “para qué queríamos tener universidades si los niños y jóvenes que salen de la escuela no saben leer y escribir”. Tiempo atrás el presidente Milei había denunciado adoctrinamiento en las escuelas, a lo que ahora se suman supuestos informes de pérdida de días de clase por los conflictos salariales.
Lo primero que hay que dejar claro es que detrás del señalamiento de la importancia de la educación con la idea de declararla “esencial” se esconde la intención de reducir el margen de maniobra de los docentes en la búsqueda de mejoras salariales. Como ya señaló, Alejandro Morduchowicz, uno de los referentes en el campo de la estadística educativa, si los docentes hubieran aceptado las ofertas salariales de los gobiernos de los últimos años sus ingresos habrían perdido un 60% de su poder adquisitivo. Por otro lado, en Argentina, la educación es un derecho consagrado desde la sanción de la Ley 1420, con Sarmiento, allá por finales del siglo XIX. En el caso de convertirlo en servicio, el Estado deja de ser el garante, como establece la Ley Nacional de Educación sancionada en 2006, de brindarlo. Como todo servicio, estaremos a un paso de que sea sólo un negocio.
Por otro lado, también es clave desmitificar la cuestión de la presencialidad. Según el último informe del Observatorio de Calidad Educativa elaborado para la Provincia de Buenos Aires, una parte de los días en que se vio afectada la presencialidad escolar durante el 2024 fue por tormentas y situaciones climáticas. Inundaciones en AMBA, Centro y Sudeste del 12, 13, 14 y 20 de marzo; las medidas de fuerza por conflicto salariales impactaron los días 4 de marzo, 4 de abril, 9 y 23 de mayo. Esas medidas de fuerza se originaron en la pérdida de ingresos motivada por el desfinanciamiento del FONID por parte del gobierno nacional. Es decir, la pérdida de días de clase es denunciada por quienes las provocan. A estos hay que sumar el paro nacional de trabajadores del 9 de mayo y la marcha y movilización por 8 M. Es decir, 6 días en total. Sin embargo, el acatamiento de las medidas de fuerza es individual y depende en gran parte de cada escuela. Si observamos el gráfico siguiente, veremos con detalle la afectación de la presencialidad.
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Otro de los subterfugios que se pretenden instalar es la idea de que durante los conflictos docentes las escuelas están cerradas. En la Provincia de Buenos Aires, las responsabilidades de los directores de escuela en caso de paros docentes están definidas en la normativa relacionada con la organización escolar y la gestión administrativa. Hay dos que definen esas responsabilidades: la Resolución 3367/05 que establece que los directores deben garantizar el funcionamiento mínimo de la escuela durante los paros, asegurando que la institución permanezca abierta y que se realicen las actividades previstas en la medida de lo posible, incluso si el personal docente adhiere a la huelga. También deben informar a las autoridades educativas sobre la adhesión al paro y las actividades desarrolladas durante la jornada; la Resolución 142/15 que refuerza las responsabilidades de los directores en la supervisión del personal y en la organización de las actividades escolares, incluso en situaciones de conflicto laboral. Así la función de los equipos directivos en el marco de paros o de otras situaciones que puedan afectar la presencialidad escolar es clave. De hecho, la información que estamos compartiendo surge de esas funciones, y es finalmente la que permite hacer este seguimiento como cualquier otro en el que están involucrados los sujetos de la enseñanza. En ese sentido es clave entender que la educación en Provincia de Buenos Aires es un sistema complejo, en el que intervienen más de 700.000 actores entre docentes, equipos directivos y auxiliares, e involucran a cerca de 5.000.000 de alumnos. Los resultados de este monitoreo muestran que desde el inicio de clases el 1° de marzo hasta el 30 de junio, se realizaron el 94,5% de las clases presenciales previstas (definiendo “clase” como un día hábil para una sección o grupo), mientras que no pudieron realizarse el 5,5%.
Una última cuestión a desbrozar en esta maraña de datos falsos y manipulación informativa es de qué manera enfrentar derechos que en apariencia se contraponen. Por un lado, el derecho a huelga que consagra nuestra Constitución y, por el otro, el derecho a una educación de calidad. Como sabemos, a los efectos de enfrentar esta pérdida de ingresos, los docentes recurren a sus gremios. Las herramientas en esta lucha han sido históricamente las movilizaciones, las carpas en lugares de gran visibilidad (la Carpa Blanca en el Congreso de la Nación durante el menemismo duró 1.003 días) o finalmente los paros. La mayor cantidad de días de paro en los últimos años los tuvo el gobierno de Daniel Scioli con 20 días en 2014, seguido por María Eugenia Vidal con 17 en 2017. Recordemos que en todos estos casos los paros terminaron cuando los respectivos gobiernos ofrecieron pautas salariales acordes a la inflación de ese año. Es decir, los gremios siempre piden al menos no perder ingresos.
En este sentido es clave reconocer la presente estrategia del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que desde el inicio de la gestión Kicillof optó por priorizar una buena relación con el sector, especialmente enfocada en dos ejes: la inversión en infraestructura escolar y la cuestión salarial. El cuadro que presentamos a continuación refleja el compromiso de la gestión educativa provincial de mantener el poder adquisitivo de los docentes en el marco de unas políticas nacionales de ajuste sobre el sector público.
Por supuesto la cuestión de la presencialidad escolar comienza a ser un dato relevante en el campo de los estudios sobre calidad educativa. Hay dos indicadores que preocupan en general. Por un lado, la perdida de días de clase por ausencias docentes o cobertura de vacantes; por el otro, el ausentismo de los alumnos. En los dos, se cruza en una variable significativa que es la pérdida de relevancia de la escuela como estrategia de ascenso social. ¿Qué pasará entonces en caso de que se sancione la ley de esencialidad educativa? Nada en lo que respecta a la calidad educativa. Porque como lo demuestran las experiencias exitosas en los países desarrollados la calidad educativa está atada a la mejora de los ingresos de las familias, a la de los trabajadores de la educación y a la inversión en tecnología e infraestructura escolar. Nada más lejos de lo que piensan Lilia Lemoine y Javier Milei.
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